El pasado domingo 7 de marzo tuvo lugar una serie de explosiones en el campamento militar de la zona del cuartel de Nkuantoma, en la ciudad de Bata, zona noroeste de Guinea Ecuatorial. En primera instancia la cifra de muertos no se podía estimar, como dijo a través de su cuenta de Twitter el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social: “Se estima que ha habido fallecidos y muchos desaparecidos bajo los escombros. Hasta ahora se desconoce el número total de fallecidos”. Días después, según el mismo Ministerio, el número de fallecidos a causa de las cuatro bombas que explotaron en el campamento militar habría aumentado hasta alcanzar los 105 muertos, además de 615 heridos. Aunque, según algunos ciudadanos entrevistados, en vista de los cadáveres, la cifra podría ser ampliamente superior. Las operaciones de rescate aún están activas sobre la región de Bata en busca de posibles víctimas. Las explosiones han arrasado con varios edificios del cuartel de Nkuantoma e incluso con algunos de los edificios colindantes.
Algunas organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch (HRW) y EG Justice han pedido que se lleve a cabo una investigación que aclare los motivos de las explosiones ya que creen que “la cantidad real de víctimas es mucho mayor”. Incluso han atacado al presidente del país, Teodoro Obiang, que consideran “ha instalado a miembros de la familia en puestos clave, que han utilizado para amasar enormes fortunas con la riqueza petrolera del país, mientras que la gran mayoría de la población vive en la pobreza”. Un ataque al máximo responsable de la política de Guinea Ecuatorial, cuyas instituciones gubernamentales, dicen “carecen de independencia, transparencia y adherencia al Estado de derecho”.
Ambas ONG han incitado a la Unión Africana y al resto de la comunidad internacional a implicarse en la investigación del suceso debido a la poca fiabilidad que les ofrece el Gobierno guineano. El presidente Obiang argumenta que se debe a “la negligencia y descuido de la unidad encargada del cuidado y protección de los depósitos de dinamitas y explosivos anexos al de las municiones del cuartel militar”. No obstante, desde las organizaciones quieren saber el porqué del almacenamiento de explosivos por parte de los militares en ubicaciones cercanas a zonas residenciales: “Los ecuatoguineanos merecen saber por qué los militares almacenan explosivos en medio de un área poblada, si hay otras sustancias almacenadas que representan un peligro público inminente y qué está haciendo el Gobierno para evitar otra explosión similar en el futuro”.
Desde la independencia de Guinea Ecuatorial de España el 12 de octubre de 1968, es considerado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países que más represión ejerce en todo el mundo. El régimen de Malabo cuenta con varias acusaciones por torturas, detenciones a disidentes, denuncias de fraude electoral y un largo etcétera de casos que el Gobierno de Teodoro Obiang no ha sabido justificar.
El líder de 78 años gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979, tras dar un golpe de Estado a su tío, Francisco Macías Nguema. El cambio no supuso ningún cambio más allá de la imagen de un nuevo dictador ostentando el cargo que, aún a día de hoy, sigue sin ser considerado por muchos como una democracia plena. Cabe destacar que Obiang es actualmente el presidente que más tiempo lleva al frente de la presidencia de un país en todo el planeta. Y es que, a pesar de que durante el franquismo – cuando Guinea Ecuatorial tuvo su independencia – el país obtuvo una Constitución y un sistema democrático, 50 años no han sido suficientes para que se regularice la situación de un Estado que sigue sumido en la represión. Y no será por la pobreza que tienen en Guinea Ecuatorial, ya que son el país africano con mayor renta per cápita en todo el continente. Se han ganado así de forma merecida el apodo de “la Suiza africana”.
