El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados el cambio de postura de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental casi tres meses después de que la Casa Real de Marruecos revelase el contenido de la misiva enviada por el presidente al rey Mohamed VI, donde definía la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí como la base “más seria, realista y creíble” para la resolución del contencioso.
Sánchez ha defendido su postura en la Cámara baja y ha reconocido el giro de 180º del Gobierno en la asignatura pendiente de la política exterior española, un giro que no ha contado con el respaldo del resto de grupos parlamentarios ni con la aprobación de una parte del propio Ejecutivo. El objetivo, según Sánchez, es defender los intereses de España y encontrar salidas a un conflicto que se dilata desde 1975, hace ya 47 años.
“Deseamos fervientemente esta solución y haremos todo lo posible por materializar una solución”, aseguró el presidente durante su alocución parlamentaria antes de matizar que los esfuerzos diplomáticos de España “van de la mano” con los compromisos asumidos por la Unión Europea y Naciones Unidas. Las condiciones para la resolución del diferendo deben ser aceptables para todas las partes implicadas y en el marco de la ONU, subrayó Sánchez.
El presidente comparó la nueva posición de España en el tablero del Sáhara Occidental con la adoptada con anterioridad por sus socios internacionales: “Francia apoya la propuesta de Marruecos, del mismo modo el presidente de Alemania reconoció que la propuesta marroquí es seria y creíble, como también lo reconoce Estados Unidos, o como se sumó Países Bajos a esta posición en mayo”.
Durante su comparecencia, Sánchez esgrimió los argumentos que sostienen la decisión del Gobierno de España de respaldar la propuesta del Reino alauí en el Sáhara Occidental. En primer lugar, el turbulento escenario geopolítico como resultado de la invasión rusa de Ucrania, que obliga a la comunidad internacional “a arremangarse y resolver conflictos cronificados”. En segunda instancia, la garantía de la integridad territorial de Ceuta y Melilla.
La maniobra del Gobierno de España deja “fuera de toda duda”, de acuerdo con el presidente Sánchez, la soberanía española de las ciudades autónomas. “Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo por el que, en nuestro discurso y práctica política, vamos a evitar todo aquello que ofende a la otra parte”. “No aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas porque son territorio español y europeo, internacionalmente reconocido”, sentenció el jefe del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno respondió en sede parlamentaria a petición del Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición, dos meses después de mantener una audiencia en Rabat con el monarca alauí, Mohamed VI. Aquel encuentro de apenas 30 minutos sirvió para poner fin a la crisis diplomática que rompió las relaciones bilaterales entre Marruecos y España durante 10 meses como consecuencia del ingreso ‘in pectore’ en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aquejado de COVID-19.
Sánchez ensalzó las virtudes de un viraje que ha servido para reconstruir las relaciones con Marruecos. Por de pronto, Madrid y Rabat trabajan en una hoja de ruta común esbozada en la declaración conjunta emitida al término del encuentro entre Sánchez y Mohamed VI, al que acudió acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. “Un nuevo marco de entendimiento” que ha facilitado hasta la fecha la reapertura de las fronteras y la reanudación de la Operación Paso del Estrecho, entre otros puntos.
El arco parlamentario, de izquierda a derecha, ha cargado contra Sánchez y ha cuestionado con dureza su cambio de postura. Desde el PP, la portavoz Cuca Gamarra ha exigido una vuelta a la “neutralidad activa” sobre el contencioso. Desde las formaciones independentistas han acusado al presidente de abandonar el Sáhara y de traicionar al pueblo saharaui. Pero las críticas más duras han venido desde el seno del Gobierno, desde Unidas Podemos (UP).
“Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan”, ha trasladado Sánchez, quien ha detallado con brevedad la postura del Ejecutivo en una sesión en la que se han abordado otras cuestiones en materia de política exterior como las ramificaciones de la guerra de Ucrania o la reciente sexta ronda de sanciones contra Rusia aprobada por el Consejo Europeo.
El líder socialista reivindicó el papel de España en un conflicto “que nos es tan propio, en el que estamos tan directamente implicados” y que daña las relaciones “entre dos socios como Marruecos y Argelia”. La responsabilidad de España, según Sánchez, pasa por “hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a una solución que al final será algo que tengan que acordar las partes”.
La comparecencia de Sánchez coincide con la investigación judicial abierta por el caso del espionaje con Pegasus del presidente y de varios miembros del Consejo de Ministros, entre los que se encuentran al menos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la titular de Defensa, Margarita Robles, y, con probabilidad, la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, predecesora de Albares que fue sustituida en un intento por destensar las relaciones con el Reino alauí.
Pero Sánchez ha dejado claro desde la tribuna del Congreso que el viraje sobre la cuestión del Sáhara no guarda relación con el ‘caso Pegasus’ y ni con que su terminal fuera infectada con este ‘spyware’ ante las dudas al respecto expresadas por los portavoces de los principales grupos parlamentarios.
