Turquía, expansión y liderazgo en África
Turquía centra sus esfuerzos en extenderse por África, tras los Balcanes y Oriente Medio.
El tercero de los escenarios, y no el menor, tras los Balcanes y Oriente Medio donde Turquía está posicionada, es África, con dos focos principales de atención, el mar rojo y Libia.
Como vimos en otros teatros de operaciones, la expansión africana responde a intereses tanto económicos, como de control de recursos, y posicionamiento político e influencia estratégica. Presencia militar, control de regiones estratégicas, intervención política, militar y cultural, de la misma manera que en los Balcanes occidentales, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha postulado en África como líder de los musulmanes, explotando este factor en un continente donde el islam es mayoría.
Libia ha sido a lo largo del año el objetivo preferente de la acción exterior turca, dada su estratégica situación en el Mediterráneo, ideal para el control de los flujos migratorios del norte África, un recurso que se ha demostrado muy útil a la hora de condicionar las relaciones entre Turquía y la UE, como para el control y explotación de las reservas de hidrocarburos del Mediterráneo oriental, caballo de batalla turco en esta segunda mitad del año 2020.
Turquía comenzó su posicionamiento en África en 2007, cuando el Gobierno decidió implicarse en la región, ofreciendo asesoramiento a las autoridades somalíes reunidas en Yibuti con motivo de las conversaciones para impulsar un proceso de paz para Somalia.
Dos años más tarde, 2009 Turquía decide dar un fuerte impulso a sus relaciones exteriores, estableciendo tres líneas maestras sobre la que giraría su política exterior. Europa y los Balcanes, Asia, Cáucaso, Caspio, Asia central y Oriente Medio y África, norte y Cuerno de África.
La operación de cooperación en Somalia, no estuvo, desde sus inicios, exenta de interés estratégico, y junto a la presencia limitada en Yemen, a través de la TIKA con el apoyo de la rama local de los Hermanos Musulmanes, el partido Islah ha permitido hasta este año a Turquía mantener cierta monitorización del golfo de Adén y del estrecho de Baab el Mandeb, y la integración de la marina turca en la Task Force 151 de la Combined Maritime Forces, la misión multinacional contra la piratería en aguas somalíes, permitió a Ankara desplegar buques en aguas del golfo de Adén.
Tras visitar Libia y Somalia en 2011, primer líder político no africano en visitar Somalia en 20 años, el presidente Erdogan inició un programa de cooperación con Somalia, destinado en primer término a paliar la hambruna que azotaba al país. A través de programas de inversión gestionados a través de la TIKA, tanto Turquía como Qatar, pasaron de ser dos actores anecdóticos en la región a convertirse en los dos aliados más firmes, a nivel político y económico, del Gobierno de Abdullahi Mohamed, conocido popularmente como Farmajo. A finales de 2019, se estima en unos 1.000 millones de dólares el montante total de la ayuda turca a Somalia. Alrededor de 200 millones de dólares en intercambios comerciales y algo más de 100 millones en inversiones. Somalia es el quinto país receptor de ayuda gestionada directamente por el Gobierno turco y el segundo en ayuda procedente de ONGs turcas después de Siria.
Según datos del ICEX, Turquía tiene acuerdos de libre comercio con diez países, estos acuerdos posibilitan la eliminación de aranceles y tasas relativos a intercambios de mercancías y servicios entre Turquía y sus socios. En África los países que han firmado el acuerdo de libre comercio con Ankara son Egipto, Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Ghana, Somalia, Ruanda, Mozambique y Mauricio. En proceso de ratificación está Sudán, y en negociaciones República Democrática del Congo, Seychelles, Camerún, Chad, Libia, y Yibuti. Con Argelia y Sudáfrica, Turquía está sondeando las posibilidades de llegar a un acuerdo de libre comercio, pero sin haber iniciado contactos oficiales.
Como ya vimos en un artículo anterior, dedicado a la acción exterior turca en los Balcanes, las inversiones en Somalia, como en Europa, se han concentrado en infraestructuras críticas, como el puerto de Mogadiscio, gestionado por una empresa turca, y el aeropuerto, donde las dos únicas compañías no africanas que operan en él son Turkish Airlines y Qatar Airways.
Este proceso de cooperación culmina con la inauguración de la Embajada turca en 2016, y el establecimiento, a finales de 2017, en suelo somalí de la base militar TURKSOM, como apoyo a las operaciones contra Al-Shabab y a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes, tanto militares como policiales en actividades de contrainsurgencia. En la práctica, la presencia militar turca ha venido a sustituir a las fuerzas de la AMISON (African Union Mission in Somalia) que en los últimos dos años redujeron en 2000 el número de efecticos en Somalia.
La base, TURKSOM, la mayor fuera de territorio turco, también ha servido para canalizar durante los primeros meses de la pandemia los envíos regulares de ayuda humanitaria procedentes de Turquía.
La sombra de Al-Shabab junto a la posibilidad de que la oposición no acate el resultado electoral, ha planeado sobre las elecciones en Somalia, elecciones que finalmente se vieron retrasadas en junio con el fin de dotar al país de un sistema de recogida de votos fiable y evitar el tan temido fraude electoral.
Medios internacionales como International Crisis Group advirtieron que grupos opositores en Mogadiscio se estaban armando, para intervenir, caso de no aceptar el resultado electoral, dándose de nuevo, el escenario perfecto para reproducir un conflicto similar al que asoló el país durante la última década del siglo XX.
Igualmente, la cuestión de Al-Shabab afecta de manera directa a las relaciones de Turquía con Emiratos Árabes Unidos, a cuyo Gobierno ha acusado Mevlüt Cavusoglu de apoyar a la organización terrorista. La presencia militar turca en Somalia es una amenaza plausible para EAU, Arabia Saudí y Egipto, que en enero impulsaron el African Coastal States of the Red Sea, una alianza de países de ambas costas del mar Rojo patrocinada por Arabia Saudí.
Para tensar un punto más la situación, ambos países enviaron una delegación conjunta a Mogadiscio, para ofrecer a Farmajo el musculo militar egipcio y la financiación saudí para estabilizar y reconstruir Somalia, en un movimiento similar al realizado en Sudán. La respuesta de Ankara a esta ofensiva ha sido pagar casi tres millones de dólares de deuda somalí en créditos del FMI.
El último factor que ha condicionado las relaciones entre Ankara y Mogadiscio es, de nuevo, la lucha contra la cofradía de Fethulah Gülen. La Fetö ha estado presente en Somalia a través de Hizmet, la institución de enseñanza de la cofradía, y de la gestión de la organización gulemista de dos hospitales en Mogadiscio. A cambio de esta colaboración, Ankara, además, ha impulsado las conversaciones entre los Gobiernos de Puntland y Somaliland con el Gobierno Farmajo.
La presencia en África de centros de enseñanza pertenecientes a Hizmet es uno de los factores secundarios que han impulsado a Turquía a intervenir en África. Hizmet cuenta con centros de enseñanza en 35 países africanos, entre ellos Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Nigeria, Tanzania, y Libia, donde la primera escuela se abrió en 2012. Además de los centros con que contaba en Somalia. Es interesante la escasa implantación en el norte de África de los centros de enseñanza de Hizmet, donde tanto Argelia como Túnez han permanecido impermeables a la implantación de la organización religiosa.
Sólidamente establecidos en Somalia, desde 2018 el Gobierno turco se fijó a corto plazo como objetivo establecer otra base de avanzada más al norte, que les permitiese extender influencia y control en el mar Rojo.
Mas allá de la misión encabezada por la TIKA en Yibuti, donde la presencia de otras potencias como Francia, EEUU y China limita en extremo las capacidades turcas, las costas sudanesas ofrecían una oportunidad irrechazable. A su situación geoestratégica, en la zona media del mar Rojo, región que concentra alrededor del 15% del volumen total de tráfico de mercancías del mundo, Port Sudán o Suakin estaban situadas frente a La Meca, lo que posibilitaba el control parcial del flujo de peregrinos que se desplazaban a la ciudad santa del islam desde África por vía marítima. La oportunidad política la presentaba el que el Gobierno de Al-Bashir estaba sustentado por los Hermanos Musulmanes. Surfeando entre gobiernos enemigos, lograron, con la colaboración del aislado Gobierno de Omar Al-Bashir, el establecimiento de una base en la isla de Suakin, situada entre la frontera egipcia y Port Sudán con La Meca a tiro de piedra en la orilla opuesta. A cambio de inversiones en infraestructuras y reconstrucción de patrimonio a través de la TIKA por valor de cuatro millones de dólares, el Gobierno turco obtuvo un alquiler por 99 años del antiguo puerto otomano de Suakin.
Este acuerdo fue el detonante de la intervención egipcio-saudí en Sudán. Ambos Gobiernos acusaron a Turquía de querer establecer una base militar en Suakin, camuflada en lo que en teoría iba a ser una misión comercial destinada a facilitar el tránsito de peregrinos turcos a La Meca. Además, Suakin era percibida como una amenaza directa a la base egipcia en el Triángulo de Hala'ib, región en disputa con Sudán.
La presencia militar turca a medidos de 2018 en Sudán estaba compuesta de una misión de adiestramiento policial y de una misión de mantenimiento y mejora de las instalaciones portuarias en Port Sudán, destinadas al mantenimiento tanto de embarcaciones civiles como militares.
De nuevo la pinza El Cairo-Riad se movió aprovechando el coste de oportunidad en Sudán, para restar apoyos a Ankara. Para Egipto, además, se presentaba la oportunidad de asestar otro golpe político a la cofradía de los Hermanos Musulmanes expulsándolos junto con sus patrocinadores turcos de Sudán. Devolviendo el golpe que supuso, a ojos del actual Gobierno, la victoria de Morsi y los Hermanos Musulmanes en las elecciones de 2011-2012, con Turquía como principal apoyo. En sentido contrario, cabe destacar, que fue la ayuda de EAU y Arabia Saudí clave para desalojar a los Hermanos Musulmanes del poder en Egipto.
La caída en abril de 2019 de Omar Al-Bashir supuso el realineamiento de Sudán, modificando el acuerdo con Turquía, permaneciendo la misión civil en Suakin y cancelando cualquier misión militar o policial en el país.
Conjurada momentáneamente la amenaza turca en Sudán, durante el último año se han multiplicado las reuniones entre los Gobiernos de Egipto y Sudán con un doble propósito, reforzar las relaciones bilaterales, canalizar la ayuda económica egipcia y atraer a Jartum a la alianza de las monarquías del Golfo y Egipto con Israel. Los primeros contactos entre ambos vecinos en materia de seguridad se produjeron en agosto y culminaron en noviembre con las primeras maniobras militares egipcio-sudanesas de la historia de ambos países, y con la primera ronda de contactos trilaterales de mandos militares egipcios, israelíes y sudaneses.
A cambio, EEUU ha suavizado la situación internacional de Sudán sacando al país africano de la lista patrocinadores del terrorismo e inyectando en sus ruinosas arcas dos billones de dólares y la promesa de financiación tanto de Arabia Saudí como de EUA. A finales de octubre Sudán reconoció el Estado de Israel, en los mismos términos que EUA y Bahréin, y estableció relaciones diplomáticas con el Estado hebreo.
En enero, Egipto anunció el establecimiento de una nueva base naval en Berenice, la más grande de la región, muy cerca de Suakin y Port Sudán, una clara advertencia a Ankara. Egipto aceptaba el órdago en Suakin, y dejaba meridianamente claro su disposición a proteger a proteger sus intereses en el mar Rojo, además de suponer un estímulo para Jartum, cara a la iniciativa diplomática en Sudán.
Como hemos visto, el apoyo turco a la cofradía fundada por Hassan al-Bana resultó fundamental la para llegada al poder de Mohamed Morsi. El hecho de la cercanía del AKP, el partido de Erdogan, a los Hermanos Musulmanes, ha sido un factor más del desencuentro entre El Cairo y Ankara. Las relaciones, hasta 2015, fueron complejas, deteriorándose a pasos agigantados, pero fluidas; como ejemplo, Egipto era el segundo país del mundo receptor de ayuda al desarrollo procedente de Turquía, con un total de 559 millones de dólares.
En este momento las relaciones bilaterales son extremadamente complejas, con atisbos de mejora, pero tal y como describió una reconocida analista a mediados de este año, la relación entre Ankara y El Cairo es una relación muerta. Ambos países, además de en el mar Rojo, tienen abiertos dos frentes aún más relevantes dentro del complejo entramado geopolítico regional; Libia, donde el Gobierno de Al-Sisi es uno de los apoyos más sólidos de Haftar, y el Mediterráneo oriental, donde la crisis de los hidrocarburos ha salpicado, como no podía ser de otra manera, a Egipto, alineado con Grecia, Chipre, Israel y Francia.
Y es en Libia donde Turquía se juega la relevancia o irrelevancia como actor para tener en cuenta, a nivel mediterráneo y en el resto del continente. La apuesta de Ankara de apoyar al Gobierno de Trípoli, presentada por el Gobierno turco prácticamente como si de una misión de interposición se tratase, ya que, según fuentes oficiales turcas, la presencia de unidades militares turcas y mercenarios procedentes de Siria tenía por objeto únicamente asegurar un alto el fuego permanente entre ambos bandos, que condujese a un proceso político que tuviese como objeto el establecimiento de la paz. El Gobierno presidido por Fayez Sarraj, con capital en Trípoli, fue establecido en 2011, apoyado por las potencias occidentales y Naciones Unidas, con el fin de designar un único líder para el país y detener los enfrentamientos entre Trípoli, Tobruk y Bengasi. También los Hermanos Musulmanes habían elegido a Sarraj como su candidato en Libia, en las elecciones de 2012, el partido Justicia y Construcción, expresión política de los Hermanos Musulmanes, fue la segunda fuerza en las elecciones al Congreso General Nacional con el 10% de los votos.
En la otra mitad del país, dos Gobiernos aliados, el representado por el Parlamento de Tobruk y su contrapartida en Bengasi, el LNA (Ejército Nacional Libio) del general Jalifa Haftar. Haftar, excoronel del Ejército libio durante la guerra de los Toyotas en Chad, asumió el mando del LNA en 2014, desde entonces, su figura militar y política, enfrentada a Trípoli, no ha parado de crecer. Con Rusia y EAU, como principales aliados, ha sumado a su causa al resto de las monarquías del Golfo, a excepción de Qatar, así como a Egipto y Francia.
La guerra en Libia inició en 2019 una nueva fase, con el inicio de la ofensiva del LNA sobre Trípoli. El apoyo militar y económico de Rusia y la coalición liderada por las monarquías del Golfo, Jordania y Egipto impulsaron la decisión de Haftar de poner fin a la guerra de manera decisiva tomando Trípoli. La decisión fue contestada por Naciones Unidas y apoyada de manera soterrada por EEUU por medio de John Bolton, quien habría advertido al general de atacar lo más rápido posible.
Se dinamitaron los puentes entre ambos Gobiernos como las conversaciones avaladas por la ONU de la denominada Iniciativa 5+5 entre oficiales del LNA de Haftar y el GNA (Gobierno del Acuerdo Nacional) de Sarraj para acercar posturas en asuntos militares, acuerdos políticos y economía. Esta iniciativa, tras tres intentos infructuosos, hoy se reconoce base del reciente acuerdo de paz.
Tras un año de asedio y a pesar de la irrupción de nuevos actores en Libia, y de la pandemia por SARS COV 2, Halifa Jaftar pasó de nuevo a la ofensiva en Trípoli en abril de 2020. Esta vez el presidente Sarraj, políticamente sustentado por Italia, la UE, EEUU y Naciones Unidas, contaba con el apoyo militar de Turquía y Qatar. El objetivo de la ofensiva de nuevo era tomar Trípoli, deponer al Gobierno Sarraj e imponer un Gobierno presidido por el general Haftar.
Tras irrumpir en los extrarradios de Trípoli el 27 de abril, y a pesar de no haber logrado entrar en la ciudad, el día 28, Jalifa Haftar se declaró único líder de Libia, denunciando que el acuerdo de 2015, apoyado por la UE y EEUU, por el cual Naciones Unidas sancionaba la creación de un Gobierno en Trípoli. Sarraj había destruido el país, y, por tanto, con su victoria, este acuerdo era cosa del pasado. Anunció que sus planes a corto plazo pasaban por la formación de un nuevo Gobierno y la reconstrucción, tanto de instituciones que doten de una nueva estructura de gobierno al país, como de infraestructuras que posibilitasen la reconstrucción de Libia.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Sarraj continuaba resistiendo, denunciando a su vez que Haftar bombardeaba la ciudad indiscriminadamente, en un intento, vano, de intervención por parte de las potencias occidentales, que escaldadas por la intervención en 2011 que terminó con el Gobierno del coronel Gadafi, y reconociendo en más de una ocasión su equivocación al no haberse situado desde el principio del lado de Haftar. Algunos países como Francia nunca han ocultado su disgusto con el Gobierno de Trípoli, que detentaba nominalmente el poder, pero en la práctica era Haftar quien poseía los apoyos y el músculo económico para imponerse como líder del país.
Para junio, el GNA y la misión militar turca habían detenido la ofensiva y lanzado una contraofensiva en territorio bajo control de Haftar, que logró, después de 14 meses de asedio, hacer retroceder al LNA más allá de sus posiciones de partida, recuperando puntos estratégicos clave y amenazando los recursos petrolíferos controlados por Bengasi. La ofensiva se detuvo únicamente por la intervención, camuflada de propuesta de paz, tanto de Rusia, que aumentó el despliegue de medios militares a favor de Haftar, y de Egipto, que amenazó con una intervención militar. El 21 de agosto de 2020 ambas partes anunciaron un alto el fuego.
El apoyo militar brindado por el Gobierno Erdogan siguió las líneas maestras que ya vimos en Siria y recientemente en el Alto Karabaj, de emplear mercenarios y combatientes trasvasados desde otros teatros de operaciones para finalmente introducir tropas regulares turcas. El Gobierno turco impulsó una proposición parlamentaria de manera urgente, aprobada el 2 de enero de 2020, para enviar una misión militar durante un año a Libia, compuesta por instructores, asesores, fuerzas regulares turcas y abundante material militar. Menos de una semana después de aprobarse la misión, Turquía estaba desplegando militares en el país norteafricano. Este envío de tropas respondería a los dos acuerdos de cooperación firmados en noviembre de 2019, uno de cooperación militar, y que, en principio no implicaban el despliegue de tropas turcas, hasta ahora. La cuestión relativa a los mercenarios turcos en Libia ha levantado ampollas entre los aliados occidentales, ya que la procedencia de estos soldados es dudosa, especulándose, sin demasiado margen de error, con la pertenencia de estos a unidades de organizaciones pertenecientes a Daesh. A principios de mayo, las discrepancias entre varias unidades de combatientes procedentes de siria a sueldo de Ankara, con los mandos del GNA, provocó el abandono unilateral de las unidades mercenarias del frente, llegando a enfrentarse con unidades regulares del GNA. Hasta mayo de 2020, se calcula que Turquía había enviado entre 7.000 y 9.000 combatientes procedentes de Siria a Libia, para apoyar al Gobierno de Trípoli, manteniendo a un número indeterminado de entre 3.000 y 4.000 combatientes en campos de entrenamientos, esperando para desplegarse en Libia. También, aunque en menor medida, Ankara ha contado con el apoyo de grupos armados sudaneses, de Chad y, aunque Ankara se ha encargado de desmentir este supuesto, de unidades somalíes, entrenadas por Turquía, que recibirían la fase final de su entrenamiento en Libia.
Este trasvase de tropas fue causa, a mediados de año, de una ofensiva diplomática ante Naciones Unidas, liderada por Egipto, que denunció las sucesivas violaciones de Turquía de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre combatientes extranjeros.
Aunque en el lado contrario no se han quedado atrás, empleando, al igual que el GNA, mercenarios de Sudán y Chad, además de cerca de 3.000 mercenarios de la compañía rusa Wagner y un número indeterminado de combatientes sirios procedentes de las filas de Al-Asad.
A las diferencias de criterio entre Ankara y Moscú en Libia, se une EEUU, que insistió a Erdogan en que estaría solo en su aventura africana y al que pidió mantuviese el alto el fuego vigente. Y así, de nuevo en el campo de batalla libio, asistimos a la representación de la paradoja que suponen las relaciones ruso-turcas, ya que el enfrentamiento entre fuerzas de ambos países en Libia es un hecho que no parece influir en la colaboración entre ambos países en otros escenarios como los Balcanes o Siria. Ni mucho menos parece que este enfrentamiento directo en el norte de África repercuta en las relaciones bilaterales entre los presidentes Putin y Erdogan.
La relación entre Turquía y Rusia es, como dijo Churchill en 1939 al respecto de la postura rusa con respecto al incipiente conflicto europeo, un acertijo, envuelto en un enigma, dentro de un misterio. La relación, sobre el papel no es mala, Rusia mantiene en Libia una posición oficial de estricta neutralidad, pero lo cierto es que cada vez se encuentran enfrentados en más teatros de operaciones, el último, la guerra del Alto Karabaj. Turquía apoyando a Azerbaiyán y Rusia, si no, apoyando a sus aliados armenios, ambos son miembros de la CSTO (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva), como ‘stopper’ de las ambiciones turco-azeríes.
En medio de las protestas populares más importantes desde 2011 y de una crisis política dentro del propio Gobierno debido a la violencia con que se reprimieron las protestas, el 16 de septiembre, Fayez Sarraj anunció que en octubre abandonaría su cargo. El anuncio se produjo en el momento en que ambos bandos se preparaban para iniciar los contactos que condujeron al establecimiento de un acuerdo para el alto el fuego. A pesar de que la dimisión de Sarraj estuvo en origen motivada por el enfrentamiento y destitución de su ministro del Interior, Fathi Bashagha, el hombre de Ankara en Libia. La dimisión de Sarraj, pese a las muestras de disgusto del Gobierno turco, estuvo motivada, según medios franceses, por la presión turca, que obligó a Sarraj a reponer a Bashagha en su cargo. Sin embargo, Sarraj, ante lo delicado de la situación, ha reculado, manteniendo su puesto como primer ministro, al tiempo que ha anunciado que las elecciones previstas para marzo de 2021 se retrasarían hasta diciembre del mismo año, ante la necesidad de contar con sistemas electorales fiables que garanticen transparencia y seguridad a todas las fuerzas implicadas en este proceso electoral. Por encima de esta decisión planea el alto el fuego con Haftar y la necesidad de crear el clima adecuado para que este proceso culmine en un acuerdo de paz duradero ratificado dentro de un año por unas elecciones en todo el país.
Paralelamente, el Gobierno de Tobruk, presidido por Abdulá al-Thani, brazo político del LNA de Haftar, hubo de enfrentarse también a protestas populares en las calles, aún más virulentas que las ocurridas en Trípoli, con una represión proporcional a la gravedad de las protestas, durante las cuales se produjeron en Bengasi al menos tres muertos. Las condiciones de vida, la guerra, la incertidumbre en un país despedazado después de 11 años de enfrentamientos con una infinita esperanza en un alto el fuego por el que nadie, ni siquiera sus patrocinadores dan un céntimo porque llegue a buen puerto. Y siguiendo los pasos de su colega del GNA, Al-Thani anunció su dimisión como presidente del Parlamento de Tobruk, en un movimiento que sobre el papel despejaba el camino del futuro acuerdo de paz.
El 23 de octubre en Suiza, auspiciado por Naciones Unidas, firmaron el alto el fuego el GNA de Sarraj y el LNA de Haftar. El acuerdo, que comenzó a gestarse en agosto, contó, antes de reunirse definitivamente en Suiza con dos reuniones bilaterales celebradas en Marruecos a finales de septiembre entre miembros del GNA y miembros de la Cámara de Representantes. En estas negociaciones se acordaron la composición de algunos de los más altos puestos en la Administración del país, como el gobernador del Banco Central, director de la Agencia anticorrupción, y la composición del sistema judicial, y del organismo destinado a controlar y verificar los procesos electorales en el país norteafricano. Paralelamente al acuerdo político, dos delegaciones militares de ambos bandos se reunían en Egipto para establecer una alto el fuego provisional y las condiciones en que este debía ser implementado.
El acuerdo para el alto el fuego definitivo surgido de la reunión en Montreux es un documento ambiguo, abierto a modificaciones y sujeto a interpretaciones, aspecto este, interesante para modelar el acuerdo respecto a los intereses de propios y extraños, pero que en el fondo carece de una estructura fuerte. La ambigüedad del texto deja, en la práctica, a los cuatro actores más influyentes en Libia, Turquía, Rusia, Egipto y EAU, en la disyuntiva de colaborar con Naciones Unidas, como garante del acuerdo e impulsora de la formación de un nuevo Gobierno único, o en reventar el acuerdo y continuar la guerra, teniendo en cuenta que el acuerdo finalmente se produce tras el fracaso de Haftar en Trípoli y el equilibrio de fuerzas posibilitado por la intervención de Turquía a favor de Sarraj y la amenaza de dimisión del líder tripolitano en septiembre. La primera controversia con respecto a la indefinición del texto se produjo el 25 de octubre, el ministro de Defensa del GNA, declaró que, ya que el GNA era el Gobierno legítimo de Libia, el acuerdo militar con Turquía era perfectamente válido y no le afectaba ninguna de las cláusulas referentes a la presencia de combatientes extranjeros en Libia. Tres días después el Gobierno de Sarraj firma un acuerdo de cooperación antiterrorista con Qatar.
El acuerdo establece dos clausulas con respecto a la presencia de militares extranjeros en ambos bandos enfrentados, la primera es que todos los militares extranjeros deberán cesar en sus actividades y suspender las misiones que estuviesen llevando a cabo y abandonar suelo libio inmediatamente. Con respecto a los mercenarios prevé la salida de Libia de todos los combatientes antes del 23 de enero.
La guinda del pastel la puso el presidente Erdogan, semanas antes de visitar a las tropas turcas en Libia, declarando que este acuerdo distaba mucho de ser un alto el fuego. en Una postura diametralmente opuesta a la manifestada por el resto de los actores internacionales presentes en Libia que saludaron el acuerdo con optimismo.
La perspectiva de un alto el fuego, por muchas dudas que plantease en el Gobierno turco, impulsó el anuncio en septiembre de un primer paquete de ayudas a Trípoli por valor de 500 millones de dólares, destinados a infraestructuras energéticas y a formación y asesoramiento en materia de Defensa. Coincidiendo con el inicio del Foro de Diálogo Político Libio en Túnez entre GNA y LNA, Ankara anunció a principios de noviembre, un acuerdo para la ampliación del aeropuerto de Misrata, cuya gestión será responsabilidad de empresas turcas.
Para Ankara, Libia no solo cuenta con reservas de petróleo y gas suficientes para paliar el enorme déficit en hidrocarburos turco, también es clave en el complejo plan turco de explotación de las reservas de gas y petróleo mediterráneas. Este plan extiende desde Libia hacia Turquía la ZEE libia, permitiendo operar a los barcos de prospección turcos. Si Haftar hubiese entrado en Trípoli, la política mediterránea de Turquía se hubiese venido abajo, ya que son los aliados de este los que pasarían a explotar unas reservas de hidrocarburos muy jugosas, perdiendo además el pulso frente a Grecia y Chipre en las zonas del Mediterráneo oriental que actualmente se encuentran en disputa. A principios de 2019 se constituyó el EMGF (EastMed Gas Forum), foro de cooperación energética compuesto por Egipto, Israel, Jordania, Palestina, Chipre, Grecia e Italia y al que Francia ha solicitado unirse. Estos países dieron la voz de alarma en noviembre de 2019, cuando el Gobierno turco y el Gobierno de Sarraj firmaron dos acuerdos de cooperación, uno militar, que ya hemos visto, y otro, que establecía los límites de las aguas territoriales de ambos países, destinado a apuntalar la posición turca con respecto a los derechos sobre las reservas de hidrocarburos del Mediterráneo oriental. Las implicaciones que estos tratados han tenido exceden los intereses meramente territoriales circunscritos al ámbito oriental del Mare Nostrum, y han sido declarado nulos por el EMGF, que no reconoce la declaración unilateral de la ZEE libia.
A principios de agosto de 2020, Grecia y Egipto firmaron un acuerdo que define sus ZEE en el Mediterráneo oriental, que se solapan con la zona económica reclamada por Turquía, por otro, Francia, cuyas empresas son concesionarias de los derechos de explotación por parte del Gobierno de Chipre, cuya ZEE entra en conflicto con la ZEE que Ankara reclama para la República Turca del Norte de Chipre, entidad únicamente reconocida por Turquía. Todo esto a la espera de lo que ocurra con la ZEE de Líbano, negociaciones, entre Tel Aviv y Beirut, que se encuentran de momento en ‘stand by’; así, se ha posicionado frente Turquía, socio en la OTAN, incluyendo la disuasión militar, enviando en visita de cortesía al Charles De Gaulle al puerto de Limasol y aviones Raffale a Creta. Bruselas se encuentra en un dilema, dado que en este charco de petróleo en el que Libia se ha metido para costear el apoyo militar turco se encuentran implicados Chipre, Grecia y Francia, de un lado, e Italia y la propia Unión, del otro.
Y es Francia, con intereses tanto en el Sahel, como en el Mediterráneo oriental, el que ha protagonizado la mayor escalada con Turquía en los últimos meses. La defensa de los intereses franceses en el Mediterráneo y África ha sido la bandera de la política exterior, al margen de la UE, de Macron en los últimos años. Tres escenarios han sido los principales sobre los que ha trabajado el Gobierno francés, y en los tres ha estado, de manera más o menos velada, Ankara frente a París. En el Mediterráneo oriental, la tensa situación entre ambos aliados, estuvo a punto de estallar de manera definitiva en junio cuando navíos turcos iluminaron con sus sistemas de armamento los radares de una fragata francesa durante el transcurso de una inspección rutinaria en el marco de la operación Sea Guardian de la OTAN en aguas libias.
Hasta ese momento los enfrentamientos entre ambos países por la cuestión de los hidrocarburos mediterráneos, cuyos derechos de explotación había vendido Chipre a empresa francesas, no habían pasado de advertencias diplomáticas y medidas de presión destinadas, más a enseñar musculo a su rival que a amenazar con una intervención militar.
Los ataques diplomáticos entre ambas cancillerías no han cesado desde entonces y Macron tampoco se ha detenido a la hora de presionar a la UE con respecto a las relaciones entre Bruselas y Ankara. Con motivo de la reunión del MED7, Francia, alineada con Grecia, volvió a denunciar las maniobras turcas en el Mediterráneo oriental, acusando al Gobierno de Erdogan de actuar unilateralmente en la cuestión de los hidrocarburos e irresponsablemente en las crisis de refugiados, e instando al grupo de siete países mediterráneos de la UE, en solidaridad con Grecia, a romper relaciones con Turquía en el ámbito mediterráneo, lo que implicaría la exclusión como socio preferente en acuerdos económicos regionales. La presión francesa logró sacar a finales de octubre una ampliación de un año de las sanciones de la UE a Turquía, reservándose para la cumbre de la UE de diciembre la aplicación de nuevas sanciones.
Las relaciones bilaterales entre ambos países han sido estos dos últimos meses una concatenación de agravios entre insultos y amenazas. Cuestiones como las caricaturas de Mahoma, las leyes para combatir el integrismo islámico o el conflicto del Alto Karabaj han sido motivo de fricción. Según datos del Banco Mundial, en 2018 el volumen comercial entre ambos países era similar, alrededor de 14.000 millones de dólares anuales repartidos al 50% entre ambos países.
El punto y aparte ha sido la retirada del embajador francés en Turquía después de que el presidente Erdogan llamase al boicot de productos franceses y sugiriese la necesidad de terapia mental del presidente Macron.
El punto y seguido ha sido la expansión soterrada de Turquía hacia el Sahel, el patio trasero de París en África.
En esta estratégica región, Níger, en el flanco suroeste de Libia, completó con Turquía el acuerdo de cooperación iniciado en enero para el desarrollo de infraestructuras geomineras nigerinas, gestionadas por la MTA, agencia del Gobierno turco para el desarrollo y explotación de recursos mineros, con un acuerdo, durante la visita a Niamey del ministro de Exteriores Çavusoglu en julio para el desarrollo de infraestructuras energéticas, comunicaciones, y desarrollo agrícola gestionadas por la TIKA, así como un acuerdo de cooperación militar centrada en la formación de unidades contraterroristas, para hacer frente a Boko Haram.
Pero es Mali donde Francia lidera desde 2013 las operaciones militares contra Al-Qaeda en el Magreb Islámico y organizaciones nacionalistas que operan entre Mali, Níger y Burkina Faso, donde se ha producido de manera indirecta otro encontronazo franco-turco. Francia acusó a Turquía de estar detrás del golpe de Estado de agosto, que depuso al francófilo presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Acusaciones sustentadas en la visita que a mediados de septiembre realizó Mevlut Çavusoglu a Mali para mostrar su apoyo a la nueva junta de gobierno surgida del golpe. El Ejército justificó la intervención ante el crecimiento de las organizaciones yihadistas y las demandas de la sociedad maliense de soluciones políticas, ya que la actual situación es la constatación del fracaso de la solución militar liderada por Francia. Para los ciudadanos de Mali, el país era de facto un protectorado francés en el que el terrorismo amenaza los intereses de París. Colonialismo vestido de intervención humanitaria. Y es en este tipo de escenarios donde Turquía mejor se desenvuelve.
El objetivo más claro, aparentemente, de Turquía es el control de los recursos energéticos, sobre todo en Libia. Aparentemente, porque, como hemos visto, en este momento para Turquía la partida decisiva es la que está jugando por el control del Mediterráneo oriental y por extensión de sus recursos. No solo en base al control de las diferentes ZEE mediterráneas, o al uso coercitivo de la fuerza, si no, con una aproximación indirecta al teatro de operaciones Mediterráneo a través del mar Rojo y la ruta hasta el canal de Suez, que, como hemos visto, concentra el 15% del volumen comercial mundial. La estrategia de 2019, Mavi Vatan, algo así como Patria Azul, culmina la idea turca de control del mar y sustituye a la Stratejik Derinlik, Profundidad Estratégica, de Ahmed Davutoglu.
Dentro de esta idea de ‘soft power’, Turquía trata de explotar el factor religioso y la cooperación en favor de sus objetivos geoestratégicos, en este caso el papel de la TIKA en la región es muy relevante. Por la magnitud de las misiones que encabeza, Somalia, Yemen, Sudán, como por la capacidad de actuar sin prescindiendo del factor militar, maximizando resultados y asumiendo pocos riesgos. La TIKA no es más que la praxis de la estrategia turca diseñada por Davutoglu, cero problemas con los vecinos, disfrazada de cooperación internacional y caridad, uno de los cinco pilares del islam. De la misma manera el apoyo a las diferentes ramas locales de los Hermanos Musulmanes ha permitido a Turquía penetrar a nivel social y tejer redes clientelares y de dependencia incluso en países eminentemente laicos como Libia, donde la cofradía nunca llegó a cuajar, pero que en este momento representa el poder político en al menos la mitad del país. A grosso modo, esta explicación, sirve para ilustrar de manera muy general el recelo y la animadversión que las misiones encabezadas por la TIKA generan en los competidores de Turquía, en contraposición a la visión del islam de las monarquías del Golfo o en países teóricamente laicos, como Egipto.
