Las autoridades de Nueva Zelanda llevaban años tratando de deportar al terrorista islamista abatido este viernes por la Policía tras herir a siete personas con arma blanca en un supermercado de la ciudad de Auckland, informó este domingo la primera ministra, Jacinda Ardern.
"Ha sido un proceso frustrante. Desde 2018 los ministros han estado pidiendo consejo sobre nuestra capacidad para deportar a este individuo", dijo Ardern en un comunicado respecto al supuesto terrorista, identificado como Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen, de 32 años y originario de Sri Lanka.
El comunicado de la primera ministra detalla el historial de Samsudeen desde que llegó a Nueva Zelanda en 2011 con un visado de estudiante, y con la intención de obtener el estatus de refugiado, que consiguió dos años después.
En 2016, la Policía empezó a sospechar que alcanzó la condición de refugiado de manera fraudulenta y tras un proceso judicial le fue denegado el estatus en febrero de 2019, pero las autoridades no le pudieron deportar porque tenía que terminar su proceso penal por el que estaba en prisión.
Cuando el pasado viernes entró en el supermercado de Auckland, se hizo con un cuchillo dentro del establecimiento e hirió a siete personas (tres de ellas están en estado crítico), la Policía le seguía por sospechoso y lo abatió apenas un minuto después de que perpetrara su ataque.
El presunto terrorista "inspirado en el Estado Islámico", según la Policía, estaba esperando a que se resolviera su apelación contra la pérdida del estatus de refugiado, por lo que durante ese tiempo no podía ser deportado ni privado de libertad, a pesar de estar en la lista de sospechosos de la Policía, lo que ha suscitado críticas por una posible grieta en el sistema.
En 2017 la Policía recibió información de que el sospechoso pretendía ingresar en un grupo terrorista (no especifica cuál) y fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Malasia, tras lo cual se celebró el juicio en que le fue denegado su estatus de refugiado.
Cuando cometió el crimen, tanto él como las autoridades estaban a la espera de la resolución de su apelación, que podía confirmar su expulsión del país en las próximas semanas.
Ardern insistió en que el ataque fue obra de un individuo "no una cultura, no una religión o una etnia, sino un individuo que fue captado por una ideología que nadie apoya" en el país.
Un informe anual del servicio neozelandés de inteligencia del año pasado, citado por el New Zealand Herald, indicó que en ese año se han investigado entre 30 y 50 personas por sospechas de violencia extremistas y alertó de que los potenciales ataques serían perpetrados por lobos solitarios en Nueva Zelanda.
