Víctimas del terrorismo alertan de consecuencias de moción en el Congreso para dar pensiones y la nacionalidad a dirigentes del Frente Polisario
Asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo de España y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), –en reunión conjunta celebrada en Madrid-, piden con urgencia a los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados, como el PSOE, PP, Vox, PNV, Ciudadanos, PNV, Grupo Mixto de Coalición Canaria, Más País, y resto del arco parlamentario, que paren de inmediato la pretensión de Unidas Podemos, EH Bildu y Nueva Canarias de votar a favor de una moción parlamentaria en fase inicial para otorgar a los dirigentes del Frente Polisario y descendientes saharauis, -como es el caso del presidente sanguinario Brahim Ghali-, pensiones vitalicias a cargo de los presupuestos y erario público de los españoles. Así como la nacionalidad española, que beneficiaría a los miles de nacidos supuestamente antes de que España abandonara el Sáhara y a todos sus descendientes.
Numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo de diferentes comunidades de España entre las que se encuentra la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, que preside Lucía Jiménez, piden urgentemente que no se apruebe esta iniciativa parlamentaria por la gravedad de las consecuencias irreversibles de toda índole que acarrearía, además de la humillación y menosprecio a las víctimas isleñas del terrorismo, tipificados como delitos en la actual normativa.
En este sentido, exigen a los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados, el Senado, y los ministerios implicados como es el Ministerio del Interior que dirige Grande-Marlaska, Hacienda, Economía y Seguridad Social, que tutelan Escrivá, Montero y Calviño respectivamente, a que paren y secunden la negativa del grupo socialista en la Cámara Baja, ante la disparatada y humillante pretensión de conceder beneficios contraproducentes a dirigentes y miembros del Frente Polisario saharaui, que hasta la fecha, no han pagado ni colaborado con la Justicia española para esclarecer los brutales atentados terroristas contra nacionales españoles, mayoritariamente canarios, andaluces, gallegos y vascos. No en vano, muchos de estos saharauis que paralelamente son dirigentes polisarios durante 50 años, tienen interpuesta una denuncia ante la Audiencia Nacional por los casi 300 atentados terroristas ejecutados contra trabajadores civiles españoles, mayoritariamente canarios, que operaban dentro de la empresa minera FossBucraá y pescadores nacionales, que fueron asesinados, heridos, ametrallados, secuestrados, torturados o acabaron desaparecidos (catalogados estos últimos como delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben); actos perpetrados por el Frente Polisario y Mpaiac, desde 1974 y hasta 1987. Se da la circunstancia inexplicable de que aún muchas de las viudas y huérfanas canarias de estos atentados perpetrados por el Frente Polisario no tienen concedidas pensiones extraordinarias para víctimas del terrorismo equiparadas como tales viudas y huérfanos, además de las legítimas indemnizaciones, por parte del Gobierno español.
Por otro lado, en una reunión celebrada en Madrid y convocada por la Comisión de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) más de una veintena de asociaciones de todo el Estado abordaron, entre otras cuestiones, la necesidad urgente de incluir un Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados -antes de que finalice esta legislatura-, para modificar la obsoleta Ley 29/11. Todos los colectivos mostraron la necesidad de que la Cámara Baja legisle con celeridad e incremente al alza las legítimas indemnizaciones para los más de 600 casos de atentados terroristas sin esclarecer y sin sentencias de diferentes grupos y bandas terroristas como ETA, Frente Polisario, Mpaiac, Terra Llure, Grapo, organizaciones yihadistas, entre otros.
Además, estos colectivos demandaron con urgencia, como fue el caso del presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, la legítima y necesaria equiparación de pensiones extraordinarias de víctimas con clases pasivas y Seguridad Social para civiles y a favor de familiares de todas las víctimas que han sufrido atentados, reserva de cuotas de empleo público para familiares de víctimas hasta nietos de víctimas directas, medidas psico sociales-médicas/farmacológicas/psicológicas cupo de reserva de cobertura gratuita en residencias para mayores, clínicas y hospitales, medidas de reparación en materia de vivienda, gratuidad de servicios y titulación en educación en todos los niveles e incremento en la cobertura asistencial de ayudas ante el incremento y dificultades detectadas en los últimos tiempos por la carestía de la vida, agravada tras la pandemia que muchas víctimas y familiares están padeciendo aún hoy. Asimismo, se presentó a los diferentes colectivos un borrador con un “Marco de Referencia para las víctimas del terrorismo”, que será analizado y escrutado por las diferentes asociaciones de toda España, así como otros temas de interés. También se plasmó la necesidad de pedir a los sucesivos gobiernos y presidentes autonómicos de Cataluña, José Vargas, Canarias, Lucía Jiménez, y de Aragón y al canario Ángel Víctor Torres que no dilaten deliberadamente, las respectivas leyes complementarias autonómicas solicitadas, que transfieren competencias para el correcto cumplimiento, dado que estas son las dos únicas comunidades de las 17 comunidades autónomas del Estado que no quieren aprobar dicha normativa de asistencia a todas víctimas del terrorismo y familiares.
- Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, AAVT. Joaquín Vidal.
- Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE. Lucía Jiménez. Presidenta.
- Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, ACVOT, José Vargas. Presidente.
- Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, AMUVITE. Luis Beñago. Presidente.
