El 6 de febrero de 2019 la historia de República Centroafricana (RCA) cambió por completo. Aquella jornada de martes el Gobierno de RCA y catorce grupos armados que operaban en la región decidieron poner fin a más de cinco años de conflicto. La firma de un acuerdo de paz entre la ministra de Defensa centroafricana, Marie-Noëlle Koyara, y varios representantes de los grupos rebeldes, en la capital de Sudán, fue el culmen a más de dos semanas de conversaciones entre ambas partes y a seis años de conflicto.
Este acuerdo de paz -que se logró gracias a la mediación de la UA, la ONU y la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)- fue visto por la población como la “última oportunidad” para salir de la crisis política y social que estaba viviendo el país desde diciembre de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes, denominada Seleka, llegó hasta la capital, Bangui, sembrando el miedo e instando al por aquel entonces presidente François Bozizé que formara un Gobierno de Unidad Nacional y respetase los Acuerdos de la Cumbre de Libreville de 2018.
República Centroafricana acabó el 2013 sumido en una espiral de tensiones e inestabilidad a la que se intentó poner fin con la convocatoria de una nueva cumbre y la firma de unos nuevos acuerdos (Libreville 2) para intentar incluir a los grupos políticos en la vida del país. Sin embargo, esta cumbre no fue suficiente, ni tampoco el acuerdo. En consecuencia, el grupo rebelde Seleka lanzó una ofensiva relámpago y tomó la capital del país, obligando a Bozizé a huir hacia Camerún. Tres días más tarde, el 31 de marzo de 2014, Michel Djotodia aprobó un decreto por el cual se creó el tan ansiado -por algunas partes- Gobierno “de unidad”.
Este levantamiento desató una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que se recrudeció con la aparición de los grupos armados de autodefensa conocidos como Antibalakas (‘antibalas de AK47’, en lengua local), unas milicias que surgieron para defenderse de los contantes ataques y saqueos de los seleka, un grupo rebelde procedente del norte y el este y de mayoría musulmana. Mientras tanto la sangre de un lado como de otro corría a raudales, en un país donde la religión mayoritaria es el cristianismo.
El acuerdo de paz firmado en febrero de 2019 prometía acabar con los asesinatos y la violencia que habían castigado al país desde 2013, por un conflicto que había provocado que más de 2,9 millones de personas, más de la mitad de ellos niños y un 63% de la población total, necesitasen asistencia humanitaria y protección durante 2019, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un año después el acuerdo -que avanza lentamente- no ha conseguido restablecer la tan ansiada paz y estabilidad en el país centroafricano. En el primer aniversario de la firma del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana, la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) y la ONU han felicitado a las dos partes por los “esfuerzos realizados” por las partes signatarias y por “los progresos alcanzados”. “El acuerdo sigue siendo el único camino viable hacia una paz duradera en la República Centroafricana”, han señalado.
Este acuerdo incluía la creación de un fondo de indemnización para las víctimas, así como el pacto para formar un Ejecutivo de Unidad Nacional con representación de los distintos grupos armados. Aun así, la implementación de muchos de los puntos de este acuerdo no ha llegado ni siquiera a ponerse en práctica. Sin embargo, la violencia continúa campando a sus anchas por el país centroafricano, a pesar de que se ha reducido considerablemente.
"Un año después la violencia contra los civiles no ha desaparecido. Varios grupos armados continúan cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos y violencia sexual", ha explicado la consejera legal de Amnistía Internacional (AI), Alice Banens, en un comunicado con motivo de este aniversario. Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado por seis meses más, hasta el 31 de julio, el embargo de armas en este país. El texto --promovido por Francia-- se aprobó con trece votos a favor y las abstenciones de Rusia y China.
Tras la firma del acuerdo de paz se ha producido un aumento de la delincuencia contra los civiles y las ONG, que han tenido que implementar sus políticas de seguridad para poder seguir trabajando en la región. A ello se han sumado las graves inundaciones que azotaron al país durante la estación de lluvias. Esta violencia podría recrudecerse con la celebración de las elecciones previstas para finales de diciembre. Mientras tanto más de seis de cada diez ciudadanos de este país necesitan ayuda humanitaria sin perder la esperanza de poder disfrutar de esa paz que parece que nunca llega.
