Juicio al Frente Polisario: no hay presente sin pasado

En todo caso debiera ser un imperativo moral que mal empezaría si cometiera el error de no integrar rotundamente y sin titubeos su pasado sangriento contra ciudadanos españoles. Entre los 70 y 80 del siglo XX, durante lo que se denominó “Década Negra”, el grupo cometió alrededor de 300 atentados documentados contra trabajadores de Fos Bucraa y pescadores canarios, andaluces, gallegos y vascos, según la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE). Estos crímenes revelan unos antecedentes históricos en materia terrorista tan palmarios, que Estados Unidos no puede ignorarlos al evaluar su designación como grupo terrorista. Es decir, no se entendería dicha designación sin la inclusión —incluso como sustrato principal de la propuesta— de los criminales actos que conformaron dicha década.
El propio Brahim Ghali, actual líder del Polisario y ministro de Defensa durante aquellos años, coordinó ataques como el del Cruz del Mar (1978), donde siete tripulantes españoles fueron ejecutados, y el secuestro del Mencey de Abona (1980), cuyo patrón, Domingo Quintana, apareció estrangulado con una bandera del Polisario atada al cuerpo. Son solo un par de ejemplos de entre una infinidad, pese al olvido político y mediático, especialmente en Canarias. Estos hechos, respaldados por documentos judiciales españoles y una amplia hemeroteca, demuestran que el grupo operó como una milicia terrorista décadas antes de que se investigaran sus actuales vínculos con Irán o el yihadismo saheliano, que ahora se esgrimen como argumento principal para su inclusión en la mencionada lista.
Mientras el senador Joe Wilson impulsa su proyecto de ley contra el Polisario y el Hudson Institute, uno de los “think tanks” más influyentes de Estados Unidos en temas de seguridad nacional y política exterior, alerta sobre las conexiones de este con el terrorismo, la designación que impulsan estas entidades está basada en diferentes ejes:
- Vínculos con Irán y Hezbolá: según información firmada el pasado abril por The Washington Post, cientos de combatientes del Polisario entrenados por Irán operaron en Siria hasta la caída del régimen de Al-Assad. Asimismo, Marruecos rompió relaciones con Irán en 2018 por presunto apoyo logístico al Polisario.
- Tráfico de armas al Sahel: el Hudson Institute, en su reciente y exhaustivo estudio, acusa al Polisario de suministrar armas a grupos yihadistas, de apoyo del IRGC iraní o de vínculos con grupos extremistas, amenazando intereses estadounidenses.
- Amenazas recientes: en enero de 2025, el Polisario amenazó a Mauritania, a través de uno de sus principales líderes Bachir Mustafa Sayed, por colaborar con Marruecos, lo que confirma que su modus operandi sigue basado en la coerción.
De hecho, el propio Mustafa Sayed ya había hecho apología del terrorismo un año antes, con su habitual retórica violenta y peligrosa, incitando a los saharauis a cometer actos terroristas contra los intereses marroquíes en cualquier parte del Sáhara Occidental. Entre otras, textualmente sus palabras fueron: “Que cada uno convenza a tres y salgan a atentar, cada militante debe detonar tres o cuatro de estos explosivos cada noche en las ciudades de Esmara, Dajla o Bojador”.
La designación terrorista del Polisario debería ser un acto de justicia transnacional. Incluir sus crímenes contra españoles en el expediente, por los que nunca rindieron cuentas ante la justicia, fortalecería la credibilidad de este y serviría en cierto modo de reparación histórica, la misma que se la ha negado una y otra vez dentro de nuestras fronteras. Es imperativo recuperar la memoria de aquella tragedia y romper con los falsos relatos que ayudaron a su olvido: el Polisario no es un movimiento de liberación envuelto de romanticismo. Fueron una estructura criminal que normalizó la violencia contra civiles décadas antes de que el yihadismo llegara al Sahel.
La Administración norteamericana tiene una oportunidad única: declarar al Polisario organización terrorista no ya por alianzas con Irán o Hezbolá, sino por los crímenes contra ciudadanos del que siempre fue un país aliado clave como España. La memoria de los caídos en las frías aguas del Atlántico o en las minas de Fos Bucraá piden a gritos esta rectificación histórica. Honrar a las víctimas requiere esta decisión.