La ausencia de calidad democrática en Venezuela es la piedra angular de la profunda crisis que atraviesa el país desde hace décadas. La situación que vive la población venezolana tiene diversas causas, siendo algunas de las más importantes la corrupción – particularmente la impunidad que tiene esta en Venezuela –, y la vulneración de derechos humanos. Son estos los dos temas principales que se han abordado en la inauguración del Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela, organizado por Transparencia Venezuela y llevado a cabo en Madrid.
Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, ha sido la encargada de presentar el evento. Y lo ha hecho de forma clara y contundente, afirmando que “en Venezuela hay impunidad para los casos de corrupción”. El país, que vive un contexto de “emergencia humanitaria compleja”, según Naciones Unidas, mira con preocupación la desestructuración de su país, agravada por una corrupción que encuentra refugio en países a los que se demanda mayor eficacia en sus métodos de lucha contra esta lacra. De hecho, es que “a la impunidad en Venezuela, se une la impunidad de fuera”, aseguraba de Freitas, haciendo alusión a la preocupación que existe en su país ante esa pasividad de muchos países para ayudar a esclarecer casos de corrupción venezolanos.
El encuentro se abría con una mesa bajo el nombre de “La defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción: ¿Contradictorios o complementarios?”, moderado por Katya Salazar directora de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). Esta mesa, que contó con la participación de María José Veramendi abogada de Human Rights and Anti-Corruption Officer en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra, y Feliciano Reyna, arquitecto de Acción Solidaria, se ha centrado en la ausencia de información, uno de los principales problemas en el esquema de corrupción, y las víctimas que la sufren que, como ha explicado Veramendi, en muchas ocasiones son olvidadas.
Una de las claves abordadas es el hecho de que la corrupción es “un delito con víctimas directas”, aunque en numerosas ocasiones se trate de forma abstracta. Por eso, uno de los objetivos es “garantizar que las políticas anticorrupción estén enfocadas en los derechos humanos y las víctimas involucradas”. No obstante, hay numerosas barreras que dificultan las labores de esclarecimiento de los casos: “La dificultad de acceso a la información pública compone un ataque a los derechos humanos”, argumentaba Feliciano Reyna, a lo que añadía que se trata de una especie de círculo en el que “la impunidad perpetúa actos de corrupción”.
Ya en la segunda ponencia, titulada “La justicia al servicio de la impunidad. Cuando la corrupción viola los derechos humanos”, se abordaron algunas de las acciones directas que llevan a cabo las instituciones para impedir la transparencia en los procesos judiciales. En esta ocasión, la moderación ha corrido a cargo de Mildred Rojas, de Transparencia Venezuela, quien ha explicado que “en Venezuela, en los casos de narcotráfico, los jueces y fiscales reciben indicaciones directas por parte de las facciones políticas”. Este es uno de los problemas fundamentales, y lo es, sobre todo, por la complicidad existente entre las autoridades políticas y judiciales, cuyo entramado es difícil de tumbar debido a la opacidad en los procesos y la ausencia de información.
Jimena Reyes de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Marcos Gómez de Amnistía Internacional Venezuela, y Francisco Cox de Misión Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, completaron la segunda mesa de diálogo. Uno de los mensajes lanzados en esta fue que “existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, hecho comprobado tras un profundo estudio de la situación del país, según ha analizado Francisco Cox. El mismo que ha comentado que, a lo largo de este trabajo, encontraron evidencias que prueban que “muchos fiscales y jueces dicen que es fácil averiguar los resultados en función del poder económico y político de las partes involucradas”.
Otro de los puntos analizados ha sido la relación entre los bajos sueldos de los funcionarios judiciales y la corrupción. Según Cox, la baja remuneración de los jueces tiene relación con la corrupción, “genera incentivos para aceptar sobornos y corrompe el sistema”. Así, son muchos los pilares que sustentan el entramado de la corrupción en el país, ahondando en la crisis que atraviesa Venezuela y condenando a un sistema en el que se hace imposible confiar actualmente. Y es para intentar revertir esa situación por la que desde Transparencia Venezuela se trabaja para limpiar la organización venezolana y proteger los derechos humanos de la sociedad que en la actualidad son sistemáticamente vulnerados.
Coordinador de América: José Antonio Sierra
