El Gobierno francés llevó ayer a cabo la disolución del denominado Colectivo Contra la Islamofobia en Francia (CCIF), una organización que, según apuntan fuentes del Gobierno, se dedica desde hace años a propagar un discurso islamista y anti republicano. Esta organización se incluía junto a otro medio centenar, en una lista de los grupos que el Ejecutivo francés se dispone a examinar para combatir la desestabilización y la propaganda islamista. Esta decisión se tomó a raíz de la muerte del profesor Samuel Paty, un asesinato que conmocionó a Francia y que atacó uno de sus pilares fundamentales: el de la educación.
La confirmación de la disolución aprobada ayer no tendrá sin embargo validez, pues ya el pasado viernes la propia CCIF anunció su disolución voluntaria y la transferencia de todos sus activos a otras asociaciones colaboradoras. El Gobierno de Francia se muestra así dispuesto a combatir el proselitismo islamista y ese estado dentro del Estado que se ha ido construyendo en el seno del país galo.
Esta no es, sin embargo, la última noticia al respecto de esta lucha que mantiene Macron. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha anunciado en los micrófonos de la radio pública francesa, RFI, que los servicios de inteligencia franceses tienen en el punto de mira 76 lugares de culto desde donde se podría estar difundiendo mensajes contra la República francesa.
Estos lugares de culto serán sometidos a investigación tras la reunión del ministro del Interior con los prefectos y, en caso de encontrar signos de radicalización, serán clausurados. Darmanin advierte de que la cifra es un porcentaje muy pequeño de los más de 2.500 lugares de culto islámico registrados, por lo que "no se puede hablar de radicalización generalizada", como buscan algunos sectores ideológicos. Pero añade que en algunos casos estos se los mensajes antirrepublicanos se encuentran muy localizados, y ahí es necesario investigar.
A raíz del asesinato de Samuel Paty, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó su ofensiva contra el separatismo islamista, que a través de una nueva legislación trataría de atajar una problemática que Francia llevaba sufriendo desde hace años, pero a la que ningún otro gobierno había querido meter mano. Macron puso en el punto de mira no sólo organizaciones o lugares de culto que fomentaran mensajes radicales, sino que quiere luchar contra otros aspectos que pueden incidir en la radicalización de los más jóvenes, como pueden ser las clases a domicilio, la formación de los imames o el fin de los certificados de virginidad que algunos médicos emitían.
El impacto de todas estas medidas sólo podrá ser valorado a medio y largo plazo, aunque en muchos sectores preocupa que éstas puedan alimentar el discurso xenófobo y racista que ya está presente en algunos ámbitos de la política francesa. Macron y su gobierno tienen la difícil tarea de equilibrar, argumentar y hacer pedagogía de los objetivos que buscan con estas medidas.
