Irán sigue reprimiendo a las personas sospechosas de haber participado en la protesta por los derechos de las mujeres iraníes que siguió a la muerte de Mahsa Amini en septiembre, según declaró el jueves una misión de investigación de la ONU.
Una protesta sin precedentes, duramente reprimida, estalló en Irán tras la muerte bajo custodia, el 16 de septiembre de 2022, de Mahsa Amini, kurda iraní de 22 años, tres días después de ser detenida por la Policía de la Moral por violar el estricto código de vestimenta que impone el velo a las mujeres en la República Islámica.
El 24 de noviembre, los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU votaron la creación de una investigación internacional.
En diciembre se encomendó a tres mujeres: Sara Hosssain, abogada del Tribunal Supremo de Bangladesh, Shaheen Sardar Ali, profesora de Derecho paquistaní en la Universidad de Warwick (Reino Unido), y la argentina Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Hossain, que presidió la misión, declaró ante el Consejo que, diez meses después, el derecho de la familia Amini “a la verdad y la justicia sigue siendo papel mojado”.
“La falta de transparencia en torno a las investigaciones sobre su muerte también se pone de manifiesto en la detención continuada de las dos periodistas, Niluufar Hamedi y Elaheh Mohammadi, que fueron las primeras en informar sobre el suceso”, añadió.
Irán ha anunciado que 22.000 personas han sido indultadas en relación con las protestas, lo que “sugiere que muchas otras están en prisión o se enfrentan a cargos”, según Hossain.
No se dispone de datos oficiales sobre la naturaleza de los cargos ni sobre las condenas, detenciones o acusaciones relacionadas con las manifestaciones, añadió.
Hossain explicó que, según informaciones aparecidas en la prensa, los manifestantes indultados habían sido obligados a expresar remordimiento y a “admitir efectivamente su culpabilidad” firmando compromisos por escrito de no cometer “delitos similares” en el futuro.
“Se siguen imponiendo severas condenas a quienes participan en las protestas, incluso por ejercer derechos protegidos por la legislación internacional sobre derechos humanos”, subrayó.
“Lo más aterrador es que siete hombres ya han sido ejecutados tras procedimientos precipitados empañados por graves denuncias de violaciones del derecho a un juicio justo, incluidas confesiones obtenidas bajo tortura”.
La misión de investigación pidió a Teherán que detuviera las ejecuciones de los condenados a muerte a causa de las protestas y que pusiera en libertad a todos los detenidos por reunirse pacíficamente y difundir información sobre las protestas.
La Sra. Hossain pidió a Teherán que cooperara con la investigación.
