Erdogan da marcha atrás y no expulsará a los diez embajadores
Recep Tayyip Erdogan finalmente ha optado por tomar el camino de la cordura, algo no demasiado común en el líder otomano. La expulsión de diez embajadores que pretendía materializar con la previa denominación de persona non grata de todos ellos parece haber quedado en agua de borrajas tras unas intensas negociaciones con funcionarios de su propio Gobierno. Entre los países se encuentran algunos de los protagonistas en el tablero del orden internacional, como son Estados Unidos, Francia o Alemania. Sin embargo, las advertencias de los países occidentales acerca de las consecuencias que podría traer consigo esta decisión ha hecho a Erdogan frenar el proceso de expulsión.
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Francia, Finlandia y Suecia son los diez países que firmaron una declaración conjunta pidiendo la liberación del activista de derechos humanos, Osman Kavala. En ella se pedía la puesta en libertad de Kavala que permanece en prisión preventiva desde que fuese detenido en 2017 por realizar “conspiraciones contra el Estado”, además de ser presuntamente partícipe del intento del golpe de Estado contra el Gobierno de Erdogan en 2016. El activista siempre ha negado cualquier implicación en el intento de derrocar al Ejecutivo que continúa su espiral de autodestrucción en un panorama exterior cada vez más complejo para las aspiraciones turcas.
“Los retrasos continuos en el juicio, incluida la fusión de diferentes casos y la creación de otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco”, aseguraba el comunicado emitido conjuntamente por los diez países. Además, piden “una resolución justa y rápida” del caso. Pero no sólo ellos. Desde hace dos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige la puesta en libertad del activista dado que consideran su encarcelamiento como algo “arbitrario e ilegal”. No obstante, el Gobierno de Turquía se ha negado categóricamente en numerosas ocasiones, haciendo oídos sordos a las resoluciones cuyo cumplimiento debería ser mandatorio en el país.
El movimiento en las oficinas de Ankara ha sido de los más intenso desde el fin de semana pasado. La decisión de Recep Tayyip Erdogan suponía un importante peligro para las relaciones exteriores del país, lo que alarmó a los responsables del Ministerio de Exteriores. De hecho, según apuntan diversos medios, han sido altos funcionarios de Exteriores los que han mantenido conversaciones con el presidente con la intención de hacerle cambiar de opinión, como finalmente ha hecho. La decisión – prácticamente sin precedentes en la historia de la diplomacia – ponía en riesgo, entre otros muchos asuntos, las negociaciones con Estados Unidos por aviones de combate, algo que también está generando tensión entre ambos Estados.
El propio Erdogan ya había declarado públicamente que se había puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, para que “trate de inmediato la declaración de estos diez embajadores como de personas non gratas”. Gracias a la insistencia de los responsables de esta cartera, se ha podido evitar lo que hubiese supuesto un duro golpe a las relaciones de Turquía con algunos países de gran importancia. Los vínculos que unen a Ankara con sus aliados de la OTAN podrían haber sufrido mucho en el caso de haber seguido adelante con la expulsión de los representantes de estos diez países.
Las advertencias de sus ministros no han sido las únicas señales que ha recibido el presidente Erdogan acerca de lo catastrófica que podría ser esta decisión. Ayer lunes, la apertura de los mercados ya marcaba una tendencia a la baja de la cotización de la lira turca, con caídas que alcanzaban el 3%. La depreciación de la moneda local es una constante que está arrastrando la economía de Turquía y poniendo en serio peligro la seguridad financiera de millones de familias en todo el país. Según un informe de la Comisión Europea, más de 20 millones de turcos – casi una cuarta parte de la población total – se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.
A pesar de que Estados Unidos asegura cumplir con el artículo 41 de la Convención de Viena, desde Turquía consideran “un paso atrás” el comunicado emitido por los diez países. El artículo 41 es el que evita que los embajadores de países extranjeros se inmiscuyan en asuntos internos del país en el que se encuentran destinados. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano afirma que “la declaración que emitimos el 18 de octubre está en consonancia con el artículo 41 de la Convención de Viena” ya que se limitaban a reivindicar que pedir la libertad de Kavala no suponía una extralimitación de sus funciones.
