Julio Pérez, consejero canario de Administración Pública, Justicia y Seguridad (PSOE) se desplazó este lunes 27 de junio a Madrid para representar al Gobierno de Canarias en las negociaciones con Marruecos por la delimitación de las aguas atlánticas.
Tras la declaración conjunta del 7 de abril entre los Gobiernos español y marroquí, la hoja de ruta presentada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, contempló la vuelta a la actividad del grupo de trabajo hispano-marroquí para la delimitación de la fachada atlántica. Un grupo de trabajo que lleva 15 años desactivado y del cual el contenido preocupa especialmente al Gobierno autonómico de las islas Canarias.
Le acompañó el exdiputado por el Partido Nacionalista Canario José Miguel Ruano como técnico especialista en Derecho Constitucional.
A la salida de la reunión interministerial, el consejero Julio Pérez hizo algunas valoraciones, apuntando a que las negociaciones con Marruecos serían “más largas y delicadas de lo que pudieran parecer”. “Será un proceso en el que Canarias esté presente”, continuó Pérez.
De acuerdo con las agencias de noticias presentes en la rueda de prensa, Pérez transmitió una “posición positiva” en cuanto a la reunión preparatoria. "Tenemos muchas cosas tratar con este vecino y queremos tratarlas en un clima de concordia y de entendimiento, pero también de respeto a nuestras posiciones", añadió el consejero en declaraciones a los medios de comunicación.
En la actualidad, las aguas entre el archipiélago canario y Marruecos, con su punto más próximo entre Tarfaya y la isla de Fuerteventura, están delimitadas por el principio de equidistancia. Es decir que la frontera se traza en el punto medio entre una costa y otra, justo en la mitad.
El espinoso tema de la delimitación de las aguas canarias se complicó cuando Marruecos, a través de su Parlamento, se apropió de las costas del Sáhara Occidental. La posesión de esas costas da veda a Marruecos a optar sobre, pasadas las 200 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), las aguas y el suelo marino que corresponden a su plataforma territorial, que se extienden sobre otras 150 millas náuticas por encima de la ZEE. Esa ampliación, que no cuenta aún de reconocimiento internacional, entraría en conflicto y solapamiento con la solicitud española de soberanía sobre la plataforma continental canaria, que comprende los ricos yacimientos submarinos del conocido como monte Tropic.
En 2014, una delegación española encabezada por el Instituto Geológico y Minero de España presentó dicha solicitud que aún se encuentra pendiente de evaluación por la Comisión para los Límites de la Plataforma Continental (CLCS por sus siglas en inglés). Este órgano de Naciones Unidas es el encargado de ser juez en disputas marítimas y solicitudes de los Estados para el control de los recursos más allá de las 200 millas de la ZEE. A mediados de junio de 2022, se votó la renovación de los miembros de la CLCS para el término 2023-2028. En esa renovación obtuvo voto Marruecos, a través del catedrático en Derecho Marítimo Miloud Loukili.
Sin embargo, en el futuro próximo, las reuniones entre España y Marruecos no podrán acordar nada acerca de las aguas sobre las que Marruecos no tiene reconocimiento internacional, es decir las que corresponden al Sáhara Occidental. El grupo de trabajo hispano-marroquí sí que podrá acordar sobre las demás zonas, pero un acuerdo que contemple el Sáhara no sería válido, o podría ser anulado por la justicia, como fue el caso del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
De acuerdo con las palabras del consejero, las negociaciones con marruecos abordarán no solo el tema de la delimitación de las aguas, pero también el de la seguridad y la inmigración a Canarias. En 2021, Canarias recibió hasta 19.865 migrantes de forma irregular en 492 pateras, muchas de ellas provenientes de las costas marroquíes, o del Sáhara Occidental, controlado por el Gobierno de Marruecos.
