El sector pide seguridad jurídica y más control contra el fraude de los combustibles
Seguridad jurídica y más control para evitar el fraude, estas fueron algunas de las reivindicaciones puestas sobre la mesa durante la jornada “Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución”, organizada por AEVECAR, AOP, CEEES y UPI en la sede de la CEOE.
Estas prácticas fraudulentas no sólo perjudican a las arcas públicas, el Estado dejó de recaudar el pasado año más de 1.000 millones de euros en IVA, sino que genera una competencia desleal, de ahí la necesidad de adoptar medidas urgentes para acabar con ellas y “denunciar hasta la saciedad, porque nunca se puede ser cómplice”, destacó Víctor García Nebreda, secretario general de AEVECAR.
La jornada fue inaugurada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien destacó la importancia de que sean las propias empresas del sector, más de 4.700 y 200.000 trabajadores, las que traigan este debate sobre el fraude “que fomenta una competencia desleal y va en detrimento del sector empresarial”. Garamendi recordó el gran reto que tienen para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de 2030 y cómo el 80 % de las inversiones van a proceder del sector privado, de ahí la necesidad “de pedir una especial protección donde reclamamos seguridad jurídica”. Para el presidente de la CEOE “no hay sostenibilidad sin progreso ni progreso sin sostenibilidad”.
A continuación, Juan José Blanco, socio de KPMG Abogados, explicó cómo se produce este fraude y la gravedad que ha alcanzado, no sólo por no ingresar el IVA correspondiente, restando los ingresos al Estado, sino también porque supone la expulsión del mercado, poco a poco, de los operadores legales ante la imposibilidad de mantener la competencia.
Ante posibles medidas para intentar atajar este fraude, destacó la inversión del sujeto pasivo, solución que requiere un tiempo para ser aprobada, y que supone que el defraudador sólo recibiría la venta en sí, por lo que al no ingresar el IVA no podría jugar con este impuesto; el fraccionamiento de pago, adoptado ya en algunos países como Polonia; delimitar determinados productos para que, además de presentar el modelo 380, se garantice el pago de las cuotas de IVA correspondientes al producto; o que sea socio fiable para la agencia Tributaria. También abogó por una Agencia Tributaria más ágil.
Los casos de Portugal e Italia
Pero este problema no afecta sólo a España, ya que países como Portugal o Italia también se han visto salpicados por este fraude. En el caso portugués, Antonio Comprido, secretario general de APETRO, resaltó que los defraudadores se aprovechan de ciertas debilidades legales y del mercado. Si en España es el IVA, en Portugal, resaltó, el problema arranca por los biocombustibles fósiles que tienen un precio mayor, por lo que el mayor problema es la competencia.
Comprido resaltó que llevan más de diez años trabajando con el Gobierno para buscar soluciones, pero que se encuentran con una legislación que no es lo suficientemente robusta, con pocos procedimientos de control, con la falta de coordinación entre las administraciones y con la lentitud de la justicia, de ahí, dijo, la necesidad de mejorar la legislación.
Por su parte, Marina Barbanti, directora general de UNEM, resaltó que en Italia el fraude de los carburantes daña no sólo al Estado, sino al sector entero por la competencia desleal, pero que en el 2012-2013 cambió el mercado y se produjo un boom de operadores, lo que supuso que se introdujeran importantes herramientas de control, “antes de ello, el fraude era del 6 %, ahora estamos entre el 1-2 %”, aseguró.
Barbanti resaltó que es fundamental, una vez detectado el problema, “luchar lo más rápidamente posible” y aseguró que la implementación de medidas de alertas y control junto con grandes inversiones en digitalización han sido muy eficaces, estableciéndose, además, sinergias con las administraciones.
Finalmente, indicó que “hay que estar siempre alerta porque el fraude evoluciona”, y que las medidas introducidas contra el fraude afectan no sólo a nivel fiscal, sino de seguridad y medioambiental.
Competencia desleal
La jornada concluía con una mesa redonda en la que intervinieron Víctor García Nebreda, secretario general de AEVECAR, Javier Albares, presidente de la Comisión Antifraude de AOP, Jorge de Benito, presidente de CEEES, y Luis Nieves, presidente de UPI, moderada por el subdirector de El Economista, Rubén Esteller. Todos los ponentes denunciaron el grave problema que suponen estas prácticas fraudulentas, no sólo por defraudar a Hacienda el IVA, sino también por la competencia desleal, y reivindicaron un mayor control por parte del Gobierno ya que las medidas adoptadas hasta la fecha no son suficientes.
Entre las propuestas para erradicar este fraude que se pusieron sobre la mesa destacaron: el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos; la obligación de liquidar el IVA mensualmente; incrementar los controles y el seguimiento de los operadores; una mayor seguridad jurídica; garantía financiera a quienes quieran entrar en el mercado; y agilidad en la tramitación de los expedientes. “Queremos control y fiabilidad”, resaltó García Nebreda.
Luis Nieves insistió en que se está produciendo “un fraude millonario” y que estamos ante un problema muy relevante que no afecta solo al sector, sino al Estado, al contribuyente y a todos los ciudadanos. Defendió una competencia legal y la puesta en marcha de un modelo similar al italiano a corto plazo. “Las medidas son del todo insuficientes. Estamos ante una indefensión total absoluta”, afirmó.
Víctor García Nebreda recordó que las medidas introducidas en el Real Decreto de Ley del 8/2023, de 27 de diciembre, para combatir el fraude, en el que se recoge que “en ningún caso, se permite el suministro entre distribuidores al por menor, ni el suministro de distribuidores al por menor a operadores al por mayor”, no están siendo efectivas, pues estas prácticas persisten en el mercado, por lo que abogó por más controles sobre el operador, el mayorista, a fin de que se tenga una mayor fiabilidad. “El decreto ha evitado que todo el mundo venda a todo el mundo, pero es insuficiente”, señaló García Nebreda que también hizo hincapié en cómo esta situación “repercute en la percepción que el cliente tiene sobre nuestro negocio”.
Propuso la creación de un grupo de trabajo, como ya existe en países como Francia, para estar más informados y poder trabajar con la Administración de forma coordinada, así como más medidas jurídicas para que el trabajo de la Guardia Civil o la Agencia Tributaria “sea mucho más efectivo”. El secretario general de AVECAR concluyó animando a “denunciar siempre” porque no se puede “ser cómplice”.
Jorge de Benito quiso resaltar la importancia de este problema con la terminología utilizada por la guardia civil: organizaciones criminales, secuestro, extorsión, detenciones, millones de litros del producto, bloqueos de cuentas…. E insistió en que no es sólo un fraude para el sector, sino también para el comprador… “Lo que solicitamos a la Administración son herramientas”, indicó.
Por su parte, Javier Albares también se mostró partidario del modelo italiano e insistió en la necesidad de una seguridad jurídica a medio plazo para saber cómo actuar y poder cumplirlas: “Necesitamos un marco regulatorio y también medidas de control”. Para el representante de AOP “algo está ocurriendo en la concesión de licencias de operadores”, señaló, tras resaltar que 83 están inhabilitadas.
Albares también destacó la sensación de impunidad, porque parece que el bueno es el que vende más barato, un mensaje que cala y crea un poso muy distinto a la realidad, dijo. “Cuando las mafias se introducen en la sociedad con sus tentáculos llegan muy lejos, no es un problema sólo económico, también es social”, afirmó.
