El aniversario de la revolución iraní debería suponer un serio apoyo de Occidente a los manifestantes
El 11 de febrero se cumple el 44 aniversario de la revolución iraní. En el momento del derrocamiento del Sha, esta revolución contaba con el apoyo abrumador del pueblo iraní, que en general creía que conduciría al advenimiento de la gobernanza democrática y las libertades civiles. Apenas se advirtió que el ayatolá Jomeini desbarataría el movimiento populista para erigirse en el primer líder supremo de un sistema que garantizaba el poder absoluto a los clérigos chiíes.
Aunque este sistema duró 44 años, siempre fue profundamente impopular. Los agravios contra el régimen teocrático han seguido proliferando, vinculados a unos patrones de represión y corrupción que hace tiempo que superaron a los del régimen del sha. En los últimos años, la situación económica se ha deteriorado hasta el punto de que la inmensa mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la riqueza nacional se ha concentrado cada vez más en manos de un reducido número de entidades, la mayoría de ellas propiedad exclusiva del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) o estrechamente afiliadas a él.
Este paramilitar de línea dura se fundó poco después de la revolución con el objetivo declarado de salvaguardar y exportar los principios islamistas de línea dura del régimen. En consonancia con su misión principal, la IRGC ha aprovechado su imperio financiero para aumentar la represión del pueblo iraní, así como para extender su alcance a la región circundante y al mundo en general.
Innumerables expatriados iraníes han pedido que se reconozca a la IRGC como entidad terrorista. Muchos iraníes se reunirán en París en el aniversario de la revolución para manifestarse a favor de una prohibición mundial de la organización. Los organizadores del acto, en su mayoría partidarios de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, lo han descrito como el primer y más fundamental paso hacia la aplicación de un conjunto de políticas más asertivas con respecto a la República Islámica en su conjunto.
Muchos responsables políticos occidentales respaldaron con entusiasmo las propuestas de tal designación, incluidos los miembros del Parlamento Europeo que votaron 598 contra nueve a favor de una resolución no vinculante sobre el asunto. Pero, por desgracia, los dirigentes de la UE están dando largas al asunto, y el jefe de política exterior, Josep Borrell, ha llegado a declarar públicamente que el organismo no tiene potestad para imponer la designación de terrorista hasta que el IRGC haya sido condenado por terrorismo por la judicatura de un Estado miembro.
Incluso si se toma este argumento al pie de la letra, no debería ser difícil obtener rápidamente una decisión de este tipo. Las actividades terroristas de la IRGC son bien conocidas en todo el mundo, y la propia organización sólo hace los intentos más superficiales por negar su culpabilidad. Por lo tanto, el problema no es la presentación de pruebas para una decisión judicial; es la falta general de voluntad política para perseguir tal decisión en este lugar. En otras palabras, la justificación de Borrell para la inacción de la UE se basa únicamente en la inacción preexistente.
Esta prolongada indecisión ha contribuido a crear una sensación de impunidad en el régimen iraní y, en particular, en las filas de la IRGC. La expectativa de Teherán de que Occidente guarde silencio ha puesto en peligro la vida de disidentes en su país y en el extranjero.
La Organización Muyahidín del Pueblo, que ha guiado muchas de las recientes protestas a través de su red de "unidades de resistencia", ha informado de que más de 750 manifestantes han sido asesinados por el régimen, principalmente por la milicia Basij del CGRI, desde que comenzó el levantamiento a mediados de septiembre, tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, a manos de la "policía de la moralidad" de Teherán. Entre los muertos hay más de 70 menores de 18 años. Al menos otras 30.000 personas han sido detenidas y más de 100 ya han sido acusadas de pena capital en un sistema en el que el CGRI influye con frecuencia en los procedimientos para conseguir las condenas más duras posibles por delitos contra la "seguridad nacional".
Hasta ahora, cuatro personas han sido ejecutadas en relación con la revuelta, y hay buenas razones para creer que los asesinatos se acelerarán a menos que cesen las protestas o que la comunidad internacional intervenga para limitar la capacidad del régimen de reprimir a su propio pueblo. La primera alternativa parece muy poco probable tras más de cuatro meses de valiente desafío por parte de los iraníes de a pie y las unidades de resistencia organizadas. Queda por ver si Estados Unidos y sus aliados tomarán medidas para evitar una masacre.
Su respuesta a la próxima manifestación en París podría ser una señal clara en uno u otro sentido. La comunidad de expatriados iraníes transmitirá demandas de actuación muy concretas, incluidas aquellas, como la proscripción del IRGC, que ya lleva semanas estudiando la UE. Si los responsables políticos consideran oportuno tomarse en serio estas exigencias, deberían actuar de inmediato. Y si lo hacen, y dejan así de lado las tendencias conciliadoras de las últimas cuatro décadas, la dictadura teocrática de Irán no durará mucho en este mundo.