Política
Un ajedrez violento en Burkina
Burkina Faso quiere poner coto al terrorismo. El Gobierno ha decido ampliar su Ejército. El país saheliano ha emitido una orden de reclutamiento voluntario según la cual quinientos jóvenes pasarán, próximamente, a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas. El Gobierno burkinés busca, así, reforzar su posición frente a los distintos grupos terroristas que operan en prácticamente todo el territorio. Tanto Daesh como las agrupaciones sucesoras de Al Qaeda operan en Burkina Faso, así como diversas organizaciones yihadistas locales.
La leva, que el Ministerio de Defensa califica de “excepcional” en un comunicado, se producirá entre mediados del mes de septiembre y mediados del mes de octubre. Afectará a todas las regiones del país. Por cada una de las trece divisiones administrativas, será reclutada una mujer. Los 487 nuevos soldados restantes serán varones. La decisión del Ejecutivo llega una semana después de un atentado contra el destacamento de Koutougou, en el norte del país. 24 soldados fueron asesinados y siete más resultaron heridos.
Automáticamente, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia, en vigor desde comienzos de año. Las filas del Ejército, que fue sometido a una reforma a principios de año, están integradas por 11.000 efectivos, según datos del Banco Mundial de 2017. No obstante, el 25% de sus soldados se encuentra desplegada en Mali, como contribución a la MINUSMA (Misión Internacional de Naciones Unidas para la Estabilización de Mali).
El territorio propio ha quedado, pues, relativamente desatendido. Desde 2018, los grupos terroristas de inspiración yihadista han provocado más de 460 muertes solo en Burkina Faso. La respuesta oficial se ha articulado de dos formas diferentes: por una parte, la presencia militar en el país, tanto burkinesa como extranjera, ha aumentado; por otra, se ha dotado de fondos a las regiones y los ayuntamientos de las zonas rurales más pobres, principales focos de radicalización, para crear escuelas, hospitales e infraestructuras.
El operativo militar, conjunto entre las tropas nacionales y las francesas desplegadas en el marco de la operación Barkhane, ha empezado a dar sus frutos lentamente. Según un reciente estudio del Africa Center for Strategic Studies, el principal grupo yihadista autóctono del país, Ansaroul Islam, ha visto su actividad en el norte del país notablemente reducida a lo largo de los últimos meses.
No obstante, esa misma región ha sido el escenario de la expansión de la facción local de Daesh. Del mismo modo, Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin, antigua Al Qaeda en el Magreb Islámico, y su filial Frente de Liberación de Macina han intensificado su actividad al oeste, cerca de la frontera maliense.
En vista de los resultados poco alentadores, el papel desempeñado por las tropas burkinesas ha sido puesto en cuestión por su ineficacia. Sin embargo, su incapacidad para neutralizar la amenaza no es el único defecto que se le achaca. Numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional entre ellas, han documentado casos de abusos por parte de miembros del Ejército y cuerpos policiales: torturas para obtener concesiones, asesinatos sin juicio previo… La desconfianza de la población hacia el poder y las Fuerzas Armadas ha derivado en la formación espontánea de grupos de autodefensa; a su vez, el surgimiento de estas formaciones ha exacerbado las tensiones latentes entre grupos étnicos.
Los atentados de las organizaciones terroristas, a menudo, han puesto en la diana a la población civil de forma indiscriminada. Los yihadistas, comúnmente, han encontrado mayor aceptación entre los miembros de la etnia fulani, cuya presencia en Burkina Faso es minoritaria. Los grupos de autodefensa, por el contrario, han aparecido en el seno de la etnia mossi, que abarca a más de la mitad de los habitantes del país. La violencia retórica y física propugnada por los terroristas ha hecho el resto; a ojos de muchos mossi, los fulani han quedado ligados sin remisión a la comisión de actos terroristas. Los atentados son respondidos con duras represalias.
Este círculo vicioso llevó, el día de año nuevo de 2019, al asesinato de 49 civiles fulani en la ciudad de Yirgou. La división y la polarización han hecho mella en el tejido social, sobre todo, en las zonas más alejadas de la capital.
La población burkinesa, tradicionalmente tolerante e identificada con el lema ‘vivre ensemble’ -vivir juntos-, ha sido testigo de un proceso de degradación. La unión entre diferentes facciones étnicas se ha agrietado en paralelo al ascenso del descontento con las autoridades y el terrorismo. El futuro del país, como el del resto del Sahel, se presume incierto.
