61 diplomáticos jubilados (embajadores en su inmensa mayoría) presentaron una declaración contra la amnistía que se negocia entre el Gobierno español y los independentistas catalanes, oponiéndose a la concesión de dicha amnistía a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y también a la autodeterminación de Cataluña.
Este grupo de diplomáticos jubilados señalan que la considerada “dramática situación en que se encuentra España” es culpa el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que, “con tal de continuar en el poder, está pactando con los enemigos de la Nación y les hace todo tipo de concesiones”.
A continuación, se reproduce la declaración de los diplomáticos, la carta remitida y la lista de signatarios:
DECLARACIÓN DE DIPLOMÁTICOS JUBILADOS: “NO EN MI NOMBRE, NI EN EL DE ESPAÑA: NO A LA AMNISTÍA, NO A LA AUTODETERMINACIÓN”
Sesenta y un diplomáticos jubilados han formulado una Declaración en la que se oponen a la concesión de una amnistía a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. La dramática situación en que se encuentra España es culpa de una persona que, con tal de continuar en el poder, está pactando con los enemigos de la Nación y les hace todo tipo de concesiones. Pedro Sánchez afirmó que su Gobierno nunca otorgaría una amnistía porque no cabía en la Constitución y, en el informe justificativo de la concesión de indultos a los sediciosos catalanes condenados por el Tribunal Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros, se decía que -a diferencia de los indultos- la amnistía era claramente inconstitucional. El PSOE no incluyó en su programa electoral la concesión de una amnistía y durante la campaña se mostró contrario a ella.
Sin embargo -como ha señalado Sánchez-, “las elecciones el 23 de julio cambiaron las cosas”, ya que, como consecuencia de sus resultados, necesitaba para ser reelegido los siete votos de JxC, el partido liderado por Carles Puigdemont, quien le ha exigido como condición “sine qua non” para concedérselos, la aprobación de una Ley de Amnistía sumamente amplia. En consecuencia, cambió de opinión, declaró que el coraje se manifestaba haciendo realidad el refrán “hay que hacer de la necesidad virtud”, y afirmó que –“en el nombre de España, en el interés de España y en la defensa de la convivencia entre españoles”-, defendía la amnistía en Cataluña para su normalización. Estas palabras no reflejan la realidad y el presidente confunde el interés de España con el suyo propio. Las consecuencias de este giro copernicano son extremadamente graves, ya que -si la actuación de los sediciosos catalanes fue legítima- cabría deducir que el rey Felipe VI ultrapasó sus funciones al acusar a las autoridades catalanas de alzarse contra el Estado de derecho, los magistrados del TS habrían prevaricado al condenar injustamente a unos patriotas, y el Gobierno y las fuerzas de seguridad abusaron de su poder y deberían pedir perdón a los golpistas por sus excesos.
También dijo Sánchez qué Puigdemont era un prófugo al que él traería a España para que rindiera cuentas ante la Justicia. Efectivamente lo va a traer, pero no como un delincuente, sino en loor de multitud, como un gran estadista que generosamente permitirá la formación de un Gobierno progresista. Ante la debilidad de Sánchez, Puigdemont ha aumentado considerablemente sus exigencias, en pugna con ERC, para ver quién consigue más de quien dará cualquier cosa por conservar el poder.
La Asociación Profesional de la Magistratura ha rechazado una futura Ley de Amnistía, porque tiene como objetivo anular el Poder Judicial y privilegiar a unos pocos miembros de la clase política. Semejante Ley de impunidad es inaceptable e inasumible en una democracia plena, porque quiebra el principio de separación de poderes y deslegitima al Estado de derecho. La amnistía prevista es inconstitucional, injusta e inmoral. No es un problema de izquierdas o de derechas, sino de dignidad nacional. Un presidente responsable no puede someterse al chantaje de los enemigos de España y aliarse con quienes pretenden destruirla.
Como diplomáticos, les preocupa el alto grado de desprestigio en que el Gobierno ha situado a España por su disparatada política exterior. Los colegas se han esforzado por contrarrestar el falso relato del independentismo y explicar a las Cancillerías el golpe de Estado dado desde el poder por las autoridades catalanas, y ahora ven cómo su labor ha sido en vano, porque los golpistas actuaron al parecer correctamente, y Puigdemont ya no es un prófugo, sino un político muy honorable. Los diplomáticos concluyen su Declaración haciendo un llamamiento al Gobierno para que recupere la racionalidad, abandone las amistades peligrosas con los enemigos de España, y trate de llegar a acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición, como sucede en otros países democráticos.
NO EN MI NOMBRE, NI EN EL DE ESPAÑA: NO A LA AMNISTÍA, NO A LA AUTODETERMINACIÓN
Los diplomáticos jubilados abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda preocupación e indignación por los acontecimientos que están ocurriendo últimamente en nuestro país por culpa de una persona que, con tal de continuar en el poder, está pactando con los enemigos de la Nación y se muestra dispuesto a hacerles inimaginables concesiones a costa de España y de los españoles, por más que las envuelva en el eufemístico ropaje de un “cambio de opinión”.
Antes de las últimas elecciones generales, Sánchez afirmó que “el independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar ya que no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”. En el el Informe justificativo de la concesión de indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumento que, “a diferencia de la amnistía -claramente inconstitucional-que se reclama en algunos sectores del independentismo, el indulto no hace desaparecer el delito”, y dicho informe fue aprobado por el Consejo de Ministros. El PSOE no solo no incluyó en su programa electoral la concesión de una amnistía a los responsables del procès, sino que la excluyó expresamente en sus declaraciones durante la campaña electoral. No entraba, en sus planes concederla, pero -como ha reconocido Sánchez- “las elecciones del 23 de julio cambiaron las cosas”.
¿Y en qué consistía ese cambio? Pues en que, para continuar al frente del Gobierno, Sánchez necesitaba sin más remedio los 7 votos de JxC, partido liderado por Carles Puigdemont. Según ha admitido el presidente en funciones, la concesión de la amnistía era una “condición” para que pudiera haber un Gobierno de progreso, y el coraje se manifestaba haciendo realidad el refrán “hacer de la necesidad virtud”. En consecuencia, afirmó con cinismo que, “en el nombre de España, en el interés de España y en la defensa de la convivencia entre españoles”, defendía la amnistía en Cataluña para su normalización política. ¿Cómo podía hablar en nombre de España cuando no había sometido esa propuesta a la consideración de los españoles en las elecciones? ¿En qué beneficia al interés de España y a la convivencia entre españoles el perdón y el olvido de los delitos comidos por unos delincuentes que, no solo no se han arrepentido de sus fechorías, sino que se han jactado de que los volverán a cometer?
Sánchez también dijo en su día que Puigdemont era un prófugo al que él traería a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Efectivamente lo va a traer, pero no como un delincuente abocado a ser juzgado por sus delitos, sino en olor de multitud como un antiguo -y futuro- presidente de la Generalitat, un estadista que permitirá con los votos de su partido la formación de nuevo Gobierno progresista.
Sánchez mantiene ahora que la celebración del referéndum ilegal del 1-O, las leyes de desconexión que abolían la Constitución y la declaración unilateral de independencia no fueron delitos, sino” crisis políticas” que nunca debieron ser judicializadas, y que -con la concesión de la amnistía- volvería a la política lo que nunca debería haber salido de ella. Las consecuencias de este increíble giro copernicano son extremadamente graves, ya que – si la actuación de los sediciosos catalanes fue legítima, al limitarse a ejercer su sacrosantos derecho a votar- cabría deducir que el rey Felipe VI habría ultrapasado sus funciones y errado al pronunciar su transcendental discurso del 3 de octubre 2017 -en el que culpó a las autoridades catalanas su ilegal alzamiento contra el Estado de Derecho-, los jueces del Tribunal Supremo habrían prevaricado al juzgar y condenar injustamente y a sabiendas a unos patriotas, y el Gobierno y las fuerzas de seguridad que intervinieron legítimamente para restaurar el orden constitucional violado abusaron de su poder y deberían pedir humildemente perdón a los golpistas por sus injustificables excesos.
Como diplomáticos, nos preocupa el alto grado de desprestigio al que el Gobierno ha situado a España con su disparatada política exterior, que la han convertido en el hazmerreír de Europa. Según Tarradellas, lo único que no podía hacer un político era el ridículo, y Sánchez lo está haciendo con creces. Nuestros colegas que dedicaron sus mejores esfuerzos para contrarrestar el falso relato de la ”agitprop” independentista y a explicar a las Cancillerías el golpe de Estado dado desde el poder por las autoridades catalanas -y que consiguieron que ni un solo Estado reconociera a la República Catalana- ven ahora que toda su labor fue en vano, porque los golpistas actuaron al parecer correctamente y Puigdemont no es ya un prófugo, sino un político honorable que trabaja incansablemente por el interés de España.
En un Gobierno serio -sea de izquierdas o de derechas- lo importante es que gobierne con coherencia, aunque en el presente caso no se trate de una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de dignidad nacional. Un presidente de Gobierno responsable no puede someterse al chantaje de los enemigos de España y aliarse con quienes pretenden destruirla. ¿Qué pensarán los jueces del TJUE de un Estado cuyo Gobierno ha solicitado la extradición de un prófugo al que ha acusado de sedición y de malversación, y ahora ve que desautoriza a sus jueces y se postra ante el reclamado para mendigarle los votos de su partido?
La Asociación Profesional de la Magistratura ha expresado su más firme rechazo a una futura Ley de Amnistía que -más allá de permitir a Sánchez obtener los votos necesarios para su investidura- tiene como objetivo anular el Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley, para privilegiar a unos pocos miembros de la clase política. Una ley que los exonerara de las responsabilidades penales ya declaradas por los tribunales o aún por enjuiciar, sin realizar modificaciones legales previas ni entrar en un nuevo proceso constituyente, “es inaceptable e inasumible en una democracia plena”, porque quebraría el principio de separación de poderes, y deslegitimaría a un Estado que dejaría de ser de Derecho al condenar sus Tribunales por delitos políticos. La amnistía prevista es inconstitucional, injusta e inmoral ¡No todo vale! Y aún no se ha ultimado el pacto con JxC, en cuya tramitación Puigdemont humilla cada día más a España. Cuando el prófugo levante su veto a la investidura de Sánchez, será muy superior la factura que pase al Estado.
En estos momentos tan graves, hacemos al Gobierno un llamamiento para que recupere la racionalidad, abandone las amistades peligrosas con los enemigos de España -que no son imprescindibles para la formación de un Gobierno- y trate de llegar a acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición, como sucede en los países democráticos de nuestro entorno.
LISTADO DE SIGNATARIOS DE LA DECLARACIÓN DE DIPLOMÁTICOS JUBILADOS: “NO EN MI NOMBRE, NI EN EL DE ESPAÑA: NO A LA AMNISTÍA, NO A LA AUTODETERMINACIÓN
1.-Albart, Álvaro
2.-Alba, César
3.-Ansoain, Ramón
4.-Arias, Inocencio
5.-Barañano, José Ramón
6.-Benavides, José Ignacio
7.-Bordallo, José Antonio
8.-Buitrón, Alberto
9.-Cacho, Manuel
10.-Cámara, Manuel de la
11.-Camuñas, Ignacio
12.-Carvajal, José de
13.-Cerro, Eduardo
14.-Cervera, José Manuel
15.-Cosano, Antonio
16.-Díaz Valcárcel, Carlos
17.-Elorza, Javier
18.-Fernández-Mazarambroz, Miguel Ángel
19.-Fernández-Pita, Rafael
20.-Figa, María Jesús
21.-Flores, Juan Luis
22.-Fuentes, Jorge
23.-Fuertes, Miguel
24-García Bañón, José
25.-González Cebrián, Juan
26.-Jiménez Ugarte, Javier
27.-Jover, Rafael
28.-López Álvarez, Fidel
29.-López Jacoiste, Viuda, María Fernanda Ortiz
30.-López Jorrín, José Ángel
31.-Lorenzo, Manuel
32.-Martel, Erik
33.-Mendívil, Rafael
34.-Miguel, Ramón de
35.-Mora-Figueroa, Santiago
36.-Nagore, Javier
37-Núñez Montesinos, Julio
38.-Ortiz Díaz de Tortosa, Gonzalo
39.-Ortiz Ramos, Alfonso
40.-Peña, José Luis de la
41.-Pérez Martínez, Arturo
42.- Pérez Villanueva, Joaquín
43.-Perinat, Luis Guillermo
44.-Pico de Coaña, Yago
45.- Prat, Juan
46.-Quesada, Eduardo de
47.-Remacha, José Ramón
48.-Rupérez, Javier
49.-Sánchez de Boado, Carlos
50.-Sánchez Jara, Antonio
51.-Segovia, Luis Fernando de
52.-Stampa, Leopoldo
53-Tapia, José Luis
54.-Urtasun, Juan José
55.-Villavieja, Manuel
56.-Viñal, Antonio
57.-Villavieja, Manuel
58.-Viqueira, Francisco José
59.-Ybáñez, Eloy
60.-Yturriaga, José Antonio de
61.-Zaldívar, Pablo
