Amnistía Internacional denuncia la represión contra la disidencia pacífica en Argelia

Seis años después del comienzo del movimiento Hirak y en medio de nuevas protestas pacíficas, Amnistía Internacional ha denunciado una alarmante y creciente represión contra la disidencia pacífica en Argelia, en respuesta a una reciente campaña de protesta digital. En un comunicado, la organización de derechos humanos acusó a las autoridades argelinas de llevar a cabo detenciones arbitrarias y juicios injustos, con sentencias de prisión prolongadas como resultado.

Según Amnistía, en los últimos cinco meses al menos 23 activistas y periodistas han sido arrestados y condenados por su presunto apoyo al movimiento de protesta online "Manich Radi" (expresión que se traduce libremente como “No estoy de acuerdo”), una campaña que surgió en diciembre de 2024 para denunciar las restricciones a los derechos humanos y las difíciles condiciones socioeconómicas que enfrenta el país.

“Todos han sido detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y la mayoría cumple actualmente penas de prisión o está a la espera de juicio”, señala el comunicado. 

"La trayectoria de asfixia del activismo online seguida por las autoridades argelinas es alarmante y debe revertirse", declaró Heba Morayef, directora regional de Amnistía para Oriente Medio y el Norte de África. “Nada puede justificar la detención y el encarcelamiento de personas únicamente por haber expresado su insatisfacción con las condiciones políticas y socioeconómicas”, añadió.

Amnistía Internacional ha documentado nueve casos representativos de activistas y periodistas perseguidos por ejercer su libertad de expresión en internet. Siete de ellos fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión que oscilan entre los 18 meses y los cinco años, exclusivamente por su actividad y expresión pacífica en plataformas digitales.

En cinco de estos casos, los juicios se llevaron a cabo mediante procedimientos acelerados que impidieron a los acusados preparar una defensa adecuada, en clara vulneración de su derecho a un juicio justo. Además, las autoridades detuvieron arbitrariamente a un activista y a un periodista durante varios días, imponiendo al segundo una prohibición abusiva de viajar y de publicar contenidos en redes sociales.

Entre los casos más destacados, Amnistía citó la condena en marzo de 2025 de los activistas Soheib Debbaghi y Mahdi Bazizi, quienes recibieron 18 meses de prisión por su vinculación con el movimiento "Manich Radi". Debbaghi fue declarado culpable de “publicar contenido perjudicial para el interés nacional”.

Aunque no han sido los únicos. El 20 de enero de 2025, apenas cuatro días después de su arresto, el reconocido activista y poeta Mohamed Tadjadit fue condenado por un tribunal de Rouiba (Argel) a cinco años de prisión y una multa de 500.000 dinares argelinos (unos 3.465 euros). El juicio, llevado a cabo de forma acelerada, se basó exclusivamente en publicaciones en redes sociales, incluidas poesías con contenido político y mensajes con la etiqueta #Manich_Radi. El tribunal lo declaró culpable de una serie de cargos como “atentar contra la unidad nacional”, “publicar contenido perjudicial para el interés nacional”, “incitar a una reunión no armada” y “ofender a organismos públicos”.

Unos días después, el 4 de marzo, el tribunal de Tizi Ouzou también condenó al activista Belaid Charfi a cuatro años de cárcel, una multa de 100.000 dinares (693 euros) y una indemnización adicional de 10.000 dinares (69 euros).

El 21 de febrero, en la ciudad de Azazga, la activista sindical Fadhila Hammas fue arrestada e interrogada por la policía sobre sus publicaciones en Facebook, centradas en cuestiones políticas y de derechos humanos. Cuatro días después fue liberada, aunque sigue a la espera de un juicio previsto para el 11 de mayo, en el que podría enfrentarse a hasta tres años de prisión por "publicar información falsa susceptible de atentar contra el orden público y la seguridad”.

También en febrero, el día 16, el Tribunal de Ouargla confirmó la condena contra la activista Abla Derama Kemari, sentenciándola a tres años de prisión (uno de ellos en suspenso) y al pago de una multa de 300.000 dinares (2.079 euros) por unas publicaciones en Facebook donde criticaba la situación socioeconómica en las regiones saharianas y denunciaba la represión a activistas.

En Tizi Ouzou, el 14 de enero, también se ratificó la condena contra el activista Massinissa Lakhal, quien recibió una pena de tres años de prisión, una multa de 5.000.000 de dinares (34.645 euros) y una indemnización de 200.000 dinares (1.386 euros). La sentencia se basó en su actividad en Facebook, como seguir cuentas vinculadas al Movimiento para la Autodeterminación de la Cabilia (MAK) —declarado organización terrorista por las autoridades—, así como su conexión con otros activistas del movimiento, incluido su padre, Ammar Lakhal, exrepresentante del MAK en Canadá.

Entre los periodistas perseguidos, destaca el caso de Abdelwaheb Moualek, condenado el 25 de febrero por el tribunal de Sidi Aich, en Bugía, tras un juicio sin abogado y realizado de forma acelerada. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y una multa de 100.000 dinares (693 euros) por una publicación en Facebook en la que comentaba la represión. Actualmente se encuentra en libertad, a la espera de la resolución de su apelación.

Finalmente, el 2 de enero, el periodista Mustapha Bendjama fue interrogado por un juez de instrucción en Annaba debido a sus publicaciones en Facebook. Aunque no fue detenido, quedó bajo supervisión judicial y se le impuso una prohibición de viajar fuera del país y de la región de Annaba, así como la obligación de abstenerse de publicar cualquier contenido que las autoridades consideren perjudicial para el interés nacional.

Esta oleada de represión se produce en el contexto del sexto aniversario, celebrado en febrero, del movimiento prodemocrático Hirak, que desde 2019 ha sido clave en la demanda ciudadana de reformas políticas profundas en Argelia.

Amnistía Internacional concluyó su comunicado instando a las autoridades argelinas a cesar inmediatamente la represión contra la disidencia pacífica y a respetar el derecho legítimo a la libertad de expresión.