La propuesta de autonomía en el Sáhara sigue estancada
Cuando en abril de 2007 el Reino de Marruecos presentó ante la ONU su “Plan de autonomía para el Sáhara” el impacto suscitado ante la opinión pública mundial, gobiernos y representantes en las Naciones Unidas fue aplastante.
Marruecos, en aquellos momentos, se encontraba en un proceso de reconciliación nacional, de transformaciones internas, obtención de derechos individuales y libertades públicas, incluyendo la salida de las cárceles de los presos políticos y la vuelta de los exiliados.
Importante papel del rey Mohamed VI
El nuevo reinado de Mohamed VI quería terminar con las páginas sucias de su pasado reciente. La propuesta ante la ONU formulada en nombre del soberano alauí iba en ese sentido.
El Plan de Autonomía era audaz y bastante detallado. Constaba de 35 puntos, incluyendo la negociación de un nuevo Estatuto de Autonomía en el marco de la soberanía marroquí y de su unidad nacional. En el mismo se ofrecía a la “población del territorio del Sáhara” asumir competencias administrativas, sociales, culturales, financieras y fiscales. El Estado marroquí se reservaba las atribuciones relativas a la Seguridad Nacional, la Defensa, las Relaciones Exteriores y el régimen de explotación de los recursos naturales. El Rey, jefe del Estado, mantendría su función de Emir de los Creyentes y garante de la convivencia entre los credos religiosos.
Se podrían comparar en general las competencias de la futura “Región Autónoma del Sáhara” con las que tienen las autonomías españolas: elección de un Parlamento y de un Gobierno local, Policía autónoma, gestión de las infraestructuras agua, electricidad, transporte, educación, sanidad, empleo, deportes, medio ambiente y defensa de la cultura “hassanía”. Y al igual que en España, el Estatuto de Autonomía debía ser sometido al conocimiento de las poblaciones referidas y aprobado en consulta referendaria “conforme al principio de autodeterminación”, según estipula el proyecto.
La propuesta formulada en nombre del rey Mohamed VI está bien formulada, y durante todos estos años, la diplomacia marroquí se ha esforzado en trasladarla de forma bilateral y multilateral a gobiernos y conjuntos regionales, para su adopción. El Gobierno español de Pedro Sánchez, dio su plácet el año pasado considerándola “la más seria, creíble y realista” para resolver definitivamente el diferendo del Sáhara Occidental.
Sin embargo, al no haber llegado a un acuerdo entre las partes en conflicto, dos para los independentistas saharauis y Argelia, que son el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario; y cuatro para Marruecos y el representante especial del secretario general de la ONU, que son los Gobiernos de Marruecos, Argelia y Mauritania, y el movimiento Frente Polisario; al no haberse puesto de acuerdo, la implementación del Plan está estancada.
Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental
La Administración marroquí, teóricamente encargada de desarrollar el plan en sus diversas facetas, no lo ha hecho, y el Plan sigue tal cual fue formulado en 2007. Y es precisamente en su desarrollo donde se encuentran los puntos de fricción, las fórmulas ambiguas y sujetas a controversia, que suscitan desconfianza y no ayudan a dar garantías y seguridad a la población concernida.
Rabat aún no ha explicado qué hará con la población refugiada en Argelia, en la localidad de Tinduf y su entorno. Tampoco ha dejado explícito en qué situación se encontrará el éxodo saharaui, en su inmensa mayoría residente en España, aunque también en otros países de Europa y América. ¿Serán considerados, los refugiados y los exiliados, como ciudadanos marroquíes? ¿Se les dará pasaporte? ¿Podrán viajar libremente?
Uno de los puntos que permanecen sin aclarar es el futuro del movimiento Frente Polisario. ¿Deberá disolverse o podrá participar en la vida política en el Sáhara como “partido autonomista saharaui” u otra fórmula similar? ¿Se reconocerá su representatividad? ¿En qué forma prevé Marruecos la participación política de los saharauis “organizados”?
También vuelve a plantearse, como en 1991, ¿quiénes podrán votar en el ejercicio referendario para adoptar el Estatuto de Autonomía e intervenir en las elecciones legislativas locales de las que tiene que salir el Parlamento, el Gobierno autónomo y el presidente de la región autónoma que el Rey respaldará.
En cuanto al punto quizás más conflictivo y que necesita visibilidad, el relativo al “Ejército Popular Saharaui”, un movimiento armado que reúne varios miles de combatientes, y que ha “reanudado” las hostilidades contra Marruecos en noviembre de 2020, ¿cuál será su futuro? ¿Marruecos exigirá su disolución y la entrega de las armas? ¿O tiene previsto una integración, parcial o por fases, de los combatientes armados en los cuerpos de seguridad locales, Policía, Gendarmería, fuerzas auxiliares?
¿Es viable una integración del “Ejército saharaui” en las Fuerzas Armadas Reales (FAR) del Reino? No es impensable. Marruecos posee una historia y experiencia que pocos países han hecho respecto a este problema. Cuando el Reino jerifiano adquirió la independencia de Francia el 14 de mayo de 1956, fueron creadas las FAR, cuyo cuerpo principal lo componían los 5.000 miembros del Ejército de Liberación Nacional que había combatido contra el colonialismo franco-español. Pero a esa columna vertebral del Movimiento de la Resistencia (ELN), junto al Ejército de Liberación del Sur, se les unieron 14.000 militares marroquíes del Ejército francés y 10.000 militares marroquíes del Ejército español. El Mando militar marroquí, a su cabeza el comandante en jefe el sultán Mohamed V, consiguieron unificarles, aunque no sin problemas y crisis. ¿Sería posible repetir hoy esa experiencia histórica? En 1956, los 5.000 militares de la Resistencia tuvieron que integrar a otros 24.000 venidos de los Ejércitos coloniales contra los que habían combatido. Hoy día, ¿los 300.000, o 400.000 efectivos, según las fuentes, que componen las Fuerzas Armadas Reales podrán integrar los 5.000 efectivos del Ejército Popular Saharaui?
¿En cuanto a las garantías necesarias para poner en marcha este proceso, Marruecos aceptará la participación de terceros en la supervisión del proceso de ordenamiento autonómico? ¿Qué papel puede jugar España como antiguo colonizador de “las provincias” saharianas? ¿Y Argelia? Si como afirma Rabat, Argel es “parte integrante del conflicto”, ¿cuál será su participación en las diferentes etapas del proyecto?
Además de necesitar la aceptación de las partes en conflicto, dos o cuatro, el proceso de desarrollo del futuro Estatuto de Autonomía del Sáhara se muestra enormemente complejo, económica, social, cultural, política y jurídicamente.