Bolivia suaviza la relación con España tras su andanada diplomática
El Ejecutivo interino de Bolivia, liderado por la conservadora Jeanine Áñez, ha tomado la determinación de rebajar la tensión con España después del conflictivo episodio por el cual fueron expulsados y declarados personas no gratas Cristina Borreguero, encargada de Negocios de la Embajada de España, y el cónsul Álvaro Fernández, tras la visita de una comitiva española a la residencia de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, el pasado 27 de diciembre con la presencia de estos diplomáticos españoles acompañados de encapuchados, “presumiblemente armados” según las autoridades bolivianas, con la supuesta intención de evacuar a exministros del depuesto expresidente Evo Morales, quien se exilió a México acusado por la Organización de Estados Americanos (OEA) de haber manipulado los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre que le otorgaron la victoria por un escaso margen ante el opositor Carlos Mesa.
España negó la acusación boliviana sobre un intento de sacar a miembros del anterior Gobierno de Evo Morales, remarcando que se trató de una visita de “cortesía” y que los representantes españoles iban asistidos por personal de seguridad, única y exclusivamente para su propia protección.
El Estado español, consecuentemente, respondió a la dura postura boliviana con la expulsión también de tres representantes diplomáticos del país andino.
El gesto de aproximación del país latinoamericano ha consistido en última instancia en la designación del viceministro de Exteriores, Gualberto Rodríguez, como encargado de Negocios en España. El nombramiento del número dos de la Cancillería del país sudamericano para este nuevo puesto responde a la intención de volver a encauzar los vínculos políticos entre ambas naciones tras el fuerte encontronazo diplomático protagonizado a raíz de la visita de la delegación española a la sede de la embajadora mexicana en Bolivia María Teresa Mercado. "Bolivia desea superar este ‘impasse’ a la mayor brevedad y mantener estrechas relaciones con el reino de España, en el marco del tradicional respeto y la amistad que siempre les ha caracterizado", aclaró la Cancillería en un comunicado.
Todo ello en un momento delicado para la nación sudamericana, sumida en un conflicto político nacional derivado de la asunción del poder por parte de la senadora Jeanine Áñez, que se convirtió en presidenta de Bolivia a mediados de noviembre ante la huida a México de Evo Morales, al que la OEA señaló por “graves irregularidades” en los comicios que le dieron la presidencia por un pequeño margen a favor de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS). Áñez, del opositor partido Movimiento Demócrata Social, aprovechó la marcha del líder cocalero y la renuncia a sucederle de quienes, según la Constitución, eran los primeros del escalafón encargados de tomar las riendas de la Jefatura del Estado (el vicepresidente Álvaro García Linera y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, respectivamente) para hacerse cargo del sillón presidencial y ratificar el puesto en una sesión parlamentaria en la que tuvo un número favorable de votos gracias a que se ausentaron de la sesión los representantes del oficialista MAS, que contaba con mayoría en la Cámara; movimiento al que se dio validez legal ya que estaba prevista la opción en el texto constitucional siempre que se produjese en una situación de vacío de poder como la que se dio.
Precisamente, en este periodo de transición, que culminará con las próximas elecciones previstas para 2020, España ha venido participando como mediador junto a la Iglesia Católica, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE); entidad esta última que también condenó la expulsión de los diplomáticos Cristina Borreguero y Álvaro Fernández y que mostró su “profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática” tras una postura “extrema e inamistosa” de las autoridades bolivianas. En este sentido, la delegación europea en La Paz escuchó las explicaciones de Karen Longaric, ministra de Asuntos Exteriores de Bolivia, las cuales calmaron un poco los ánimos entre los embajadores comunitarios radicados en suelo boliviano.
"Fue un diálogo muy abierto y constructivo, eso ayuda. Mientras tanto, nuestra relación con el Gobierno es muy buena", aseguró tras la reunión Jörg Schreiber, jefe adjunto de la delegación europea. Los representantes comunitarios se interesaron por los preparativos electorales y ratificaron su decisión de apoyar el proceso de transición de manera ordenada para llegar a los próximos comicios.
Todavía se están tratando las posibles fechas para celebrar estas elecciones y se barajan los meses de abril y mayo. Un proceso electoral en el que tomará parte finalmente el MAS de Evo Morales con sus propias siglas y sin impedimento alguno, según confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La situación de los asilados en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz permanece igual desde el pasado mes de noviembre. Casi una decena de exfuncionarios del Gobierno de Evo Morales sigue pertrechados allí ante el fuerte cordón de seguridad que protege el edificio y protestas de manifestantes que piden su entrega a las autoridades de la nación.
El Ejecutivo de México manifestó que no entregaran a personas que se consideran perseguidas por la actual Administración boliviana, como los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta y Wilma Alanoca. Y es que el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador mantiene un estrecho vínculo ideológico con el izquierdista Evo Morales, de ahí su marcha a territorio azteca tras su salida forzada de Bolivia.
