Egipto, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos se perfilan como posibles mediadores entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) mientras la cifra de muertos supera los 185

Sudán: la comunidad internacional redobla los esfuerzos para detener la violencia

photo_camera PHOTO/AFP - Sudaneses saludan a soldados del Ejército, leales a Al-Burhan, en la ciudad de Port Sudan, en el Mar Rojo

La situación en Sudán sigue siendo crítica. El número de fallecidos y heridos continúa aumentado mientras la comunidad internacional presiona a ambos bandos -Ejército y Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- para que cesen los ataques. Tal y como anunció a la prensa el enviado especial de Naciones Unidas a Sudán, Volker Perthes, al menos 185 personas han muerto y más de 1.800 han resultado heridas desde que estallasen los enfrentamientos el pasado sábado. No obstante, es probable que el número de víctimas sea mucho mayor, ya que, tal y como informa Reuters, hay muchos cuerpos en las calles del centro de Jartum que nadie puede recoger debido a los enfrentamientos.  

Perthes también ha reconocido sentirse “extremadamente decepcionado” por el incumplimiento de un alto el fuego acordado entre ambos bandos durante la madrugada del domingo. Esta tregua facilitó la apertura de corredores humanitarios en las principales urbes del país, aunque los enfrentamientos continuaron en otras zonas. “Perthes continúa instando a todas las partes a que respeten sus obligaciones internacionales para garantizar la protección de todos los civiles”, señaló la misión de la ONU en Sudán a través de un comunicado.

De acuerdo con Perthers, tanto el Ejército como las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) no están dando señales de “querer una mediación inmediata”. “Más bien, están pidiendo al otro bando que se rinda o se disuelva”, añade.

La comunidad internacional trata de lograr un alto el fuego permanente en el país. En este sentido, países como Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos pueden tener un papel clave perfilándose como mediadores entre las facciones enfrentadas.

Poco después del inicio de los enfrentamientos, Abu Dabi pidió “reducir la escalada y trabajar para poner fin a la crisis a través del diálogo”. Asimismo, Emiratos ha reafirmado la importancia de desescalada y su voluntad de “encontrar una solución pacífica”

Estados Unidos también fue uno de los primeros países en pronunciarse acerca de lo ocurrido. Desde Washington han seguido muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos, destacando la necesidad de restaurar la calma para el país y la región. En una de las últimas declaraciones sobre la actual crisis, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha denunciado el ataque contra un convoy diplomático estadounidense. El diplomático tildó el incidente de “imprudente” e “irresponsable” durante una rueda de prensa en Japón, donde actualmente participa en el G7. Este ataque llevó a Blinken a ponerse en contacto con los dos protagonistas de la escalada: Abdel Fattah al-Burhan, líder del Ejército, y Mohammed Hamdan Dagalo -Hemedti-, jefe de las FAR. 

Por otro lado, los ministros egipcio y saudí de Asuntos Exteriores ya han abordado la situación durante una llamada telefónica en la que destacaron “la importancia de la desescalada y la vuelta al acuerdo marco para garantizar la seguridad y estabilidad de Sudán”. El presidente Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, ha asegurado estar en “contacto constante” tanto con el Ejército como con las FAR, a los que insta a detener los enfrentamientos y retomar las negociaciones que comenzaron el pasado diciembre. 

La nación africana finalizó el 2022 con esperanzas sobre un posible acuerdo entre las autoridades militares y políticas que sentase las bases para la vuelta a la transición democrática. A principios de 2023 este diálogo político entró en su fase final, aunque las tensiones de las últimas semanas acerca de como se deben integrar las FAR en el Ejército han obstruido este proceso, provocado la crisis actual.

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Continúa la lucha de poder entre Al-Burhan y Dagalo

El sonido de disparos, aviones militares y ataques de artillería siguen siendo constantes en Jartum, una ciudad que se ha convertido en un campo de batalla para los líderes militares del país, Al-Burhan y Dagalo. Ambos continúan acusándose mutuamente de comenzar los ataques, mientras tratan de hacerse con puntos clave de la capital y de otras partes del país.

“La nueva revolución continúa logrando sus nobles objetivo. Uno de ellos es la formación de un gobierno civil que nos lleve hacia una transición democrática real”, señalaron las FAR en un comunicado, donde recuerdan que están librando una batalla para restaurar “los derechos de nuestro pueblo”, informa Reuters

Las FAR fueron creadas por el exdictador Omar Al-Bashir y están acusadas de cometer crímenes contra la humanidad durante el conflicto de Darfur, así como de asesinar y secuestrar a manifestantes en la Revolución Sudanesa que derrocó Al-Bashir. En los últimos años, las FAR habrían establecido contactos con el grupo ruso Wagner, activo en otros países del continente.

No obstante, el Ejército sudanés también ha sido acusado de crímenes contra los civiles, especialmente durante las protestas tras el golpe de Estado de 2021.

La lucha por el poder entre Al-Burhan y Dagalo militares -en el pasado aliados- intensifica la crisis que sufre Sudán desde 2021, cuando ambos generales orquestaron un levantamiento militar contra el Gobierno de transición encabezado por Abdalla Hamdok. Tras el golpe, parte de la ayuda internacional fue suspendida, lo que incidió en los civiles sudaneses, las principales víctimas entonces y ahora.

La población civil, la gran perjudicada

Desde el inicio de los combates, los hospitales de Jartum sufren escasez de suministros básicos para tratar a los heridos. Igualmente, varios centros sanitarios han sido objeto de ataques, según informa Al-Ain. El medio emiratí denuncia también las difíciles condiciones que enfrentan las mujeres sudanesas, especialmente las embarazadas

Al igual que ocurrió tras el golpe, Sudán se enfrenta al aislamiento internacional. Organizaciones humanitarias e internacionales han anunciado la suspensión de sus operaciones, como el Comité Internacional de Rescate, la ONG Save the Children -que denuncia el robo de material médico para menores- o el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tras la muerte de tres empleados en Darfur del Norte. 

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