No existe la guerra inevitable. Libia es un país caracterizado por el tribalismo y por sus grandes yacimientos petrolíferos. El control por los recursos ha este conflicto en una guerra abierta de intereses por ver quien se hace con el control del tan apreciado oro negro. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no ha querido dejar sus ambiciones fuera de este juego, por lo que el pasado 6 de enero, inició oficialmente su intervención en la nación norteafricana, con el objetivo de sostener al gobierno reconocido por la ONU en Trípoli.
Sin embargo, las dinámicas del juego han ido cambiando en los últimos meses y Ankara ha decidido apostar por el envío de mercenarios sirios y de otras nacionalidades para engrosar las filas del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). El portavoz del Ejército Nacional Libio, Ahmed Al-Mismari ha anunciado este jueves que Turquía está transfiriendo con el apoyo de Qatar mercenarios procedentes del Cuerno de África a Libia. En su último discurso ha afirmado que la nación euroasiática continúa enviando mercenarios procedentes de distintas nacionalidades a Libia, y ha indicado que “el país norteafricano no será su última parada”, sino que, según ha señalado, “serán trasladados más tarde a Europa y otros países de la región”.
Ankara ha jugado un papel fundamental en el conflicto que sufre la nación norteafricana a raíz del acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre Turquía y el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), con sede en Trípoli y liderado por Fayez Sarraj. En el marco de este acuerdo de seguridad y cooperación económica, Turquía ha aumentado su presencia en Libia, con el envío de cientos de mercenarios y decenas de cargamentos de material militar, con el objetivo de ejercer más influencia en el Mediterráneo Oriental y tener acceso directo a los yacimientos petrolíferos del país. Sin embargo, este documento ha sido duramente criticado por algunos países de la región, quienes ven este acuerdo como una amenaza a su estabilidad.
Libia es víctima de una guerra que enfrenta al Ejército Nacional Libio (LNA), liderado por el general Jalifa Haftar, y respaldado por Jordania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Rusia y Francia; mientras que el Gobierno de Trípoli, respaldado por los Hermanos Musulmanes y reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, recibe ayuda militar de Turquía y Qatar. En este complejo escenario, el periódico ruso Nezavisimaya Gazeta ha publicado un artículo en el que indica el deseo del presidente turco de enviar el sistema S-400 a Libia y Siria. Según este medio de comunicación, Erdogan pospuso el envío de este sistema ruso para “evitar las sanciones que Estados Unidos amenaza con imponer a Ankara”.
En esta espiral de inestabilidad viven los miles y miles de civiles que cada día sueñan con alcanzar la paz. El destino de al menos 35 pescadores egipcios está en juego después de que hayan sido supuestamente arrestados por el Gobierno de Acuerdo Nacional el 2 de noviembre de 2019, según ha denunciado el periódico Arab News. Las familias de estos pescadores han pedido al Gobierno de Egipto que “redoble sus esfuerzos para asegurar su libertad”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por este digital que desconoce el paradero de estas personas. El líder del sindicato de pescadores de Kafr El-Sheikh, Ahmed Nassar, ha explicado a este periódico que no habían podido comunicarse con los pescadores desde noviembre pasado y ha criticado que “el GNA arreste a pescadores sin una acusación clara que justifique su detención”.
La comunidad internacional se ha volcado con la nación norteafricana y ha pedido en reiteradas ocasiones la reanudación de las conversaciones para alcanzar la paz. La última de ellas ha tenido lugar entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y su homólogo saudí, Faisal bin Farhan al-Saud, quienes han incidido en la importancia de acordar un alto el fuego en este país y reanudar el diálogo integral intra-libio, en el marco de los mecanismos establecidos por las decisiones de la Conferencia de Berlín y aprobados por la Resolución 2510 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las conversaciones dentro del polvorín libio también se están sucediendo. El Parlamento del este de Libia ha anunciado este martes un debate sobre una “iniciativa política integral” para poner fin al conflicto que sufre el país desde hace nueve años. El portavoz de la institución, Asaad al Shirta, ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es acabar con el derramamiento de sangre y alcanzar la reconciliación nacional “teniendo en cuenta la impunidad por los crímenes cometidos contra los libios”.
Este conflicto ha tenido un impacto directo en la sociedad civil, dado que la guerra ha reducido a menos de 100,000 barriles diarios la producción de crudo frente a los 1,8 millones que extraía durante la era de Gadafi, poniendo en jaque a la economía de cientos de familias. A esta situación hay que sumar la aparición de un patógeno que ha tenido la capacidad de cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. El coronavirus ha llegado a una nación ya devastada por la guerra. Según el Centro Nacional para el Control de Enfermedades, el número de muertes registradas supera los 120, mientras que el de los hospitalizados asciende a 731. La cifra de contagios directos por la COVID-19 alcanzó el pasado 10 de agosto un nuevo récord, después de que las autoridades locales confirmaran 309 casos.
