Henar Hernández
Pie de foto: Manifestantes sudaneses recitan consignas y agitan su bandera nacional durante una protesta que exige al presidente sudanés, Omar Al-Bashir, que dimita. REUTERS/STRINGER
Esta madrugada, las Fuerzas gubernamentales leales al presidente sudanés Omar al-Bashir, han cargado – con gases lacrimógenos, balas de goma y fuego real – contra los miles de personas que se congregan frente al cuartel de las Fuerzas Armadas en la capital, Jartum, desde el pasado sábado, fecha en la que se conmemoraba el aniversario de la revolución del 6 de abril de 1985, por la que se produjo un Golpe de Estado que acabó con el mandato islamista de Numeiri (1971-1985) y propició un periodo democrático de 4 años. Aunque no existe un balance oficial de víctimas, se cree que, al menos, dos manifestantes han muerto y decenas han resultado heridos, cifras que se sumarían a las 7 víctimas mortales ya registradas por el Ministerio del Interior durante las protestas en Jartum de este fin de semana.
El Gobierno de al-Bashir ha calificado las manifestaciones como “ilegales”, lo que ya ha sido rechazado por Naciones Unidas, cuyo secretario general, Antonio Guterres, ha pedido al Ejecutivo que respete los derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y que se lleve a cabo la liberación de las personas detenidas durante las protestas.
Pie de foto: Manifestantes sudaneses en una protesta que exige al presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, que dimita ante el ministerio de defensa en Jartum, Sudán, el 8 de abril de 2019. REUTERS/STRINGER
Los manifestantes, que claman contra la administración de al-Bashir y exigen su salida del poder tras 30 años ininterrumpidos de mandato, han sido defendidos por el propio Ejército sudanés, cuyos militares han llegado incluso a abrir las puertas de la comandancia para proteger a las personas que participaban en la sentada multitudinaria. Del mismo modo, los principales partidos políticos opositores, como Al-Umma (‘La Nación’) o Conferencia Sudanesa, se han sumado a las reivindicaciones y han solicitado al Ejército, en un manifiesto leído por uno de sus líderes, Omar al-Daquir, su apoyo a “la revolución popular” y el abandono al “régimen gobernante”, así como que facilite una “transición a un Gobierno civil democrático”. Los partidos opositores ya acordaron, en enero de este año, una hoja de ruta para establecer “un Gobierno de transición nacional para administrar Sudán hasta la celebración de elecciones imparciales y libres”.
El mandato de al-Bashir
El mandato de al-Bashir, en el poder desde 1989, ha estado caracterizado por dos factores: por un lado, la independencia de Sudán del Sur en 2011, con el apoyo del 99% de la población local manifestado en el referéndum y que, sin embargo, ha dejado al recién creado país al borde de la guerra civil por la corrupción generalizada, la pobreza, la desigualdad, la polarización étnica y las ambiciones políticas y económicas. Asimismo, está considerado como el país más pobre del mundo de un total de 196 naciones registradas.
Pie de foto: Un manifestante sudanés durante una protesta que exige al presidente sudanés, Omar Al-Bashir, que dimita. Jartum, Sudán, 8 de abril de 2019. REUTERS/STRINGER
Por otro lado, el conflicto armado en Darfur entre el Gobierno de Sudán y diversos grupos armados organizados, como el Movimiento y Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad. En el marco de este enfrentamiento y, en concreto, entre 2003 y 2008, las Fuerzas gubernamentales – entre las que se incluyen las milicias de las Fuerzas Policiales de Sudán, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) y la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC) – cometieron, presuntamente y según la Corte Penal Internacional (CPI), crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra la población civil de Darfur, llevando a cabo ataques indiscriminados, generalizados y sistemáticos y otro tipo de delitos como saqueos, asesinatos – Naciones Unidas ha contabilizado 300.000 muertes – ,violaciones y desplazamiento forzoso de los habitantes, cifra que la ONU estima en 2 millones de personas.
Por ello, la CPI abrió un proceso judicial contra el presidente al-Bashir, considerado como el responsable de los supuestos crímenes al ostentar el cargo de presidente del Estado de Sudán y de comandante-jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas. El mecanismo procesal del tribunal internacional exige la presencia del acusado, en este caso, al-Bashir, para que pueda ser juzgado. A pesar de que se han emitido dos órdenes de detención, los Estados vecinos como la República Centroafricana, Chad o Malawi no han cooperado en su detención, puesto que alegan que el presidente posee inmunidad en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la CPI ya se ha declarado competente para juzgarle, de acuerdo con el documento fundador del tribunal, el Estatuto de Roma, que establece la responsabilidad penal de los Jefes de Estado y de Gobierno y anula sus inmunidades en los artículos 27 y 28. El próximo paso, una vez detenido y remitido a la sede de la corte en La Haya, será la celebración de una audiencia, en la que si los cargos se confirman, derivará en la apertura de juicio oral contra el presidente sudanés.
