Marruecos está determinado a extender sus dominios marítimos. Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del reino alauí. Nasser Bourita se ha referido a dos leyes pendientes de aprobación en el Parlamento del país que ya han dado bastante que hablar. Los textos han generado cierta controversia en las últimas semanas debido a los posibles conflictos de intereses con países vecinos -sobre todo, con España- que pudieran acarrear las medidas. Además, el asunto ha vuelto a prender la mecha en Sáhara Occidental.
En Marruecos, el respaldo a las iniciativas del Gobierno es unánime. Los documentos fueron aprobados por todos los grupos políticos que formaban parte de la comisión parlamentaria que los estudió. Aunque su votación por el pleno se ha aplazado ya una vez, se prevé que los proyectos sean aprobados a principios de 2020. Fuentes diplomáticas marroquíes no especificadas por Europa Press sostienen que el afán expansivo de Marruecos no responde en absoluto a la voluntad de generar confrontación, sino a la necesidad de modernizar el ordenamiento jurídico del país.
En cuanto a su contenido, los textos legislativos delimitan, por una parte, las aguas territoriales propias del país norteafricano, que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar fija en doce millas náuticas. Por otra, se establece la zona económica exclusiva (ZEE), que concede derechos de explotación sobre las aguas y que está limitada en 200 millas náuticas. Está previsto que la ZEE marroquí se prolongue, en el Mediterráneo, desde Tánger a Saidia, en la frontera con Argelia, y, en el Atlántico, desde Tánger a Lagouira, situada en una latitud similar a la de Lanzarote. La discusión sobre la plataforma continental tiene más aristas y quedará para más adelante.
La principal preocupación reside en que la nueva delimitación pueda solaparse con las aguas españolas en las islas Canarias. Bourita se ha manifestado al respecto en términos firmes, a la vez que conciliadores. “Marruecos está en su derecho soberano, pero no busca ir más allá de sus derechos”, ha recalcado. “Marruecos no busca imponer hechos consumados; está abierto al diálogo, especialmente con España”, ha insistido el ministro, que, del mismo modo, ha mostrado su disposición a resolver cualquier tipo de controversia que pueda surgir con Mauritania y Portugal.
En la misma línea se ha expresado Ahmed Moussa, que detenta el cargo de cónsul de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. El diplomático ha aludido a los lazos que unen a “dos países amigos” para encauzar un foro de diálogo que permita aclarar todos los detalles. Los contactos entre ambos países, no obstante, ya se están produciendo. A finales del pasado mes de noviembre, Bourita se reunió con Josep Borrell, entonces todavía ministro de Asuntos Exteriores en funciones.
Su sucesora en el cargo todavía no se ha pronunciado sobre cómo encara el Ejecutivo la maniobra de Rabat. Margarita Robles ha optado por un prudente silencio, pero Ciudadanos ya ha pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que responda ante los representantes públicos. Asimismo, el senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha instado a la ministra a que dé explicaciones ante la Cámara Alta. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores se ha limitado a comunicar que está al tanto de la situación.
A nivel de partidos, el PSOE ha afirmado que está en contacto con actores políticos relevantes del país vecino. En declaraciones a la agencia Europa Press, Héctor Gómez, secretario de Relaciones Internacionales del partido, ha aplaudido que Marruecos pospusiese la decisión y se haya mostrado más favorable al diálogo. Ha añadido que la posición de su partido no está dispuesto a hacer concesiones y que su posición está amparada por el derecho internacional.
Con la misma contundencia se ha referido al asunto el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres. “Ni el Gobierno de Canarias ni el de España van a permitir que se toque un milímetro de las aguas isleñas. Lo dijimos desde el primer momento”, sentenció a principios de esta semana el dirigente autonómico. Por su parte, el partido autonomista Nueva Canarias anima a aprovechar la oportunidad que se abre en la actualidad para delimitar claramente la mediana entre las aguas españolas y marroquíes en el Atlántico.
Presumiblemente, las negociaciones serán importantes también a una escala comunitaria. Marruecos es un socio muy destacado de la Unión Europea en materia pesquera. El pasado mes de julio, se firmó el acuerdo según el cual el país magrebí permite faenar en sus caladeros a pesqueros europeos. España aglutina, aproximadamente, dos terceras partes de las licencias.
A pesar de la disposición mutua a la negociación, las iniciativas legislativas de Marruecos se han anunciado en un momento complicado. Han causado un gran malestar entre las filas del Frente Polisario; voces del activismo saharaui consideran que los proyectos de ley de Marruecos vulneran sus derechos sobre las aguas atlánticas. Recientemente, en su XV Congreso celebrado en la localidad de Tifariti, el Polisario ha planteado la vuelta a la actividad armada. El estatus jurídico de Sáhara Occidental, que Marruecos considera una provincia más, es una cuestión espinosa que lleva cerca de tres décadas sin ser resuelta en Naciones Unidas.
