Marruecos refuerza sus políticas digitales
En un contexto de creciente vigilancia sobre el uso de las redes sociales, Marruecos ha adoptado una postura firme para enfrentar a quienes, a través de estas plataformas, atentan deliberadamente contra la imagen del país y sus relaciones exteriores. La reciente condena a prisión de un activista islamista por publicaciones consideradas ofensivas hacia Arabia Saudí refleja esta nueva política.
El Tribunal de Primera Instancia de Khouribga sentenció el pasado lunes a Mohamed Boustati, miembro del grupo opositor islamista Al Adl Wal Ihsan (Justicia y Caridad), a un año de prisión por difamación tras realizar publicaciones en Facebook sobre la guerra en Gaza que fueron interpretadas como un ataque a las instituciones y símbolos saudíes. La denuncia provino del Departamento de Investigación saudí, y a pesar de que Boustati alegó que su cuenta había sido hackeada, el tribunal consideró que existían pruebas suficientes para condenarlo.
El grupo Al Adl Wal Ihsan, oficialmente prohibido, es la organización de oposición más destacada de Marruecos y uno de los partidarios más activos de la organización palestina Hamás.
Este caso no es un hecho aislado. A principios de marzo, otro tribunal en Casablanca condenó al activista Fouad Abdelmoumni, secretario general de la sección de Transparencia, a seis meses de prisión y una multa de 2.000 dirhams (aproximadamente 200 euros) por insultar a las instituciones del Estado en redes sociales, durante la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron. La publicación incluía una expresión ofensiva para el país y un ataque al Estado.
Las autoridades marroquíes han subrayado su compromiso con combatir la difamación y la propagación de noticias falsas en el entorno digital. El Ministerio del Interior ha denunciado la utilización de las redes sociales y otros sitios web para atacar a las instituciones de seguridad nacional, difundir desinformación y socavar la confianza en las instituciones públicas. Según el fiscal adjunto del Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, estas publicaciones excedían los límites de la libertad de expresión y constituían elementos de un delito penado por la ley.
En respuesta a estos desafíos, el gobierno marroquí está implementando una serie de reformas legales para reforzar la protección del espacio digital. El ministro de Justicia, Abdellatif Wahbi, ha anunciado la preparación de modificaciones legales integrales para combatir los delitos cibernéticos, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos digitales y la libertad de comunicación. Wahbi subrayó que Marruecos enfrenta un auge tecnológico sin precedentes que ha llevado al surgimiento de nuevos desafíos legales, como el fraude electrónico, la difusión de noticias falsas, la calumnia y la difamación digitales, así como la atracción de personas en línea con fines delictivos.
Estos esfuerzos no son nuevos. Marruecos ha venido reforzando su marco legal desde 2003, con reformas al Código Penal y la promulgación de leyes para la protección de datos y las transacciones electrónicas. Estas reformas incluyeron una ley de justicia militar para combatir los delitos cibernéticos que pudieran afectar los sistemas de defensa nacionales. Además, el país ha ratificado acuerdos internacionales como el Convenio de Budapest en 2018 y el Segundo Protocolo Adicional sobre la Penalización de Actos Racistas en Línea en 2022, lo que ha fortalecido la cooperación con proveedores de servicios para acceder a pruebas electrónicas durante investigaciones o procedimientos penales.
La postura de Marruecos también responde a la necesidad de adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y la expansión del comercio electrónico, que han traído consigo nuevos riesgos digitales. El Reino ha participado activamente en la elaboración de una convención internacional integral sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, cuyo marco será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su ratificación.
Asimismo, las disposiciones de esta convención se centran en establecer mecanismos simples para emitir órdenes y solicitudes a proveedores de servicios de otros países, con el fin de revelar información sobre suscriptores o sus datos de movimiento. También se incluyen medidas para proteger los datos personales y mejorar la cooperación en investigaciones penales conjuntas.
Los observadores consideran necesaria esta firmeza para evitar que las redes sociales se conviertan en un vehículo para el caos y la propagación de ideas destructivas. Sostienen que la libertad de expresión debe ejercerse de manera responsable, respetando los derechos de los demás y oponiéndose a la difusión de mensajes que puedan afectar la convivencia y la armonía entre naciones.
Con estas medidas, el Reino busca no solo proteger su reputación y relaciones exteriores, sino también garantizar que la libertad de expresión en el entorno digital se ejerza con responsabilidad y respeto hacia los demás, en un contexto global de creciente interconexión y desafíos digitales.
