Dos ministros marroquíes no dan de alta a sus empleados en la Seguridad Social
Un escándalo se vive estos días en el vecino país Marruecos resaltando en su prensa, los otros medios sociales y su Parlamento. Se trata de dos ministros del gobierno que omitieron declarar a sus secretarias en la Seguridad Social. Los dos ministros son abogados de profesión, uno con bufete en Casablanca y el otro en Agadir. Para el colmo uno es nada menos que el ministro de Trabajo, el joven Mohamed Amekraz, cuya misión primordial es velar por la aplicación de las leyes laborales, y el otro es el destacable y honorable Mustafá Ramid, ministro de Estado encargado de los Derechos Humanos y en el Gobierno de Benkiran fue el ministro de Justicia.
Los dos ministros pertenecen al partido islamista PJD (Partido de Justicia y Desarrollo): Mustafá Ramid es uno de los destacados barones del partido islamista y Mohamed Amekraz es el secretario general de las juventudes de este partido que predica justicia y desarrollo, además en el discurso se alzan contra “atahakum”, la arbitrariedad y el albedrio.
El primer escándalo salió a la luz pública hace unos diez días a raíz del fallecimiento de una secretaria que trabajó, durante veinte cuatro años, en el bufete del ministro de los DDHH sin haber sido nunca declarada a la Seguridad Social a lo largo de todo este tiempo.
Ante la ola de repulsa en los medios sociales, gente próxima al ministro Ramid y a la corriente islamista -diferenciando entre musulmán e islamista- algunos de ellos del mismo bufete, incluso al parecer el propio padre de la difunta, resaltaron la faceta bondadosa de Ramid como un hombre de bien, destacando su generosidad con su personal y, en especial, con la defunta. Hacen hincapié en que cuando enfermó le ofreció su apoyo económico y fue la interesada la quien rechazó darse de alta en la Seguridad Social a pesar de la insistencia del señor Ramid. En los medios replican que el tema no se relaciona con la generosidad y la bondad de las personas, sino que se trata sencillamente de aplicar las leyes en vigor, sobre todo, por los que deben velar por su aplicación y respeto.
Por su parte, Mohamed Amekraz, ministro de Trabajo, tampoco declaró a un empleado que trabajó en su bufete de abogados en Agadir durante varios años. Según la prensa marroquí, hay también el caso de una empleada que trabajó entre 2009 y 2010 sin ser declarada y regresó de nuevo a su bufete en 2016 cobrando un salario de 1.500 dirhams (140 euros). El caso toma más relevancia puesto que en su calidad de ministro de Empleo es también el presidente del Consejo de Administración de la Seguridad Social. En esta calidad, compareció el pasado miércoles 17 de junio ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de los consejeros del Parlamento, durante la cual lanzó duras críticas a los empresarios que se niegan a declarar a sus asalariados a la Seguridad Social. Dos o tres días después del estallar el escándalo de Ramid, su colega de gobierno, de abogacía y de partido, en su bufete en Agadir procedieron precipitadamente el día 19 de junio a dar de alta en la Seguridad Social a cinco de los empleados de su bufete en Agadir.
El impacto de estos dos casos sobre la imagen del Gobierno de Othmani a nivel de la opinión pública marroquí, como a nivel de los foros internacionales, será, sin duda, muy grande y la credibilidad será seriamente dañada.
A nivel de la opinión pública marroquí, a pesar de todas las justificaciones presentadas, estas no convencen a nadie. Resulta difícil comprender que dos juristas miembros del gobierno que infrinjan la ley sigan en el gobierno y que no asuman las consecuencias de estos hechos y sus responsabilidades políticas. Pasar por alto lo sucedido para muchos significaría permitir a otros miembros del gobierno violar de manera impune las leyes que el mismo gobierno dicta. Tan grave sería el precedente, dicen algunos, que se daría el caso de que un ministro como el Finanzas, por ejemplo, se tomaría la libertad de no pagar su contribución de impuestos y a la vez no escatimar esfuerzos en sancionar al resto de los contribuyentes para persuadirles en cumplir con ese deber de ciudadanía que él mismo no cumple.
A nivel de los foros internacionales resultará muy delicado para Marruecos, incluso embarazoso, que el ministro de Estado Ramid, con su cartera de los Derechos Humanos, exponga con éxito y credibilidad ante los organismos internacionales que tratan sobre los DDHH los logros realizados en Marruecos en materia de estos nobles principios, ofreciendo una buena imagen de Marruecos por la sencilla razón que su imagen es dañada. Por su parte, para el ministro de Trabajo, durante las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo en la que participan delegaciones compuestas por empresarios, sindicatos y ministros de Trabajo de todo el mundo, ya no será fácil que presida la delegación tripartita marroquí (empresarios, sindicatos y gobierno) para tratar sobre las leyes laborales y la Seguridad Social en favor de los trabajadores del mundo porque no es creíble.
Saadeddine El Othmani está ante un delicado asunto en el que su decisión es de gran importancia moral y de trascendencia política. Situación embarazosa tanto en su calidad de jefe de Gobierno como jefe de un partido político de referencia islámica en el que se predica la justicia y el desarrollo en un marco de una moral islámica.
La imagen del PJD sale muy dañada ante la opinión pública marroquí. Los ciudadanos se están dando cuenta de la gran diferencia entre lo que dicen los islamistas y lo que hacen. Aplican lo opuesto de lo que predican. Muchos marroquíes están sacando conclusiones negativas y creen que están ante un discurso demagógico, hipócrita y de doble moral.
