Semana movida en la alta política de Estados Unidos. El impeachment sobre Donald Trump está ya en su fase definitiva y todo lo que rodea al juicio político se mira con una gran expectación. Estos últimos días, la acusación, constituida por siete miembros demócratas de la Cámara de Representantes, y la defensa han ofrecido sus respectivos argumentos para tratar de convencer a los senadores, que ejercen como jurados.
La presión aumenta sobre los republicanos para que permitan la intervención de más testigos, pero no parece que vaya a ser el caso. En especial, los demócratas han estado abogando por que se autorice una declaración jurada de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Si se cierra la puerta a más comparecencias, el desenlace podría ser inminente: los senadores podrían pasar inmediatamente a votar sobre los cargos contra Trump.
Bolton fue cesado de su cargo en la Administración el pasado mes de septiembre debido, fundamentalmente, a las discrepancias que mantenía con Trump sobre la forma de manejar la política exterior en escenarios como Irán, Corea del Norte y Afganistán. Ahora, el veterano diplomático, un republicano de la vieja guardia, ha tenido la tentación de escribir sus memorias.
En un primer capítulo que se filtró a la prensa, Bolton cuenta cómo el presidente se sirvió de las ayudas económicas para ejercer presión sobre su homólogo ucraniano. Precisamente, en el centro de la investigación de la que está encargado el Senado, se trata de dilucidar si Trump incurrió en un delito de abuso de poder en sus tratos con Volodimir Zelenskiy, a quien pidió que investigase los lazos del demócrata Joe Biden con una empresa del país europeo.
Por el momento, el equipo de gobierno ha respondido con más opacidad y ha dedicado sus esfuerzos a tratar de impedir que el libro de Bolton salga a la luz. La Casa Blanca ha alegado que el escrito contiene un gran volumen de información clasificada que, de publicarse, pondría en riesgo la seguridad nacional.

Un gesto que, de cara a la opinión pública, no ha sido percibido como demasiado higiénico. Lo que ha puesto más nerviosos a los republicanos es que Bolton se ha mostrado abierto a testificar ante la Cámara Alta. Una comparecencia pública de Bolton sentaría un precedente que podría llegar a amenazar de manera seria los intereses del presidente de cara a la votación definitiva para su destitución. Para que eso ocurra, es necesario que una mayoría simple apruebe que sea llamado a declarar. A pesar de que el partido de Trump tiene 53 de los 100 escaños del Senado, no está claro que vayan a respetar la disciplina de voto.
Esta es la principal incógnita ahora mismo. Tanto los senadores republicanos Mitt Romney, de Utah, como Susan Collins, de Maine, han manifestado que votarán a favor de que comparezcan más testigos. Aun así, sería necesaria la aquiescencia de otros dos representantes.
Los otros dos nombres que han estado en boca de periodistas y politólogos han sido Lamar Alexander, de Tennessee, y Lisa Murkowski, de Alaska. Alexander, sin embargo, ya ha anunciado que votará en contra de la presentación de más testigos. Murkowski, por el momento es una incógnita. De todos modos, aunque optase por posicionarse a favor de los testigos, la cuenta resultaría en un empate, que beneficiaría muy probablemente a los republicanos. El presidente del Tribunal Supremo John Roberts, a cargo del juicio, podría pronunciarse para romper la igualdad, pero es muy poco probable.
La posición oficial del partido sigue siendo la de cerrar filas en torno a Trump. Hasta ahora, el obstruccionismo ha sido, junto a la negación, una de las principales líneas de defensa de la Casa Blanca. Durante la fase de investigación en la Cámara de Representantes, Trump vetó la comparecencia de numerosos testigos clave solicitados por sus rivales políticos.
Alan Dershowitz ha sido el otro nombre propio de la semana. El que fuera abogado de O. J. Simpson, y ahora integrante del equipo que representa al presidente, ha realizado unas declaraciones que han levantado ampollas. “Si un presidente hiciese algo que cree que le ayudará a ser elegido, en aras del interés general, eso no puede ser el tipo de ‘quid pro quo’ que resulte en un impeachment”, ha argumentado el letrado, profesor emérito en la Universidad de Harvard.
Las palabras de Dershowitz se han recibido con incredulidad en muchos sectores de la esfera política, de la prensa y de la ciudadanía. Se ha criticado duramente que el abogado haya justificado la actuación de Trump aludiendo, simplemente, a que lo hizo en pos de sus propios intereses. Los críticos aducen que, siguiendo esa misma línea lógica, cualquier comportamiento sería admisible siempre y cuando se emplee el pretexto del interés nacional.

“Todos los ‘quid pro quo’ no son iguales. Algunos son legítimos y otros son corruptos, y no se necesita tener telepatía para distinguir entre unos y otros”, ha explicado Adam Schiff, uno de los congresistas demócratas que ejerce la acusación y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que se encargó de la primera fase de la investigación.
El juicio se va definiendo, pero todavía no está cerrado. Si se autorizase la comparecencia de más testigos, se alargaría el proceso unas semanas más, pero es poco probable. En la votación final, que podría producirse en las próximas horas, se necesitaría el voto favorable de 67 de los 100 senadores para consumar el cese del presidente. Los demócratas, por el momento, solo tienen asegurado el respaldo de 47: los 45 de su partido y dos independientes.