Eloísa Cózar Navarrete
Pie de foto: Omar al-Bashir,presidente de Sudán. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Omar Al Bashir, presidente de la República del Sudán, ha emitido este miércoles un decreto en el que anuncia la formación de un nuevo Gobierno y designa a 15 ministros nuevos, tal y como anuncia la agencia estatal de noticias SUNA. Un lavado de cara que ha estado impulsado por las protestas populares antigubernamentales que comenzaron en diciembre de 2018 en las ciudades de Atbará y Port Sudán y que pronto se extendieron a lo largo de todo el país, clamando la dimisión del presidente sudanés.
El gabinete del recién nombrado primer ministro, Mohamed Tahir Aila, contará con un total de 21 ministros y 18 ministros de Estado. Aunque no se contemplan cambios en muchas de las carteras ministeriales, sí los habrá en tres de los departamentos más criticados en las manifestaciones, el de Interior, el de Economías y Finanzas y el de Trabajo y Reformas Administrativas, que estarán dirigidos por Bushara Gumaa Aro, Magdi Hassan Yassi y Bahar Idris Abú Garda, respectivamente.
A pesar del anuncio de Al Bashir, las reformas han sido consideradas como insuficientes por la opinión pública. Las protestas de las fuerzas opositoras continúan tan solo un día más tarde del anuncio del nuevo gobierno y las movilizaciones sociales exigen la dimisión del presidente, quien, hasta ahora, únicamente ha optado por distanciarse del Partido gubernamental, el Partido Nacional del Congreso, delegando competencias en el vicepresidente de la formación, Ahmed Harun, a principios del mes de marzo.
De las protestas populares al estado de emergencia
Han pasado ya tres meses desde que comenzaron las olas de manifestaciones populares que exigían la dimisión del presidente Al Bashir. Enarbolando el eslogan revolucionario “simplemente cae”, el 19 de diciembre de 2018 miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades sudanesas, exigiendo el cambio a un gobierno de tecnócratas que convocaran elecciones y trajera consigo nuevos aires de cambio social. Unas manifestaciones con un fin semejante a las impulsadas por la primavera árabe, cuando igualmente las movilizaciones demandaban la dimisión del presidente Al Bashir.
Económicamente, el detonante del malestar popular que se veía gestando meses atrás fue la subida drástica del precio del pan, un producto básico que triplicó su valor. Además, la independencia de Sudán del Sur en 2011 hizo perder al país tres cuartas partes de las reservas de petróleo que se encontraban en su territorio, provocando una escasez de combustible que difícilmente estaba siendo suplida. Para el mismo día del anuncio del decreto de la subida de los precios del pan, el 18 de diciembre, la inflación ya había subido más de un 70%, y las colas en los mercados por conseguir productos de primera necesidad se convirtió en una imagen más que habitual en muchas de las principales ciudades del país.
Pie de foto: Manifestantes antigubernamentales en Khartoum, Sudán. AP/Photo File
Al mismo tiempo que las reformas económicas acrecentaban a pasos agigantados el descontento popular, el Parlamento sudanés aprobaba la extensión del mandato de Al-Bashir, quien lleva 30 años en el poder tras el golpe de estado perpetrado en 1989. Un mandatario que, además, en 2008 se convirtió en el primer Jefe de Estado acusado por la Corte Penal Internacional por acometer crímenes de guerra y genocidio, por las masacres ocurridas en la región de Darfur, donde el conflicto causó más de 300.000 muertos.
Lejos de resultar pacíficas, las revueltas han sido durante estos tres meses durante reprimidas por las fuerzas del orden estatales. Tan solo cinco días después del inicio de las protestas, Amnistía Internacional situaba en 37 los manifestantes muertos y alertaba del uso de la fuerza que estaba llevando a cabo el gobierno.
El pasado 22 de febrero, ante la escalada de tensión incontrolada, Al Bashir declaró el estado de emergencia en el país por un año, anunciando a su vez la disolución del Gobierno federal y local. Apenas tres semanas más tarde, el Parlamento sudanés anunciaba la reducción de este estatus a seis meses, tal y como informaba el portal de noticias Sudan Tribune.
Un estado de emergencia ante el cual el presidente ha reaccionado prometiendo que 2019 será “el año en el que las armas serán silenciadas de forma definitiva”. Una promesa que parece difícil de cumplir en un contexto en el que las protestas continúan, las reformas en el Ejecutivo se consideran insuficientes y la comunidad internacional no se pone de acuerdo. Las intenciones resultan insuficientes si las acciones son improductivas. Es, pese a todo, ¿la hora del cambio en Sudán?
