Aceleradores y frenos a la contratación pública en la España de 2022

El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez espera como agua de mayo que Bruselas desembolse los primeros 35.000 millones de euros de los fondos Next Generation para impulsar la reactivación de la economía española.

La evolución hacia delante y hacia atrás de la pandemia por COVID-19, el creciente coste de las materias primas energéticas, el estrangulamiento de las importaciones de  productos manufacturados y la permanencia de la inflación son algunas de las incertidumbres que hacen que ese barco llamado España navegue por aguas turbulentas. 

La realidad constatada es el retroceso de la actividad económica y el deterioro fiscal, que están provocando que la reconstrucción tenga una intensidad menor a la prevista lo que, además, ocurre en un entorno repleto de preocupantes incógnitas. Sin embargo, los cantos de sirena mantienen ilusionado al Gobierno, de manera especial la lluvia de millones procedentes de la Unión Europea, que en la Moncloa anhelan como quien espera el maná. 

En el Foro dedicado a la recuperación de la actividad económica organizado por la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (AESMIDE) que capitanea Gerardo Sánchez Revenga, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), Cristina Herrero, ha sido muy clara al alertar de la fragilidad de la situación nacional. 

Por un lado, la recuperación de la economía nacional se lleva a cabo desde una posición de vulnerabilidad debido al aumento de la deuda pública. Por otra, está por conocer cuál será el impacto real que tendrán los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Next Generation, este último el mayor paquete de estímulo creado jamás por la Unión Europea.

De forma consciente o inconsciente, pero secundado por los partidos independentistas catalanes y vascos y los partidos de la izquierda y ultraizquierda ‒previo pago en metálico o en especie de sus votos‒, el Ejecutivo todavía no ha redactado un plan a medio plazo que garantice el equilibrio entre la sostenibilidad de las cuentas públicas, el crecimiento económico y la calidad de las políticas públicas. Es de suma importancia, ya que debe concretar una estrategia que compatibilice el reto económico y el presupuestario para aportar certidumbre a la economía española. 

Los presupuestos generales del Estado de 2022 suman más de 40.000 millones de euros, que en buena parte se financian con el mecanismo de Recuperación y Resiliencia, del que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y su importante núcleo de empresas van a liderar en torno al 40 por ciento. 

Supone alrededor de 16.300 millones que hay que salir a buscar en los mercados financieros y que, según el subsecretario del departamento, Jesús Manuel Gomez García, “no hay ningún problema para obtener”. De la cantidad citada, más de 7.000 millones van encaminados hacia el sector ferroviario, más de 2.500 millones se destinarán a carreteras, sobre todo a su conservación y mantenimiento. Y otros 3.200 millones a la vivienda urbana. Todo lo anterior va a provocar un esperado importante efecto acelerador en la contratación de las administraciones públicas. 

Pero las empresas, de manera especial las pequeñas y medianas, se enfrenta con barreras que les son difíciles de derrumbar. Desde el punto de vista de los procedimientos administrativos, es evidente que hay que continuar aplicando cambios normativos para derribarlas. En el plano contractual, resulta exagerado que en pleno siglo XXI las contrataciones armonizadas se prolonguen por espacio de 8 meses, desde el inicio de la licitación hasta la adjudicación del contrato. 

A nadie se le escapa la importancia de mantener las garantías jurídicas, pero por comparación con las legislaciones anglosajonas y de otros terceros países extracomunitarios, se deben buscar “sistemas más dinámicos y de compra centralizada que agilicen los procesos”, recalca Mario Garcés, diputado y portavoz del PP para asuntos económicos. Otros se inclinan por aplicar la reducción de plazos mediante la supresión de trámites de dudosa eficacia.

Es conveniente poner en marcha nuevos sistemas de contratación que garanticen la competencia, que no generen monopolios, que eviten que un solo adjudicatario cubra la totalidad del espacio en el suministro de bienes o servicios. Tendría una enorme repercusión en las pymes que son la espina dorsal de la creación de empleo y distribución de riqueza en España. También es muy importante ampliar el deteriorado tejido empresarial, facilitando la creación de nuevas compañías mediante la simplificación de los procedimientos y trámites que exigen las distintas administraciones.

Las ayudas y facilidades para impulsar el nacimiento de nuevos emprendedores es uno de los caballos de batalla que AESMIDE y su presidente Gerardo Sánchez Revenga ponen sobre la mesa de forma reiterada, junto con la demanda de mecanismos para facilitar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y en los procesos de innovación. 

Es patente la importancia cada vez mayor de la colaboración público-privada, de forma relevante en la implantación de la digitalización. Es un vector de cambio económico y social fundamental para lograr las “reformas estructurales que hagan realidad un modelo productivo más competitivo”, resalta la secretaria de Estado de Digitalizacion e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas. A ella y a su equipo les corresponde hacer realidad esas palabras tantas veces escuchadas 

En el plano de la industria de defensa, la incidencia de la pandemia ha supuesto una “contracción de su actividad del 6%, por debajo del 19% de la industria en general”, según acredita la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro. Los datos aportados dan idea de la capacidad de resiliencia de un sector que genera en el exterior el 75% de su volumen de negocio, desarrolla productos de aplicación dual y que aporta un alto contenido tecnológico a las capacidades industriales nacionales.

Pedro Sánchez acaba de anunciar un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de 400 millones de euros para el sector aeroespacial. Confiemos en que pronto se haga realidad, porque el equivalente anunciado el pasado mes de julio para el impulso del vehículo eléctrico y conectado todavía está en el limbo.