Durante el año pasado las ejecuciones se incrementaron más de un 25% en Irán, de acuerdo con las ONGs Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM) con sede en Noruega y Francia respectivamente. Las condenas a muerte se duplicaron especialmente tras la elección del clérigo conservador Ebrahim Raisi, quien juró el cargo de presidente el 5 de agosto. Analistas y medios de comunicación ya advirtieron sobre una mayor opresión en caso de que Raisi fuese el vencedor de las elecciones presidenciales. Diversas fuentes apuntan que el actual mandatario estuvo involucrado en la masacre masiva de miles de presos políticos en 1988.
En total, al menos 333 personas fueron condenadas a muerte en 2021, en comparación con las 267 del año anterior. No obstante, el informe señala que solo el 16,5% de los asesinatos fueron anunciados por las autoridades. IHR y ECPM afirman que el número de ejecuciones se elevó de forma “alarmante” tras la elección de Raisi en junio, mes donde se registraron más asesinatos, 51; y se duplicó en la segunda mitad de 2021 con respecto a la primera parte del año.
Uno de los principales delitos entre los ejecutados fue el tráfico de drogas. “El número de ejecuciones vinculadas con el tráfico de drogas dio un salto espectacular con un total de 126 ejecutado el año pasado, es decir un centenar más que el año anterior, que se registraron 25”, explican las ONGs.
El informe presentado por las dos organizaciones destaca también que en el 2021 aumentaron las ejecuciones de mujeres. 17 mujeres fueron asesinadas por el régimen durante el año pasado, ocho más que en 2020. IHR y ECPM subrayan los nombres de Zahra Esmaili y Maryam Karimi, condenadas a muerte por asesinar a sus maridos maltratadores. Dentro de las personas ejecutadas también se encuentran menores de edad, como Arman Abdolali, acusado de matar a su novia.
Por otro lado, las ONGs denuncian el número “desproporcionado” de ejecuciones de minorías étnicas, en particular, los baluchíes. El 21% de los ejecutados en 2021 formaban parte de esta comunidad, a pesar de que los baluchíes solo representan el 2-6% de la población total.
“Los terribles balances de la República islámica en materia de derechos humanos y pena de muerte no están incluidos en las negociaciones del JCPOA (acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní)”, lamenta Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR. Amiry-Moghaddam ha advertido que no habrá un acuerdo sostenible “a menos que la situación de derechos humanos en general y la pena de muerte en particular sean partes centrales de las negociaciones”.
El director de la ONG con sede en Noruega también resalta que “las autoridades iraníes son objeto de una menor vigilancia” mientras se llevan a cabo las negociaciones de Viena. “Toda negociación entre Occidente e Irán debe incluir la cuestión de la pena de muerte entre sus prioridades”, coincide también Raphael Chenuil-Hazan, director general de ECPM.
Sin embargo, el informe elaborado por las ONGs también revela que una gran parte de la población iraní está en contra de esta “práctica inhumana”. “El apoyo de la opinión pública a la pena de muerte ha disminuido significativamente”, indican las organizaciones. Amiry-Moghaddam, por su parte, también considera que la pena de muerte “no es popular entre los iraníes”. “Las autoridades lo utilizan para sembrar el miedo y convertir a los ciudadanos comunes en cómplices de su brutalidad y violencia”, añade.
El régimen de Teherán se mantiene en el mismo camino en 2022. Según Iran Human Rights Monitor, durante el pasado mes de marzo las autoridades del país llevaron a cabo 39 ejecuciones. 19 de los condenados fueron acusados de asesinato, mientras que los otros 20 fueron ahorcados por delitos relacionados con drogas.
Además del asesinato, las ONGs denuncian el uso de torturas físicas y psicológicas “de manera sistemática” para “conseguir confesiones que se convertirán en la base de las condenas a muertes”. El año pasado salieron a la luz varios casos de muertes sospechosas en prisiones, causadas probablemente por torturas o el rechazo a la atención médica apropiada.
