Kais Said: un año con todos los poderes en un solo hombre
Hace un año, tras una jornada de movilizaciones en Túnez contra la clase dirigente y para reclamar la disolución del Parlamento, el presidente Kais Said, profesor de derecho constitucional electo a finales de 2019, declaró el estado de excepción en el que hoy vota el país en un polémico referendo.
Túnez vive en una situación excepcional desde entonces, calificada de "golpe de Estado" por la mayoría política, en la que Said gobierna con plenos poderes y busca con esta votación remplazar una constitución, que considera, "obsoleta" para "devolver" la soberanía al pueblo.
Miles de personas desafiaron aquel 25 de julio de 2021 el toque de queda para celebrar con entusiasmo en las calles su iniciativa: el cese del primer ministro Hichem Mechichi -nombrado por él mismo un año antes-, la suspensión del Parlamento y la retirada de la inmunidad parlamentaria de los 217 diputados.
"La Constitución no permite su disolución pero permite el congelación de sus actividades", aseguró el jefe del Estado durante una reunión urgente con altos mandos del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad, aunque ocho meses más tarde rectificaría.
El artículo 80 de la Constitución, reivindicado por Said, recoge que el presidente puede tomar "medidas excepcionales en caso de peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país".
El "peligro" esgrimido fue la mala gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria -que alcanzó una de las mayores tasas de mortalidad del mundo con 18.000 muertos por 11,5 millones de habitantes- y un Parlamento incapaz de sacar adelante las reformas urgentes y protagonista de continuas polémicas, incluidas agresiones físicas en el hemiciclo.
A través de este artículo se arrogó además el poder ejecutivo "con ayuda" de un gobierno dirigido por un nuevo primer ministro que nombraría dos meses más tarde: Najla Bouden, funcionaria del Departamento de Educación Superior y la primera mujer de la historia del país en ocupar este cargo.
La madrugada del 25 de julio, el presidente del Parlamento y líder del partido islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, trató de acceder sin éxito junto a otros diputados a la Asamblea -clausurada por un tanque militar que permanece desde entonces en su interior- para "defender" la democracia.
La formación islamista, vencedora de las elecciones de 2019, fue el primer actor en denunciar al "golpe" pero también el más reprobado, considerado responsable de la crisis política y social que arrastra el país en la última década.
El régimen político, semi-parlamentario y con prerrogativas presidenciales limitadas a la diplomacia y la defensa, se transformó en un vasto poder que recuerda a los dignatarios del último medio siglo: Habib Borguiba (1957-1987) y Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).
Gracias a sus nuevas funciones, Said cesó al ministro de Defensa y de Justicia y las destituciones se han sucedido en una imparable lista de ministros, gobernadores, altos cargos de seguridad, jueces, responsables de instituciones y empresas públicas.
Su principal batalla es la lucha contra la corrupción y recuperar el dinero público espoleado durante el antiguo régimen, estimado en 4.000 millones de euros.
Las investigaciones y enjuiciamientos -incluidos procesos militares contra civiles- se multiplicaron contra empresarios, diputados, activistas y magistrados entre otros, algunos por "injurias" contra el presidente en las redes sociales.
En septiembre Said dio un paso más con el decreto 117 para suspender la casi totalidad de la Carta Magna -a excepción del preámbulo y los dos primeros artículos sobre derechos y libertades- y otorgarse el control de la mayoría de los asuntos del Estado así como gobernar por decreto.
La sociedad civil ha denunciado el desmantelamiento de las instituciones del Estado. Algunas desaparecieron como la Instancia Nacional de Lucha contra la Corrupción y otras, como el Consejo Superior de la Magistratura o la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), fueron disueltas y sustituidas a golpe de decreto, lo que cuestiona su independencia.
Ante la presión dentro y fuera del territorio para "regresar a la vía democrática", Said lanzó su propia hoja de ruta: una encuesta digital para conocer las propuestas y preocupaciones ciudadanas, un referéndum constitucional y elecciones legislativas anticipadas basadas en listas uninominales en lugar de partidos.
El proyecto del "Nuevo Túnez" culminará el próximo 17 de diciembre -fecha proclamada Día Nacional de la "verdadera" revolución y en la que está prevista el fin del estado de excepción- aunque la oposición teme que sólo sea el inicio de su "deriva autoritaria".
