Comienza la quinta ronda del llamado Comité Constitucional en la ciudad suiza de Ginebra, después de cuatro rondas con escasos avances. La última ronda tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, y fue igual de infructuosa que las anteriores.
El jefe de la delegación gubernamental, Ahmad al Kizbari, ha señalado que la situación humanitaria será una de las cuestiones que estén sobre la mesa, según informó la agencia siria de noticias, SANA.
Por su parte, el jefe de la delegación opositora ha reclamado un calendario claro para que las conversaciones den resultados positivos en varios meses, ante la falta de visibles progresos que criticó recientemente el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen.
El enviado de la ONU reclamó resultados “en el plazo más corto posible” y advirtió que “no puede ser superior a varios meses, bajo ninguna circunstancia”, debido a la urgencia de “poner fin a la tragedia humana”.
Pedersen ha propuesto llevar a cabo sesiones de tres semanas de duración hasta lograr un acuerdo y aprovechó para recordar que ya en 2015 la ONU apoyó un proceso político de reforma constitucional con un calendario claramente definido.
El Comité Constitucional está compuesto por 150 miembros y se reunió por primera vez a finales de octubre de 2019. Su objetivo final es llevar a cabo una reforma política del país y la celebración de elecciones libres bajo la supervisión de la ONU. Cuenta con representación del gobierno, la oposición y la sociedad civil, entre los que hay kurdos, pero ninguno perteneciente a las Unidades de Protección Popular (YPG). Los miembros del Comité tendrán que redactar una nueva Constitución o revisar la de 2012. En esta ocasión 45 miembros de los 150 estarán en Ginebra.
De salir adelante el proyecto constitucional, deberá ser aprobado por el Parlamento elegido en julio de 2020, controlado la alianza liderada por el Partido Baaz del presidente Al Assad.
Según la ley electoral de Siria, las próximas elecciones presidenciales de Siria están programadas entre el 16 de abril y 16 de mayo de este año, 90 días antes de que expire el mandato de siete años de Assad, que lleva en el poder desde el año 2000.
Estados Unidos y varios países europeos han acusado al presidente sirio de retrasar deliberadamente la redacción de la nueva constitución o la reforma de la existente para perder tiempo hasta que se celebren elecciones presidenciales este año y así evitar la votación supervisada que pidió el Consejo de Seguridad de la ONU.
Casi una década de conflicto ha asolado Siria, dejando por el camino a más de medio millón de fallecidos, entre ellos más de 22.000 niños, y desplazando a más de la mitad de los 23 millones de habitantes del país, incluyendo 5 millones de refugiados, la mayoría en países vecinos.
La guerra civil comenzó en 2011 en el contexto de multitudinarias manifestaciones en varios países árabes, en lo que se denominó Primavera árabe, para reclamar reformas democratizadoras. En Siria, las manifestaciones terminaron derivando en un conflicto armado en el que las fuerzas gubernamentales acabaron enfrentándose a opositores y grupos yihadistas, quedando el país sumido en el caos.
Pronto varias potencias regionales e internacionales entraron directa o indirectamente en el conflicto, como Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía e Israel, entre otros, apoyando a uno u otro bando para defender sus intereses en la región.
Si finalmente sale adelante el proyecto constitucional, el país podrá vislumbrar el inicio de la pacificación política y social del país, y así empezar a reconstruir un país que ha quedado arrasado.
