Muchos sectores de la Administración en Argelia iniciaron protestas y huelgas recientemente; los manifestantes criticaron las medidas propuestas por el Gobierno, que limitarían el poder de los sindicatos y los obligarían a registrarse con el Estado. Los sindicatos también se oponen a un proyecto de ley que restringiría el derecho a la huelga, al establecer nuevas condiciones.
Los sectores que respondieron a la convocatoria incluyen a los trabajadores de la salud, servicios de transporte, trabajadores de la educación y administrativos, trabajadores de la construcción, trabajadores de la industria y funcionarios estatales. Muchas empresas privadas también se unieron a la protesta. Los manifestantes se pronunciaron en las calles, en los edificios gubernamentales y en los sindicatos independientes, exigiendo al Gobierno que retire el proyecto de ley y permita el derecho a la huelga. Los manifestantes también exigían mejoras en el salario mínimo, el seguro de desempleo y la protección de los trabajadores.
Esta falta de acción por parte del General Sindicato de Trabajadores Argelinos ha sido criticada por otros sindicatos del país. Muchos han señalado que el sindicato no ha estado a la altura de la situación y ha permitido que el proyecto se apruebe sin la contribución de la clase obrera. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad del sindicato como defensor de los intereses de los trabajadores y su compromiso con los ideales de la clase obrera.
En los informes locales indicaron que “más de 30 sindicatos independientes que representan a trabajadores de la educación, la salud, correos, solidaridad y administración, imanes y trabajadores de asuntos religiosos iniciaron una huelga el martes para denunciar lo que describe como una amenaza a las libertades sindicales y para presionar que el gobierno retire el proyecto por completo”.
El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, expresó, en declaraciones recientes, su “respeto por la constitucionalidad de las huelgas y protestas”, pero a su vez reconoció su descontento por el desorden de las organizaciones sindicales.
El titular del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública, Elias Murabit, también destacó la necesidad de un diálogo entre el Gobierno y los sindicatos para lograr un acuerdo que satisfaga a todas las partes, y afirmó que “los sindicatos independientes y otros sindicatos afiliados al Gobierno deben ser escuchados y su opinión debe contarse para lograr un consenso”.
Además, el titular del sindicato pidió al Gobierno que “resuelva de manera urgente el conflicto, para que los servicios públicos y el sector de la salud no sufran mayores daños. Los sindicatos están dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo justo para todos”.
También se incluyeron medidas para mejorar la protección de los trabajadores frente a los despidos, el cierre de empresas y los cambios de contrato, como el derecho a una indemnización por despido incontestable, el derecho a una indemnización por cierre de empresa, la prohibición de cambiar unilateralmente el contrato de los trabajadores y la necesidad de informar a los trabajadores acerca de la situación de la empresa en la que trabajan.
Las leyes contra el trabajo sindical en Argelia han contribuido significativamente a las protestas sociales en el país. Esto se debe a que esta legislación limita la capacidad de los trabajadores para organizarse en sindicatos y luchar por mejoras salariales y condiciones laborales. Estas restricciones han desalentado a los trabajadores y a la sociedad civil, y han empujado a muchos a unirse al movimiento del Hirak protestando contra el Gobierno. El movimiento del Hirak comenzó en febrero de 2019 como una respuesta a las leyes que limitan la libertad sindical y otros derechos laborales. Los manifestantes han exigido la derogación de estas leyes, así como la liberación de los presos políticos y la reducción de la corrupción. Las leyes contra el trabajo sindical han dificultado la formación de sindicatos en el país, limitando la capacidad de los trabajadores para negociar mejores salarios, condiciones de trabajo y otros beneficios. A medida que el movimiento del Hirak gana impulso, el Gobierno argelino ha hecho cambios limitados en su legislación para mejorar las condiciones laborales y la libertad sindical.
Para los observadores, la última iniciativa política es una señal de que el Ejecutivo está tomando medidas para reducir el espacio para la oposición y fortalecer su control sobre la vida política. Muchos creen que el Gobierno está intentando controlar la sociedad por la fuerza y silenciar la crítica, lo que podría tener graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos en Argelia. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas acciones y ha llamado al Gobierno argelino a que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. El Gobierno argelino debe asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica sin temor a ser reprimidos. Si no lo hace, se enfrentaría a una mayor desconfianza y críticas de la comunidad internacional.
