Alrededor de 3.000 personas marcharon por las calles de Jartum, capital sudanesa, exigiendo justicia y paz y mostrando su decepción un año después de la firma del acuerdo de transición entre el Ejército sudanés y los manifestantes tras la derrota del presidente Omar al-Bashir. Una de las principales proclamas ha sido exigir un castigo para los responsables de la muerte de más de 250 personas, según el Comité de Médicos de Sudán, durante las revueltas contra Al-Bashir entre diciembre de 2018 y abril de 2019.
El Consejo Militar Sudanés y los líderes de la protesta firmaron el 17 de agosto de 2019 una “declaración constitucional” poniendo fin a un acuerdo histórico para una transferencia gradual del poder hacia la población civil. Pero la lentitud en el proceso y la falta de medidas ha hecho que, sobre todo los jóvenes, quienes protagonizaron las manifestaciones de hace un año, vuelvan a salir a las calles para mostrar su frustración. Según medios locales, los manifestantes salieron con banderas y pancartas en las que exigían “justicia”, “paz”, “reforma del sistema de seguridad” o el “establecimiento del poder civil”.
“Estoy aquí para protestar porque queremos ver cumplidos los objetivos de nuestra revolución” dijo Sawsan Mohammad, un empleado de 22 años, a la agencia de noticias AFP. El primer ministro, Abdallah Hamdok, dijo en un comunicado este lunes que los problemas continúan. “Lograr justicias y brindar justicia a las víctimas es una de las tareas más importantes a las que nos enfrentamos y por la que estamos trabajando”, remarcó.
Según la televisión sudanesa, la Policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los enfrentamientos estallaron al final de la protesta cuando un asesor del primer ministro salió a buscar un escrito de los manifestantes, que exigían que el propio Hamdok se presentara. El primer ministro insistió en su comunicado en que “hay que reconstruir el aparato estatal y neutralizar el servicio público y modernizarlo al servicio de la ciudadanía”.
Se cumple un año de la firma del documento político que gestionaría el periodo de transición de tres años, al final del cual se celebrarían elecciones generales con pleno poder transferido a la población civil, a través de la mediación de la Unión Africana y Etiopía. El texto prevé elecciones en 2022 para tomar el relevo del Consejo Legislativo, que aún no se ha construido, así como el resultado de las negociaciones de paz con los rebeldes del oeste y sur del país.
