El terrorismo global y la doble moral de Reino Unido

El apuñalamiento múltiple en la localidad de Reading, en Inglaterra, en el que perdieron la vida al menos tres personas, ha puesto de manifiesto, tras la pandemia de la COVID-19, la resiliencia y la adaptación al nuevo orden mundial de las distintas organizaciones terroristas, con especial asentamiento en países europeos como Reino Unido o España, donde la Policía ha practicado varias detenciones de peligrosos terroristas en las últimas semanas, uno de ellos retornado de Siria. En Londres, crecen ciertas críticas a las Fuerzas de Seguridad por no estrechar al máximo la vigilancia de sospechosos como el autor del ataque en Reading que tenían fichado y dar el margen suficiente para que pudiera cometer los crímenes.

El atentado terrorista tuvo lugar en Forbury Gardens, un céntrico parque de esa población situada entre Londres y Oxford, poco después de que se celebrase en esa zona una protesta pacífica contra el racismo en el marco del movimiento Black Lives Matter. Este ataque ha vuelto a avivar el debate sobre la doble moral del viejo continente, que apoya a determinadas milicias militares como ocurre con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) o el Ejército Nacional Libio (LNA) en la nación norteafricana, y solo presta atención a su peligro cuando sus intereses o su seguridad se ven amenazados. El arresto de un solicitante de asilo libio en relación con este triple asesinato ha puesto también de relieve la compleja relación de Reino Unido con determinados movimientos islamistas. 

Este doble rasero también está presente en la desigual atención que reciben estos acontecimientos en los medios de comunicación, en función de quiénes sean los responsables o de la nacionalidad de las víctimas. Una investigación elaborada por el digital Middle East Online ha llegado a la conclusión de que los ataques terroristas de Reading y Manchester tenían un vínculo. El sospechoso del ataque de este sábado había sido diagnosticado con estrés post-traumático, depresión y un desorden de personalidad, según la información a la que ha tenido acceso el diario The Guardian. Hace un año, Khairi Saadallah, un joven de origen libio, se preparaba para viajar a Siria para formar parte de las milicias controladas por los servicios de inteligencia turcos. Sin embargo, sus ambiciones se vieron frustradas después de que los servicios de seguridad británicos le impidieran viajar. 

El 22 de mayo de 2017, se produjo una explosión en el Manchester Arena, al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Este atentado—que causó la muerte de 22 personas y 116 heridos—fue un claro recordatorio de que las fuerzas de seguridad no podían bajar la guardia ante un fenómeno como el terrorismo global. Tras el ataque, la por aquel entonces primera ministra británica, Theresa May, decretó que el nivel de riesgo en Reino Unido se elevaba a “crítico”, lo que implicaba el empleo de efectivos militares en la protección de lugares clave y se incrementaba su presencia en la calle. El terrorismo ha sido desde entonces una amenaza para la seguridad del viejo continente, así como para los valores de las sociedades democráticas y para los derechos y libertades de los ciudadanos de Europa. Este tipo de acontecimientos llevaron a la Unión Europea a adoptar un planteamiento global para hacer frente “al problema de los combatientes extranjeros y del terrorismo autóctono”. 

El responsable del atentado de Manchester fue identificado como Salman Abedi, un joven nacido en esta misma ciudad en el seno de una familia de origen libio. Abedi había sido rescatado de Libia por la Marina británica tres años antes, según informó el diario Daily Mail, junto con otros ciudadanos británicos. El padre de este joven, Ramadan Abedi,  era oficial de seguridad en la época del régimen de Muamar el Gadafi, antes de desertar a principios de los años noventa y de unirse al grupo de combate libio liderado por Abdel Hakim Belhaj. Ramadan, quien se unió posteriormente al Partido Umma, encabezado por Sami al-Saadi y obtuvo asilo político en Reino Unido en 1992, regresó a Trípoli en 2011 para asumir el cargo de director administrativo de las Fuerzas Centrales de Seguridad bajo la autoridad del Congreso Nacional General, de acuerdo con la investigación elaborada por Middle East Online. 

En julio de 2019, el Gobierno del Acuerdo Nacional sucumbió a la presión británica, entregando a Londres al hermano de Salman, Hashem Abedi, quien estaba acusado de acabar con la vida de 22 personas en el atentado de Manchester. Sin embargo, la sentencia tuvo que ser pospuesta debido a las restricciones de viaje para hacer frente a la propagación del coronavirus.

En abril de 2018, el Gobierno británico admitió tener relación con antiguos miembros de un grupo armado libio vinculado a Al Qaeda. “Durante el conflicto libio de 2011, el Gobierno británico estuvo en comunicación con una amplia gama de libios implicados en el conflicto contra las fuerzas del régimen de Gadafi. Es probable que esto incluyera a ex miembros del Grupo de Combate Islámico Libio y de la Brigada de los Mártires del 17 de febrero, como parte de nuestro amplio compromiso durante este tiempo”, afirmó el por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alistair Burt. 

El diario The Times ha informado este lunes de que cuando David Cameron decidió en 2011 apoyar a las fuerzas que derrocaron a Gadafi, se permitió a cientos de libios exiliados viajar a la nación norteafricana para luchar en la guerra civil en su país. Entre los que viajaron se encontraban miembros del Grupo Islámico Libio de Lucha (LIFG), una organización islamista. Una de las primeras personas en defender la bandera del LIFG fue Abu Anas al-Liby, a quien se concedió asilo político en la década de 1990 y quien posteriormente se convertiría en una de las personas más buscadas por el FBI. . Liby fue finalmente capturado por las fuerzas estadounidenses en Trípoli en 2013 y murió de cáncer en 2015 antes de su juicio en Nueva York.

Era 2004 cuando los servicios de inteligencia británicos avisaron a la CIA de la presencia de Tailandia del líder del Grupo Islámico Libio de Lucha.  Varios años después, en abril de 2019, el diario británico The Guardian anunciaba que el Gobierno había gastado más de once millones de libras esterlinas de fondos públicos resistiendo las demandas de una disculpa, compensación y enjuiciamiento por la entrega del disidente libio Abdel Hakim Belhaj y su esposa, Fátima Boudchar, por parte del MI6 en 2004. 

Al final, tras ocho años de acciones legales que llegaron a la Corte Suprema, Theresa May ofreció una disculpa sin precedentes en el Parlamento a ambos acusados por “el maltato que sufrieron”. Belhaj y Boudchar fueron capturados en Tailandia por oficiales de la CIA en 2004 antes de ser llevados por avión a una de las prisiones de Muamar el Gadafi, donde Belhaj fue torturado y sentenciado a muerte. En cambio, Boudchar estaba embarazada de cuatro meses y medio cuando fue secuestrada y fue liberada poco antes de dar a luz. Los documentos de seguridad interna de Libia que salieron a la luz revelaron el papel que desempeñaron los oficiales de inteligencia en su secuestro, según el Guardian. 

En estos momentos, Belhaj, un político reconocido en Libia, ha participado en conversaciones internacionales para poner fin al conflicto que asola la nación norteafricana y asegurar un Gobierno estable en el país. Otra de las personas que supuestamente había regresado a Libia fue Ramadán Abedi, cuyos hijos están acusados de ser los responsables del atentado en el Manchester Arena. 

El Ejército Nacional Libio acusó a Gran Bretaña, también en abril de 2019, de apoyar a determinadas milicias armadas, beneficiándose de su condición de miembro permanente de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que denuncia públicamente los peligros del extremismo, únicamente cuando sufre las consecuencias del fenómeno del terrorismo global.