La Fiscalía turca acusa al partido opositor prokurdo de “actividades terroristas” y solicita su disolución

El fiscal jefe del Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía, Bekir Şahin, ha presentado este miércoles una demanda para disolver el tercer partido político con más representación en el Parlamento y la principal formación prokurda del país, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), acusado de actividades terroristas.

En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional, el fiscal acusa a los miembros del HDP de instigar “actividades dirigidas a destruir y abolir la unidad indivisible del Estado con su país y nación”. El fiscal jefe añadió en la demanda que el HDP es un “partido antidemocrático” y que está “en connivencia con el grupo terrorista PKK”.

“El hecho de que el partido no haya condenado el terrorismo es aceptado como justificación suficiente para su disolución por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, aduce Şahin en la acusación. El partido opositor prokurdo es acusado por mantener vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus grupos afiliados. Una organización catalogada como terrorista por Turquía, y también por la Unión Europea y Estados Unidos.

La demanda aún debe ser aceptada por el Tribunal Supremo –la institución que finalmente llevará el caso– previa fijación de la fecha del juicio. Si la Justicia turca avala la acusación, el HDP sería disuelto por violar el artículo 68 de la Constitución, indicó Şahin. En Turquía, es el Tribunal Constitucional el encargado de dictaminar el cierre de las formaciones políticas. Sin embargo, el Constitucional tiene la potestad para elegir otro tipo de condenas en función a la gravedad de los hechos, como bloquear la financiación por parte del Estado.

Bekir Şahin ocupó la cuarta posición entre los candidatos nominados por la Gran Asamblea General del Tribunal Supremo de Apelaciones, sin embargo, fue nombrado finalmente por el presidente Erdogan el 4 de junio de 2020. Según la Constitución, los fiscales jefes del Tribunal Supremo son seleccionados por el presidente de entre los cinco candidatos a disposición, un mecanismo que diluye la independencia judicial.

El HDP niega sus vínculos con el PKK, y denuncia una persecución por parte del Gobierno turco. La formación ha catalogado la acusación como un “duro golpe a la democracia”, y ha hecho un llamado “a todas las fuerzas democráticas, a todas las fuerzas de oposición social y política y a nuestro pueblo para luchar juntos”. 

Poco antes, el diputado del HDP Omer Faruk Gergerlioglu fue expulsado de su escaño en el Parlamento. La medida fue tomada después de que la Justicia turca decidiera mantener la pena a dos años de prisión en su contra por difundir propaganda terrorista en redes sociales en 2016. Según las leyes del país, si la condena contra un diputado es definitiva, este no podrá gozar de su inmunidad y podría ser retirado de su escaño.

Gergerlioglu es conocido por su trabajo a favor de los Derechos Humanos y por criticar con dureza al presidente, Recep Tayyip Erdogan. Es diputado por el Partido Democrático de los Pueblos desde 2018, y desde entonces ha sido acusado de terrorismo por varios ministros del Gobierno, entre ellos el de Interior, Suleyman Soylu. 

“Resistiré este golpe en el Parlamento", asegura el diputado del HDP. “Esto no es un asunto de Gergerlioglu o del HDP, sino un asunto de la democracia”. “Los castigos y veredictos ficticios no pueden quitarle la representación y la voluntad de la nación. Yo resisto, nosotros resistimos. Nuestro verdadero reloj de la democracia, nuestra resistencia continúa”, añadió.

Los dirigentes turcos llevan mucho tiempo sosteniendo que el HDP es el brazo político de la organización terrorista del PKK. El grupo ha sido responsable de la muerte de unas 40.000 personas, según las autoridades turcas. 

Desde el pasado 2016, miles de miembros del partido HDP han sido perseguidos y encarcelados por cargos de terrorismo. Cargos que, según la comunidad internacional, son de dudosa credibilidad. Entre los detenidos se incluyen los expresidentes del partido, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdag, así como otros 8 diputados del grupo. 

El propio Demirtaş enfrenta una sentencia de hasta 142 años de prisión por sus acciones durante las protestas de 2014. En diciembre de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ordenó la liberación inmediata de Demirtaş después de encontrar a Turquía culpable de violar sus derechos fundamentales. Las autoridades turcas se han negado a cumplir la orden del TEDH y Demirtaş sigue encarcelado.

La última acusación del fiscal, que incluye una serie de prohibiciones a las funciones políticas de 600 miembros del HDP, responden a las crecientes exigencias de varios líderes políticos para la disolución del partido prokurdo. El líder del Partido del Movimiento Nacionalista, Devlet Bahçeli, ha expresado su apoyo al proceso judicial contra el HDP: “Es una organización criminal con apariencia política. Su cierre, sin que se le permita reabrir con otro nombre, es un deber de honor para la historia, la justicia, nuestra nación y las generaciones venideras”.

Tras la expulsión de Gergerlioglu, el HDP mantiene 55 escaños en el Parlamento, mientras que el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan cuenta con 289. El principal partido de la oposición, el Partido Popular Republicano conserva los 136 puestos; el Partido del Movimiento Nacionalista, 48 y el Partido del Bien, 36.

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha declarado que la decisión “subvertiría indebidamente la voluntad de los votantes turcos, socavando aún más la democracia en Turquía y negando a millones de ciudadanos turcos la representación que han elegido”. De esta forma, Washington hace un llamamiento al Gobierno de Ankara para que “respete la libertad de expresión de acuerdo con las protecciones de la Constitución turca y con las obligaciones internacionales de Turquía”.

“Durante seis años, el HDP ha sufrido ataques legales e incluso físicos por parte de las autoridades turcas”, manifestó Marc Behrendt, director de programas para Europa y Eurasia de Freedom House. “Pero la expulsión de Gergerlioglu del Parlamento y la apertura de un caso judicial destinado a cerrar el partido representan nuevas amenazas importantes para la libertad política y el pluralismo en Turquía”.

“Cualquier medida para despojar a Gergerlioglu de su escaño parecería una represalia del Gobierno de Erdogan por su postura valiente en apoyo de miles de víctimas de violaciones de DDHH”, afirmó Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La condena de Gergerlioglu es una flagrante violación de su derecho a la libertad de expresión y utilizarla como pretexto para expulsarlo del Parlamento mostraría un profundo desprecio por las normas democráticas y el derecho de asociación política”.