Las denuncias al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua provenientes de la comunidad internacional no cesan. Tampoco lo hace la persecución a la disidencia. El país centroamericano atraviesa una situación crítica tras la detención de varios periodistas y líderes opositores que planeaban presentar su candidatura a las elecciones del próximo 7 de noviembre.
En este marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido este viernes la puesta en libertad y la protección de los cinco opositores encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega, entre los que se encuentran el economista Juan Sebastián Chamorro, el empresario José Adán Aguerri y los activistas políticos Félix Maradiaga y Violeta Granera.
El comunicado emitido por la organización sostiene que las detenciones responden a “una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual Gobierno de Nicaragua”.
La CIDH, órgano judicial vinculado con la Organización de los Estados Americanos (OEA), considera que los encarcelados poseen “un rol de liderazgo y visibilidad en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua desde abril de 2018, y se habrían manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de crisis de derechos humanos”.
Un total de 19 personas han sido arrestadas desde que comenzó la campaña contra la oposición política. El régimen de Ortega puso en marcha una operación ante el temor de salir derrotado en los comicios, en lo que Human Rights Watch ha catalogado como “parte de una estrategia más amplia para reprimir a la disidencia, infundir miedo y restringir la participación política”.
“Todo lo que estamos haciendo es conforme a la ley, con los códigos establecidos para investigar, procesar y enjuiciar a los que han cometido delitos contra la patria, lavado de dinero, como se hace con los narcotraficantes. ¡No hay ni un paso atrás, no habrá un paso atrás!”, sentenció Ortega el jueves durante su primera declaración pública desde el estallido de la campaña contra la oposición.
El marco legal utilizado de forma conjunta por la Fiscalía y la policía nicaragüense para justificar las detenciones abarca los delitos de “traición a la patria” e “incitar a la injerencia y a las sanciones internacionales”.
El mensaje de la CIDH se produce un día después de la acusación emitida por Ortega. El presidente reapareció tras más de un mes de ausencia para acusar a los consulados extranjeros de intromisión en asuntos internos: “Se venían reuniendo, en la Embajada de Estados Unidos, y exigiendo que eligieran un candidato, y de repente lo llevaban a la Embajada de España”, declaró.
“Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos”, sentenció el líder sandinista.
Según el presidente, los encarcelados pretendían organizar “otro 18 de abril”, en referencia al levantamiento popular acaecido en 2018 que se saldó con 300 fallecidos, 2.000 heridos y cientos de personas detenidas y procesadas. Ortega catalogó el movimiento como “golpe de Estado” y reprimió con dureza las protestas.
En su declaración, el líder sandinista negó que entre los detenidos hubiera candidatos a la presidencia: “Que no vengan con el cuento de que son candidatos, si no hay ninguno inscrito. No han llegado a tiempo para que sean las inscripciones”.
Durante la campaña represiva, Ortega ha arrestado incluso a antiguos miembros del Gobierno sandinista y exguerrilleros que combatieron junto a él durante la revolución que acabó con el dictador Anastasio Somoza.
Hasta 59 países emitieron el martes un comunicado conjunto a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la misiva, los líderes exhortaron a Ortega a revertir la campaña de persecución política desplegada durante las últimas semanas.
Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del medio disidente Confidencial, primo de uno de los encarcelados y perteneciente a la familia con más historia política de Nicaragua, huyó por segunda vez del país junto a su esposa tras sufrir un allanamiento de su vivienda a manos de las autoridades.
“Daniel Ortega cerró dos veces la redacción de Confidencial. Ahora la policía está allanando mi casa”, informó Chamorro el lunes a través de Twitter. “No silenciarán al periodismo”, sentenció.
La también periodista y principal candidata a las urnas, Cristiana Chamorro, continúa bajo arresto domiciliario desde que los antidisturbios irrumpieran en su domicilio. Las autoridades la inhabilitaron para presentarse a las elecciones por una supuesta investigación de blanqueamiento de capitales a través de la ONG que dirige.
Una organización que recibe el nombre de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, quien venció al actual presidente en las elecciones de 1990. La política hizo historia al ser la primera mujer del continente en ser electa al cargo de presidenta y, además, al poner fin al dominio del movimiento sandinista establecido desde la revolución de 1979.
“Esta es la venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quieren evitar que los nicaragüenses voten y evitar una transición a la democracia”, declaró Cristiana Chamorro antes de su encarcelamiento.
A raíz del estallido de las protestas nacionales de 2018, Estados Unidos impuso un régimen de sanciones a numerosos altos cargos del régimen nicaragüense por la brutal represión ejercida contra las concentraciones.
La Administración Biden ha mantenido las sanciones a través del Departamento del Tesoro. A principios de junio y de forma simultánea a la campaña contra la oposición, EEUU incluyó en la lista a otras cuatro figuras relevantes del Gobierno, entre ellos el director del Banco Central, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, y la hija del presidente, Camila Ortega.
La esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo, cargó contra Estados Unidos por la imposición de unos embargos “ilegales, arbitrarios, coercitivos y unilaterales”. Murillo tildó, además, de “traidores” a los candidatos encarcelados.
El as bajo la manga al que recurre el régimen de Ortega durante los periodos de crisis es la injerencia de Estados Unidos. El presidente utiliza este recurso desde que la CIA organizó ‘in pectore’ una milicia rebelde conocida como los contras para derrocarle en la década de los 80.
Daniel Ortega busca asegurar su cuarto mandato al frente del Gobierno en mitad de una caída sin precedentes de su popularidad, provocada por la devastadora crisis económica y la acuciante represión política. Desde el triunfo de la revolución sandinista, hace más de cuatro décadas, el actual presidente tan solo ha estado fuera del poder 16 años.
A lo largo de su carrera política, Ortega ha pasado de engrosar la lista de revolucionarios marxistas del siglo XX a desplegar un férreo control del país centroamericano previo paso por la oposición.
En su vuelta a la presidencia en 2006, tras perder tres elecciones consecutivas, Ortega dejó atrás el marxismo y su antiamericanismo para coaligarse con la Iglesia Católica nicaragüense y acercarse al sector privado. Entre 2007 y 2017, Managua fomentó la inversión extranjera e impulsó el crecimiento económico por encima del nivel al que lo hacían sus vecinos.
Sin embargo, la recesión de 2018 originada tras el estallido del sistema de pensiones envió a muchos ciudadanos a la pobreza, y la crisis de la COVID-19 no hizo sino agravar la espiral de crisis.
De forma simultánea, Ortega comenzó a laminar las instituciones mediante la censura de los medios de comunicación, la manipulación del consejo electoral y la utilización de las cartillas de racionamiento. Una dinámica que aún persiste.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
