La primera ronda de las elecciones presidenciales en Burkina Faso se celebrará mañana, 22 de noviembre de 2020. El Consejo constitucional publicó el pasado 22 de octubre, el acta con las candidaturas aprobadas. A parte del actual presidente Roch Marc Christian Kaboré, que aspira a un segundo mandato, se presentan los otros doce candidatos entre los que se encuentran algunos líderes de la oposición históricos como el exministro de economía Zéphirin Diabré y otros candidatos que atraen a un público joven como Tahirou Barry. Seis años después de la dimisión del presidente Blaise Compaoré que estuvo en el poder desde 1987 a 2014, la democracia burkinesa parece que se ha consolidado. A pesar de que se comienza a hablar de regeneración política en Burkina Faso, la mayoría de los candidatos siguen proviniendo de la cartera de ministros de los dos últimos presidentes. De los trece candidatos, este es el caso de más de la mitad de ellos. Diabré fue ministro de economía, Kadré Désiré Ouédraogo, fue antiguo primer ministro, Ablassé Ouédraogo fue ministro de asuntos exteriores, Gilbert Noël Ouédraogo, de transporte. Incluso los que se presentan como líderes de la regeneración y atraen masivamente a los jóvenes como es el caso de Tahirou Barry, llevan años en política. Aunque dimitió pronto, Barry fue el ministro de cultura del presidente Kaboré.
Una de las candidaturas que más ha impactado es la del general de división Yaccocuba Isaac Zida, que llevaba exiliado en Canadá durante los últimos tres años y supone una amenaza para Kaboré por su influencia entre los militares. Zida fue primer ministro de la Transición después de la dimisión de Campaoré. Su mandato fue muy controvertido por haber sido el número dos del régimen de seguridad presidencial de Compaoré. En 2016 Kaboré valoró la posibilidad de abrir un proceso judicial contra Zida por “deserción en tiempos de paz” y por supuestas malversaciones de fondos que tuvieron lugar durante su mandato. Ahora que Zida ha decidido volver, estos procesos podrían dificultarle su entrada al país. Su campaña electoral se ha realizado a distancia.
Estas elecciones ocurren en un clima de inseguridad y un resquebrajamiento de la cohesión social que ponen en peligro las elecciones en varias regiones del país. Los ataques yihadistas en el norte del país, provocadas por los grupos terroristas de Ansaroul Islam, JNIM y ISGS han producido más de 1000 víctimas mortales en lo que lleva de año. Los grupos yihadistas atacan principalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero, al igual que en Mali, sus ataques también se dirigen a los centros escolares. Según el informe de Human Rights Watch, se han producido más de 126 ataques a colegios durante el periodo 2019-2020 lo que ha llevado a que se hayan tenido que cerrar más de 2500 colegios en las zonas del centro-norte del país.
Además de los grupos yihadistas, los otros protagonistas de la violencia son las milicias de autodefensa que han sido los responsables de la muerte de 1300 civiles durante el año 2019, agravando las tensiones intercomunitarias en la región del norte del país. Como respuesta a la criminalidad común y a los grupos yihadistas, parte de la sociedad civil se ha organizado en milicias armadas para proteger a las poblaciones locales en los lugares donde el Estado apenas tiene presencia. Este es el ejemplo de la milicia mossi de Koglweogo, que tiene como objetivo proteger a las poblaciones del grupo yihadista Ansaroul Islam. Estas milicias actúan como proveedores de la seguridad y ejecutores de la ley, lo que significa que ejercen estas funciones en ausencia del Estado lo que les da un poder peligroso de actuación en la región. Como parte de los miembros de los grupos yihadistas son de la comunidad peul, las milicias autodefensas han centrado sus esfuerzos en atacar a la comunidad peul, equiparándoles a todos los miembros de este grupo comunitario con yihadistas. Esto ha llevado a grandes masacres de civiles de la mano de estas milicias como la ocurrida el pasado 8 de marzo en la provincia de Yatenga al norte del país, donde las milicias Koglweogo han asesinado al menos a cuarenta y tres civiles peul de tres poblados. En enero de 2019, otro evento similar ocurrió en Yirgou donde cuarenta y nueve peuls fueron asesinados a manos de los grupos armados. A pesar de estos incidentes, el gobierno burkinés considera que la formación de milicias autodefensas controladas por el Estado para que defiendan los poblados es una política que se debe fomentar. Por ello, el pasado enero se aprobó una ley de “voluntarios por la defensa de la patria”. Esta ley pretende capacitar a voluntarios durante dos semanas para que puedan proteger sus poblados de la amenaza yihadista.
Esta escalada de violencia ha producido que casi el 17% de los distritos electorales de Burkina Faso no puedan participar en las elecciones al no poder asegurar el correcto desarrollo de las elecciones ni haber podido hacer correctamente el registro de los votantes durante el verano. Eso significa que casi 400.000 personas no podrán ejercer su derecho a voto por “causa de fuerza mayor”, de acuerdo con el gobierno. Por otro lado, además de la violencia en las zonas rurales del norte y el centro del país, el precario nivel de vida en las ciudades provocó el año pasado manifestaciones en el mes de septiembre contra el gobierno por su mala gestión, la falta de reformas económicas y la inseguridad creciente. Si a esto se le suma los estragos de la crisis sanitaria mundial y sus elecciones, estas elecciones presentan numerosos retos para los candidatos a la presidencia.
