La nación turca tiene ya más de 2.000 muertos y más de 86.000 casos diagnosticados por coronavirus situándose así como el país que más afectados acumula en total por la enfermedad COVID-19 en la región de Oriente Medio y sus cercanías. Le ha arrebatado este dudoso honor a Irán, donde las autoridades han dado orden de abrir núcleos comerciales y vías de acceso entre localidades para dar un empujón a su maltrecha economía, golpeada por las sanciones impuestas por Estados Unidos; en lo que es visto como una medida controvertida ante el miedo por la aparición de una segunda oleada de infecciones.
Turquía sobrepasa a la República Islámica de Irán en casos totales, aunque en cuanto al número de fallecimientos por la pandemia la nación persa acumula más de 5.000, una cifra sensiblemente superior a la otomana (respecto al número de diagnosticados, se sobrepasa ligeramente los 82.000).
El ministro turco de Salud, Fahrettin Koca, admitió estos números y reconoció el fuerte ascenso del número de víctimas provocadas por la COVID-19 en territorio otomano.
Ante este escenario de auge del coronavirus, las autoridades turcas decidieron prorrogar hasta el 3 de mayo, quince días más, la prohibición de desplazarse entre 31 provincias del país, entre ellas las de los principales núcleos urbanos, como Estambul (centro financiero), Ankara (capital administrativa) y Esmirna.
El Ministerio de Interior turco señaló mediante comunicado oficial que está prohibido salir o entrar de las provincias afectadas "por las fronteras terrestres, aéreas o marítimas", ya sea en transporte público, en coche privado o andando, salvo si se está en posesión de un permiso especial.
Las 31 provincias afectadas representan el 80% de la población de Turquía e incluyen todos los principales centros económicos, políticos y sociales del país, como Ankara, Estambul, Esmirna, Gaziantep, Antalya o Diyarbakir.
A pesar del incremento de casos en Turquía, la curva de expansión de la COVID-19 se mantiene relativamente estable, según han manifestado fuentes oficiales. En este sentido, el ministro Fahrettin Koca explicó que a pesar de haberse incrementado el número de pruebas de detección realizadas “hay un descenso del número de casos nuevos”, todo ello dentro del duro marco de cifras globales de muertos y diagnosticados.
El hecho de que Turquía haya sobrepasado a Irán en número total de afectados por el coronavirus es paradójico ya que a finales de febrero el país presidido por Recep Tayyip Erdogan tomó la determinación de cerrar los pasos fronterizos con el país persa y de suspender también los vuelos entrantes debido al fuerte brote que estaba sufriendo el vecino iraní por aquellas fechas y que le situaba entre los tres países más azotados a nivel mundial.
Mientras se trata de doblegar la curva de muertes y afectados por la COVID-19 en todo el planeta, la República Islámica de Irán ha decidido empezar a abrir autopistas interurbanas y grandes centros comerciales para reactivar su economía, duramente sacudida por la actual crisis sanitaria que ha provocado un parón general y afectada, además, por una mala condición arrastrada previamente por las sanciones impuestas por Estados Unidos.
El régimen de los ayatolás parece apostar por una flexibilización de los controles ante una mejora en las cifras de nuevos casos de afectados por la pandemia, pero existe el temor a que esta reapertura provoque una nueva racha de contagios por la mayor actividad que se espera.
Los dirigentes iraníes defienden su gestión en virtud de mejorar la economía nacional y para mitigar el golpe financiero ocasionado por la interrupción del flujo social y económico provocada por la crisis sanitaria.
La problemática de salud actual ha afectado a los ingresos del 50% de los entrevistados por la Agencia Iraní de Encuestas de Estudiantes (ISPA, por sus siglas en inglés). El 42% de los encuestados dijeron que sus negocios habían cerrado por la crisis; mientras, el 13,5% de las personas entrevistadas este mes dijeron que el brote les había dejado sin empleo. El universo de encuestados comprendió a 1.563 personas.
Junto a la paralización económica generalizada, Irán ha venido sufriendo estos años por las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense de Donald Trump a cuenta de la denuncia por incumplimientos del acuerdo nuclear suscrito por estos países junto con Reino Unido, Alemania, Francia, China, Rusia y la Unión Europea (UE) en 2015 (JCPOA, por sus siglas en inglés), por el que se limitaba el programa atómico persa, sobre todo en materia armamentística. Un acuerdo del que EEUU se salió en 2018 imponiendo duros castigos a Irán.
Entre las medidas sancionadoras más relevantes estaba la tenía que ver con el comercio de petróleo, principal fuente de financiación iraní, lo que golpeó duramente a la economía persa; y ante lo que el presidente Hasán Rohaní respondió amenazando con seguir tratando con su crudo y con bloquear el estrecho de Ormuz, principal zona de paso del comercio petrolero mundial. Amenazas tras las cuales surgieron actos violentos contra buques cargueros en aguas del Golfo y ataques incluso a intereses petrolíferos y aeroportuarios en Arabia Saudí (gran rival de Irán y principal estandarte de la rama suní del islam, contrapuesta a la reivindicada por la nación iraní). Unas ofensivas de las que se responsabilizó al régimen de los ayatolás.
Desde Europa se trató de salvaguardar este acuerdo nuclear con Irán e, incluso, se habilitó el sistema INSTEX para suministrar material médico al Estado iraní para luchar contra la pandemia del coronavirus. Un mecanismo, el del INSTEX, que se utilizó por primera vez a principios del mes de abril y que fue diseñado para realizar transacciones con el país iraní sorteando las sanciones económicas norteamericanas, a través de propiciar intercambios que no sean en dólares o mediante el sistema interbancario SWIFT para no incurrir así en una violación de las sanciones decretadas por la Administración Trump.
