El Partido Democrático de los Pueblos (HPD), debido a sus posturas prokurdas, sufre la persecución de las autoridades turcas que continuamente le acusan de tener lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), lo que ha llevado a la detención de varios alcaldes y parlamentarios del partido. La presión ha llegado al punto que el aliado del presidente, Recep Tayyip Erdogan, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), del que depende su mayoría parlamentaria, ha pedido la ilegalización de la formación política.
El fiscal jefe del Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía, Bekir Şahin, ha presentado una demanda para disolver el tercer partido político con más representación en el Parlamento y la principal formación prokurda del país, el Partido Democrático de los Pueblos, acusado de actividades terroristas.
En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional, el fiscal acusa a los miembros del HDP de instigar “actividades dirigidas a destruir y abolir la unidad indivisible del Estado con su país y nación”. El fiscal jefe añadió en la demanda que el HDP es un “partido antidemocrático” y que está “en connivencia con el grupo terrorista PKK”.
La demanda ha sido aceptada por el Tribunal Supremo –la institución que finalmente llevará el caso– previa fijación de la fecha del juicio. Si la Justicia turca avala la acusación, el HDP sería disuelto por violar el artículo 68 de la Constitución, indicó Şahin. En Turquía, es el Tribunal Constitucional el encargado de dictaminar el cierre de las formaciones políticas. Sin embargo, el Constitucional tiene la potestad para elegir otro tipo de condenas en función a la gravedad de los hechos, como bloquear la financiación por parte del Estado. El Tribunal ya rechazó el mismo caso a finales de mayo pasado por defectos de forma, pero la Fiscalía presentó en 7 de junio un nuevo escrito, ahora aceptado.
La decisión requiere de una mayoría mínima de dos tercios de los 15 magistrados. Eventualmente, los jueces podrían optar por sanciones menos graves que la clausura de la formación, como, por ejemplo, un veto total o parcial a la financiación pública.
Tras las elecciones del 2019 la autoridad electoral turca impidió que seis alcaldes turcos del HDP accedieran al cargo y ocho fueron destituidos, poniendo en su lugar a los candidatos perdedores del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el partido de presidente Erdogan. Algunos de ellos han sido encarcelados como es el caso de Diyarbakir, Mardin y Van, las tres mayores ciudades de población kurda localizadas en el sureste del país, para nombrar a funcionarios del Ministerio del Interior en su sustitución.
Este grupo del PKK es considerado fuerza terrorista por la propia Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y la relación con el HDP ha sido utilizada por la Administración del presidente Recep Tayyip Erdogan para llevar a cabo una purga contra elementos significativos de esta formación política, de tendencia izquierdista y prokurda.
La formación de la izquierda prokurda se constituye en el tercer partido del Parlamento turco con el 12% de los votos a nivel estatal en las últimas elecciones; lo cual pone de manifiesto la importancia de vetar el ejercicio de sus funciones, nada más y nada menos, que a alcaldes de un partido político de cierta relevancia y peso incluso a nivel nacional.
El HDP mantiene 55 escaños en el Parlamento, mientras que el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan cuenta con 289. El principal partido de la oposición, el Partido Popular Republicano conserva los 136 puestos; el Partido del Movimiento Nacionalista, 48 y el Partido del Bien, 36. Desde el pasado fallido golpe de Estado de 2016, miles de miembros del partido HDP han sido perseguidos y encarcelados por cargos de terrorismo. Cargos que, según la comunidad internacional, son de dudosa credibilidad.
La rígida postura estatal contra el tildado como enemigo común kurdo se endureció a raíz de las elecciones locales de marzo de 2019, en las que Erdogan recibió un fuerte revés electoral al perder importantes plazas en la nación, como Estambul (corazón financiero de Turquía) y Ankara (capital administrativa), que pasaron a manos del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), del que forma parte el actual alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, gran rival político del máximo dirigente del presidencialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco).
Tras la derrota en los comicios municipales, el presidente turco aceleró una campaña de persecución a rivales políticos para desviar la atención, sumar apoyos populares frente a un ‘enemigo común’ y tratar de mitigar el golpe político recibido con la pérdida de confianza de gran parte de la ciudadanía. Esta maniobra en el marco interno sirve a Recep Tayyip Erdogan para desviar la atención sobre graves problemas que atraviesa, como la pérdida de confianza y la crisis económica nacional que atraviesa el país, agravada por la fuerte caída de la lira turca y por el parón de la actividad generado por la actual crisis sanitaria causada por la COVID-19. Así, desde órganos oficialistas, se tacha la actitud de los kurdos y de agrupaciones como el HDP de auténtica subversión y golpe de Estado contra las instituciones nacionales.
Erdogan está usando todas las herramientas a su alcance, independientemente del deterioro de las instituciones que está sufriendo el país, para afianzar su posición en la Presidencia del país. Las próximas elecciones están previstas para el próximo 2023, pero las recientes derrotas electorales en Estambul y Ankara han hecho saltar las alarmas en su partido, el AKP, pues temen que, si se le da tiempo a la oposición, sea capaz de tejer una candidatura de unidad que haga frente a Erdogan. Por eso la persecución de figuras públicas se ha convertido en una necesidad, así no sólo reduce las posibilidades de la oposición de ganar protagonismo, sino que puede provocar que haya tensión entre los partidos y la concentración unitaria sea más difícil.
