La inacción de Islamabad en la protección de la comunidad podría afectar a sus relaciones comerciales con la Unión Europea

Se recrudece la persecución contra la minoría ahmadía en Pakistán

photo_camera REUTERS/NASEER CHAUDARY - El primer ministro de Pakistán, Imran Khan

Imran Khan llegó al poder en 2018 aupado por la ola populista para acabar con la dinámica de bloques que había regido Pakistán durante las últimas décadas. Con un perfil independiente y un pasado marcado por una ilustre carrera como jugador de críquet, su apariencia occidental hizo creer al resto del mundo que la nación asiática se encaminaría hacia el aperturismo político. Nada más lejos de la realidad. Pakistán es hoy un país más intolerante y represivo con sus minorías que en épocas previas, en concreto con la comunidad ahmadía. Una situación que pone en peligro sus vínculos comerciales, entre otros, con la Unión Europea.

Kamran Ahmed, un ciudadano pakistaní de confesión ahmadí, ha sido asesinado esta semana en Peshawar. Víctima de un tiroteo, el hombre de 40 años es la quinta persona que muere en la ciudad en los últimos dos años por su fe. Un caso más que pone de relieve la persecución que experimenta la comunidad en Pakistán. Junto a la minoría cristiana, los ahmadíes están marginados de la vida pública y perseguidos en su intimidad. Situación de la que organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional se han hecho eco.

Desde mediados de 2020 se han producido en Pakistán al menos cinco asesinatos de miembros de la comunidad ahmadía. De los cuales tres ni siquiera han sido resueltos por las autoridades y en dos tan sólo se detuvieron a sospechosos. “Las autoridades paquistaníes llevan mucho tiempo restando importancia, y a veces incluso fomentando, la violencia contra los ahmadíes, cuyos derechos a la libertad de religión y de creencias no se respetan en la legislación pakistaní”, sostienen las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos.

Originada a finales del siglo XIX en la India por el profeta Mirza Ghulam Ahmad, la secta ahmadía es reconocida como una rama del islam y se declara a sí misma como tal. Una suerte de tercera vía entre el chiismo y el sunismo de orientación reformista. Condiciones que la exponen ante los fundamentalistas islámicos, que consideran a la comunidad como hereje o apóstata. En este contexto, el Estado pakistaní, sostenido por instituciones de marcado carácter islamista, representa una amenaza para los intereses de la minoría.

Cachemira

En 1985, bajo la dictadura militar de Muhammad Zia-ul-Haq, Pakistán arrasó con el sufragio universal e impuso una división en el censo entre ciudadanos musulmanes y no musulmanes. Desde entonces, los ahmadíes tienen vetado el acceso al voto. En caso de registrarse para votar, estos deben renunciar a su fe. O, de lo contrario, permitir ser incluidos en una lista electoral separada y aceptar su condición de “no musulmanes”. Unos requisitos inasumibles para los ahmadíes, que consideran sagrada su autoidentificación como musulmanes.

Los cuatro millones de ahmadíes en Pakistán, con una población total de 221 millones de personas, tienen complicaciones incluso para obtener los documentos de identidad. La ley sostiene que cada ciudadano debe revelar su confesión religiosa para obtener el pasaporte y, en caso de autodenominarse musulmán, debe firmar después una declaración en la que se denomina al fundador de la rama ahmadí, Mirza Ghulam Ahmad, como un impostor. De la misma forma que con el voto, deben renunciar a su fe.

El primer ministro, Imran Khan, ha excluido a los ahmadíes de los cargos de responsabilidad del Ejecutivo durante su mandato. Las presiones procedentes desde las altas instancias del Estado, principalmente del Ejército y del servicio de inteligencia (ISI), tumbaron el nombramiento del economista ahmadí por la Universidad de Princeton, Atif Mian, como asesor del jefe de Gobierno.

Pero los derechos políticos de los ahmadíes no son los únicos cercenados en Pakistán. El terreno más perseguido por Islamabad es, sin duda, el religioso, donde rige entre otras la ley de blasfemia, incluida en el artículo 295-C del Código Penal. Esta legislación prescribe pena de muerte obligatoria para todo aquel que profane el nombre del profeta Mahoma. Por lo que la creencia ahmadía estaría expuesta a la pena capital. En mayo de 2020, el Gobierno pakistaní excluyó a la comunidad de ser catalogada como una minoría, por lo que no pudieron recibir protección de la comisión dedicada a salvaguardar sus derechos.

Luis Garicano

Los ahmadíes tienen prohibido “hacerse pasar por musulmanes”, declarar o propagar su fe, hacer llamado a la oración o construir mezquitas. La persecución llega hasta tal punto que se producen en el país conversiones forzadas de menores de edad pertenecientes a minorías religiosas. Aunque las creencias más lastradas en este aspecto sean los cristianos e hindúes, los ahmadíes también las sufren. Unos hechos cada vez más difíciles de denunciar dada la cruzada contra la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Posibles represalias de Europa

El eurodiputado Luis Garicano, perteneciente a Ciudadanos y miembro del grupo Renew Europe, viajó la semana pasada a Pakistán, donde fue testigo de la persecución a la que están sometidas las minoráis religiosas. Una visita que catalogó de “fascinante” en la que mantuvo una batería de encuentros con el Asesor Comercial Superior, los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y Justicia, el fiscal general, el presidente del Parlamento. Y donde también conoció a los líderes de la oposición, periodistas y miembros de la sociedad civil.

Pero fueron sus reuniones con los representantes de las comunidades minoritarias las que modificaron la percepción del economista. A juicio de Garicano, los Veintisiete deberían replantearse las relaciones económicas con el país asiático. “Europa tiene aranceles comerciales nulos para muchos productos pakistaníes (SPG+) a cambio de aplicar 27 convenios sobre derechos humanos. Pakistán exporta el 31% de todas sus exportaciones a la UE. El estatus expira en diciembre de 2023 y ahora está pendiente de revisión”, trasladó a través de Twitter.

“La delegación europea quería asegurarse de que la parte de los derechos humanos del acuerdo avanza. Sólo si se respetan los derechos humanos, Pakistán podrá prosperar, derrotar al extremismo y alcanzar el nivel de progreso que merece”, añadió. “Lo peor de todo es que no hay avances en estas cuestiones. De hecho, las cosas están retrocediendo en términos de libertad periodística. Nuestro mensaje fue claro: Pakistán no debe dar por sentado su estatus comercial privilegiado. La UE ha hecho su parte, Pakistán debe cumplir la suya”, sentenció Garicano.
 

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