José Sánchez Mendoza/capitalmadrid.com
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Plataformas como Google y Facebook, 'youtubers' y usuarios se oponen con firmeza a la nueva regulación
"El fin de Internet", "ataque a la libertad de expresión", "censura" y quizá la más apocalíptica de todas: "Adiós a los memes", son algunas de las profecías que circulan estos días para referirse a la aprobación, el pasado 26 de marzo, de la polémica directiva europea de derechos de autor en Internet, más conocida como "articulo 13". Vamos desmontando ya esta última para que no cunda el pánico: los memes están a salvo al entrar en la categoría de 'parodia'.
El Parlamento Europeo aprobó la norma, que dará más protección al copyright y restringirá los contenidos compartidos Sale adelante el artículo 13, la peor pesadilla de Internet. De lo demás, adelantamos que no significa a priori el fin de nada, pero sí de la implementación de filtros que restringen, y mucho, la práctica de compartir contenidos online.
Según el texto que ha recibido la luz verde por parte del Parlamento Europeo, la directiva pretende que los autores, artistas y creadores de contenido reciban una remuneración apropiada ante la distribución masiva de sus creaciones en plataformas como YouTube, Facebook o Google News en la era digital en la que estamos instalados. La anterior regulación data del año 2001, cuando la mayoría de los servicios que hoy son cotidianos no existían, por lo que esta puesta al día responde a la necesidad de actualización de la ley.
¿Qué es el artículo 13?
El temido 'Artículo 13' es una de las disposiciones de esta regulación, el cual hace responsables a las compañías del material carente de licencia que compartan en sus plataformas, lo que les obligará a implementar barreras y cortapisas para impedir que este material llegue a los usuarios sin que la fuente original reciba su remuneración. Se otorgan exenciones a la norma en los casos de centros educativos y proyectos culturales y científicos, que podrán publicar reproducciones de obras ajenas sin pasar por caja (aunque deberán indicar la fuente), con lo que Wikipedia se salva de la quema. Como ya se ha dicho, los memes y parodias con propósitos satíricos y jocosos también estarán excluidos, aunque persiste la duda sobre los conflictos que pueden provocar los sistemas de detección algorítmicos cuando localicen un meme basado en una fotografía o fotograma de una obra sujeta a derechos de autor. Con los enlaces al contenido de otras webs, también se hará la vista gorda, ya que lo contrario habría sido ponerle puertas al campo.
Los opositores
La protección del copyright y los derechos de autor son, por ende, la razón de ser del proyecto legislativo europeo. Es lógico, pues, que los mayores beneficiados sean músicos, artistas y también los medios de información, ya que el contenido periodístico también está sujeto a restricciones: si se quiere reproducir el contenido de una noticia o texto informativo deberá contarse con el consentimiento de la fuente original, algo que entorpecerá sobremanera la labor de webs como Menéame. La norma también será una losa para los 'youtubers'.
Colosos como Google, Youtube e incluso Facebook y Twitter ven seriamente amenazado su negocio. Las dos primeras plataformas llevaron a cabo una infructuosa campaña llamada a "salvar Internet" ante lo que percibían como el fin de la libre circulación de contenidos. En un comunicado, Google sostuvo que la nueva regulación "provocará inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa".
Los usuarios también han levantado la voz. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, ha denunciado a través de los medios el riesgo que supone la directiva para "el modelo abierto y libre que ha hecho de Internet una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad", agregando que los políticos no pueden ignorar el "rechazo masivo" a la misma.
¿Es ya imparable el artículo 13?
Aunque hay muy pocas posibilidades de frenar la puesta en marcha de la directiva, ésta aún debe ser ratificada por el Consejo Europeo el próximo nueve de abril. Después, cada Estado miembro de la UE deberá transponer la norma a su ordenamiento jurídico interno, proceso en el que muchas de las voces críticas han puesto esperanzas de que sirva para suavizar algunas de las disposiciones.
