Prácticamente desde que inició su mandato como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro ha tenido que hacer frente a acusaciones de corrupción en personas de su familia y entorno más cercano.
A las dos semanas de tomar posesión del cargo, la justicia fue estrechando el cerco sobre su hijo Flávio Bolsonaro en el marco del Caso Queiroz, en el que se investiga al primogénito del presidente brasileño y al asesor parlamentario de este, Fabricio Queiroz, por compra de diputados, organización criminal y lavado de dinero en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
El caso nació casi de casualidad cuando los investigadores estaban analizando anomalías en las cuentas bancarias de veinte diputados estatales y encontraron indicios de corrupción en las cuentas del hijo de Bolsonaro y Queiroz. En total, detectaron movimientos irregulares por valor de 1,2 millones de reales en un año, lo que no cuadraba con el salario declarado.
Antes que con su hijo mayor, Queiroz mantuvo una estrecha relación con el mandatario brasileño que comenzó en 1984. Además, pocos años antes de ganar las elecciones, durante el Gobierno de Michel Temer, se detectaron movimientos bancarios sospechosos entre Queiroz y la cuenta bancaria de la esposa del presidente, Michelle Bolsonaro.
Queiroz fue posteriormente detenido el 18 de junio del año tras haber estado un año escondido en una residencia de uno de los abogados de la familia Bolsonaro, ubicada en el estado de Sao Paulo. El asesor cogía parte del dinero del resto de asesores para entregárselo a Flávio. Éste además contrataba funcionarios “fantasma” para su gabinete como excusa para desviar cuantiosas cantidades de dinero.
Finalmente, en noviembre del año pasado fue la Fiscalía la que acusó a Flávio Bolsonaro de liderar la trama de corrupción y de los delitos de organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida entre los años 2007 y 2018.
Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia (STJ), encargado de juzgar a Flávio dada su actual condición de senador, rechazó dos recursos presentados por su defensa. Un varapalo que supone de momento la supervivencia del proceso. El Ministerio Público de Río de Janeiro actualmente cifra en 6,1 millones de reales el dinero desviado de las arcas públicas.
Informaciones publicadas por el portal Uol aseguran que Carlos Bolsonaro y el propio Jair Bolsonaro habrían replicado el modus operandi de Flávio, cuando el primero era concejal y el segundo diputado federal. La investigación sigue su curso.
Otro asesor de Flávio Bolsonaro que ha causado problemas al presidente es el expolicía Adriano da Nóbrega. El conocido miliciano, integrante del grupo criminal Escritorio del Crimen, fue abatido en febrero de 2020 en una operación policial. Nóbrega era sospechoso del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, perteneciente al Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
El pasado abril la Policía Federal identificó a otro de los hijos del presidente, en esta ocasión Carlos Bolsonaro, como jefe de una organización dedicada a elaborar fake news para difamar a adversarios políticos. Su hermano, Eduardo Bolsonaro también ha estado en el punto de mira de la policía por la misma trama.
Muchos apuntaron entonces a que Maurício Valeixo, director de la Policía Federal, fue destituido por Bolsonaro para proteger a su familia. Unas circunstancias que dieron lugar a la dimisión del juez Sergio Moro del Ministerio de Justicia.
Según informó entonces Folha de S.Paulo, entre la Policía Federal no había dudas de que Bolsonaro había tratado de presionar a Valeixo porque sabía que la investigación acechaba a su hijo.
Renan Bolsonaro, con tan solo 22 años, es dueño de la empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia. La compañía fue creada en 2020 y como indica su nombre se encarga de la organización de eventos.
Allan Lucena, uno de los socios de la empresa Gramazini, dedicada a la minería y la construcción, y que acudió a la fiesta de inauguración de la empresa de Renan Bolsonaro, con el que mantiene una buena relación, también esta en el punto de mira de la investigación.
Según la denuncia de la Fiscalía, Renan habría actuado para que el grupo empresarial de Lucena pudiera conseguir dos reuniones en el Ministerio de Desarrollo Regional para hablar de un proyecto para construir casas asequibles para población vulnerable.
La defensa del hijo menor de Bolsonaro asegura que no programó ninguna reunión ni ayudó a Gramazini en su relación con el gobierno federal. También afirman que Lucena simplemente es su amigo y entrenador personal, pero que no existe relación de negocios entre ellos.
Cada vez se acumulan más frentes judiciales para la familia Bolsonaro, algo que contrasta con el discurso anticorrupción que el presidente hacía en campaña. Paralelamente, la gestión que su Gobierno ha hecho de la pandemia, sucediéndose cuatro ministros de Sanidad desde que comenzó la crisis sanitaria, cada vez desgasta más su popularidad. A finales de enero, una encuesta de Datafolha recogía que un 31% de los brasileños consideraba que el presidente estuviera haciendo un “buen” o “muy buen” trabajo, mientras que un 40% consideraba que era “malo” o “pésimo”. Sus peores datos de aprobación en estos dos años al frente de Brasil.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
