El Gobierno turco lleva tiempo trabajando en lo que supondrá un capítulo más de la censura que ha caracterizado a Recep Tayyip Erdogan desde que llegó al poder. Lo que tratan de disfrazar como un ataque a la desinformación y las fake news es una nueva arma con la que contará el Ejecutivo para acallar las críticas recibidas por parte de su población. El enésimo ataque a la libertad de expresión no supone una novedad, pero sí ha provocado que los distintos medios del país, así como reconocidos periodistas turcos salgan a denunciar esta medida y a pedir explicaciones sobre los detalles que entraña esta nueva ley.
Aún se desconocen las especificaciones de una ley que convertirá la desinformación en delito e incluye penas de hasta cinco años por la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales. Además, el borrador contempla la creación de un nuevo organismo similar al Consejo Supremo de Radio y Televisión, quien se encarga de regular los medios de comunicación en Turquía. “Combatir la desinformación es tan importante como combatir el terrorismo” es lo que decía en el mes de julio el vicepresidente del partido de Erdogan, Justicia y Desarrollo, Mahir Unal. El propio presidente Erdogan asegura que “Turquía es incomparablemente libre”.
La realidad es que, lejos de querer combatir las noticias falsas o la desinformación, el objetivo del Gobierno será el mismo que siempre ha imperado en el país, combatir las críticas de la población. Y es algo que tienen muy claro en la Asociación de Periodistas de Turquía. El presidente, Turgay Olcayto, dice que todo el que critica al Ejecutivo o cualquiera de sus decisiones es visto como “un enemigo”. Olcayto se pronunció acerca de la ley en una conferencia de prensa de la Asociación de Periodistas junto con otros cuatro sindicatos de medios y grupos de derechos, realizada para mostrar su oposición a la nueva medida.
La calificación de “no libre” otorgada por Freedom House a través del informe Freedom on the Net, con una puntuación de 34 sobre 100, tiene una clara justificación. Hace tan sólo un año, Turquía ya aplicó las primeras regulaciones a las redes sociales y su contenido, obligando a que cada uno de los sitios tuviese, como mínimo, un representante turco. En apenas un mes, el Gobierno de Erdogan aplicó sanciones a YouTube, Twitter o Facebook por una cantidad que rondaría los 10 millones de liras – algo menos de 1 millón de euros – según publicó Reuters.
A pesar de los precedentes existentes en Turquía, Turgay Olcayto dice confiar en que la nueva ley no llegue a aprobarse en el congreso. No obstante, asegura que, en el caso de que se lleve a cabo, “seguirán luchando”. Otro de los representantes más importantes del periodismo en el país, Uğur Güç, representante en Estambul de la Asociación de Periodistas Progresistas, ha afirmado que “los medios de comunicación han estado bajo presión durante mucho tiempo, y el 90% de ellos ha estado bajo el control del gobierno”, lo que ha dificultado en gran medida la labor de denuncia que ha intentado llevar a cabo el resto del sector periodístico fuera del control gubernamental.
Güç cree que las redes sociales habían hecho una gran labor de democratización de la información y de la opinión, pero las medidas que ha ido tomando el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan han acabado con gran parte de ello. Añade que “en el último año, al menos 30.000 personas fueron investigadas y 5.000 fueron condenadas. Estamos hablando de cifras enormes”, en referencia a la censura que vive su país. Es más, él mismo ha sufrido la persecución del Gobierno siendo objeto de investigación en 2019 por insultar a ciertas instituciones, aunque acabó siendo absuelto un año más tarde.
