La nueva ley de migración de Donald Trump permite la detención indefinida de los menores

La Administración Trump ha presentado una nueva legislación por la que se le permite a las autoridades retener a las familias migrantes en los centros de detención por un tiempo indefinido. Esta norma acaba, así, con la aplicación del Acuerdo de Conciliación de Flores, que desde hace dos décadas, establecía un límite de tiempo en la permanencia de los menores en dichas instalaciones – 20 días – y, además, estipulaba normas para garantizar que, durante la estancia, se dispusieran de unas condiciones mínimas de bienestar y estuvieran cubiertas las necesidades básicas. 

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, el objetivo que se busca con la nueva legislación dista mucho de las voces críticas que denuncian que esto provocará el fin de los derechos de los menores migrantes y sus familias: “la Administración Trump está tomando medidas para establecer estándares para la vivienda familiar que garanticen que las familias extranjeras puedan mantenerse juntas durante los procedimientos de inmigración. Esta nueva regla garantizará que los niños extranjeros estén seguros y bien atendidos mientras estén detenidos”, se puede leer en la nota.

Una de las bases sobre las que se asienta la justificación de la medida anunciada este miércoles es que el Acuerdo de Flores “ha sido explotado por traficantes de personas y otros que usan niños como peones para traer extranjeros ilegales al país”, pues esto les permitía a los contrabandistas, según la Casa Blanca, utilizar el acuerdo como “un punto de venta para los extranjeros que desean cruzar la frontera y ser liberados en al interior del país [Estados Unidos], explotando a los niños migrantes con fines de lucro”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha manifestado en este sentido: “Para proteger a estos niños del abuso y detener este flujo ilegal, debemos cerrar estas lagunas. Esta es una necesidad humanitaria urgente”. Mientras, en declaraciones a los medios, aseveraba que, con la nueva legislación, “se vuelve casi imposible que la gente llegue al país de forma ilegal”. 

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, ha concretado que las familias serían detenidas hasta que fueran puestas en libertad por haberles sido concedidos el derecho al asilo o deportadas a sus países de origen. En algunos casos específicos, las familias podrían gozar de libertad condicional para salir de los centros de detención mientras los tribunales deciden sobre su destino. Asimismo, ha reafirmado la idea de que la nueva norma lanzará “un poderoso mensaje” sobre que “traer a los niños a los Estados Unidos no será un pasaporte para ser liberados de los centros de detención”. 

Para los defensores de los derechos de la inmigración, la ley tratará “a su antojo” a las familias, donde el fin primará ante los medios: reducir el flujo migratorio. En este sentido, el abogado federal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Madhuri Grewal, denuncia que “este es otro ataque cruel contra los niños, a quien la Administración Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas antiinmigrantes”. “El Gobierno no debería estar encarcelando a los niños, y ciertamente no debería estar tratando de meter a más niños en la cárcel por más tiempo. El Congreso no debe financiar esto”, ha apuntado.

El analista de la Universidad de Willamette, Warren Binford, en una entrevista concedida a PBS, ha aseverado que “esto viola los derechos de los niños […] no solo propone que los niños sean detenidos, sino que sean detenidos en instalaciones sin licencia. El Gobierno no tiene instalaciones autorizadas para cuidar a las familias”. Además, ha denunciado que, con la nueva ley, está estipulado que el Gobierno federal “se regule y se controle a sí mismo”. “Y ya hemos visto lo que sucede cuando no hay nadie monitoreando las instalaciones de manera regular […] es una situación horrible”, ha concluido Binford.

Frente a estas críticas, McAleenan ha defendido la propuesta trumpiana: “Son entornos tipo campus con instalaciones médicas, educativas, recreativas, gastronómicas y de viviendas privadas apropiadas. Por ejemplo, el primer centro residencial familiar en Berks, Pennsylvania, tiene suites donde cada familia se aloja por separado”, refiriéndose a los centros de detención donde está previsto que se aloje a las familias cuando la ley entre en vigor.

En este sentido, cabe recordar que, desde septiembre del año pasado hasta junio de 2019, seis menores migrantes han muerto mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras ser detenidos cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera del país. Entre los fallecidos, había cinco guatemaltecos y una salvadoreña. En una perspectiva más general, dentro del estudio ‘Migrantes Desaparecidos’, la Organización Mundial para las Migraciones ha estimado que 3.114 personas han muerto durante los procesos migratorios a lo largo del año 2018, de los cuales 341 han sido en la frontera entre México y Estados Unidos de enero a octubre, un total de 45 personas más que en el año 2017.

El diario The New York Times ya denunciaba, en el mes de marzo, las duras condiciones médicas a las que están sometidos los migrantes provenientes de países centroamericanos, tras una extensa investigación sobre el terreno y entrevistas a migrantes y trabajadores: “Un promedio de 2,200 migrantes por día ahora cruzan la frontera de 1,900 millas de la nación con México, muchos de ellos después de viajes agotadores que los dejan heridos, enfermos o muy deshidratados. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de la nación a lo largo de la frontera carecen de instalaciones, personal o procedimientos suficientes para evaluar a fondo las necesidades de salud o proporcionar más que la atención de emergencia básica, una situación que ha provocado grandes peligros médicos”. 

Cabe recordar que, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por la Casa Blanca, “el número de extranjeros pertenecientes a unidades familiares detenidos en la frontera sur se ha disparado en los últimos años”. Las cifras que lo ilustran exponen que, en el año fiscal de 2013, las detenciones se situaban en las 14.855, mientras que en lo que va de 2019 han alcanzado las 432.838, lo que supone un incremento de más del 2.800%. La magnitud del fenómeno queda reflejada con el siguiente dato: ha habido más extranjeros de unidades familiares detenidos en la frontera sur en los últimos tres meses (184.000) que en todos los últimos años fiscales, asegura la Casa Blanca.

En cuanto a la separación de las familias, ACLU denunció, el pasado 31 de julio, que 911 niños y niñas habían sido apartados de sus padres desde el mes de junio de 2018. De dicho total, de más de la mitad (481) eran menores de 10 años y 185 no tenían más de 5 años.

Según recoge el diario The New York Times, el equipo del presidente estadounidense, Donald Trump, lleva presionando más de un año al Departamento de Seguridad Nacional para que encontrase “una forma de eliminar el acuerdo”. La nueva legislación presentada será publicada este viernes en el Registro Federal y deberá ser ahora aprobada por un juez federal, aunque de acuerdo con varios funcionarios de la Administración citados por la publicación, se espera esta sea impugnada inmediatamente en la corte. Si la justicia no lo impide, la ley entrará en vigor en un plazo de 60 días a partir de este viernes.