Los sindicatos marroquíes convocan la primera huelga general desde 2016
Los sindicatos y el Gobierno marroquí mantienen posturas enfrentadas a propósito de la aprobación de la nueva ley de huelga, que pueden derivar en la convocatoria de movilizaciones en protesta.
Los representantes del sindicato Unión Marroquí del Trabajo se retiraron de la sesión general que se celebró el pasado lunes, 3 de febrero, en la Cámara de Consejeros y en la que estaba previsto que se aprobara la nueva ley de huelga.
En la misma sesión, los representantes de la Confederación Democrática del Trabajo acusaron al Gobierno de cerrar las negociaciones sobre el proyecto de ley y de eliminar el derecho de huelga.
Como consecuencia, los sindicatos Unión Marroquí del Trabajo (UMT), Confederación Democrática del Trabajo (CDT), Organización Democrática del Trabajo (ODT) y Federación de Sindicatos Democráticos (FSD) han anunciado una huelga general en varios servicios tanto públicos como privados para los días 5 y 6 de febrero, en protesta por las políticas “impopulares” del Gobierno, que incluyen la reforma de la propia ley de huelga, el aumento de la edad de jubilación desde los 63 a los 65 años y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Primera huelga general desde 2016
Se trata de la primera huelga general que se convoca en Marruecos desde 2016, año en que se produjo la última modificación hasta ahora de la edad de jubilación. La huelga, a la que han recurrido los sindicatos como medida de presión, tras meses de intentos de negociación con el Gobierno, incluirá a la función pública, administraciones públicas, instituciones públicas y semipúblicas, grupos territoriales, todas las instituciones del sector privado de producción, servicios y agricultura, comerciantes, profesionales y artesanos.
En palabras del líder de la UMT, Miloudi Moukharik declaró que “los trabajadores y las clases populares sufren una situación muy complicada” y denunció la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas.
Según Moukharik, la huelga general es sólo “el primer paso”, ya que la ley incluye algunos artículos que se acercan más a la ley penal que a la ley de huelga, y pone en peligro este derecho universalmente garantizado.
Por su parte, Khaled El Houair El Alami, secretario general adjunto de la Confederación Democrática del Trabajo, subrayó que “la decisión de declarar una huelga nacional es una respuesta militante a las transgresiones del Gobierno en un marco puramente político, porque cuando el Gobierno quiere acabar con una ley, corre rápidamente al Parlamento para explotar su abrumadora mayoría. La ley de huelga intenta atar las manos de los trabajadores de varios sectores y silenciar las bocas de los afectados, y nosotros estamos aquí para presionar al Gobierno para que dé marcha atrás con esta ley que ataca el corazón del documento constitucional”.
Desde el Sindicato Nacional del Trabajo, Mohamed Zouiten, su secretario general, explicó a la prensa que “el Gobierno no respondió a las propuestas hechas por el Sindicato Nacional del Trabajo en Marruecos, y esto es muy peligroso y evidencia que los ricos y poderosos están tratando de destruir a la clase obrera, considerándola el eslabón más débil en este contexto”.
Postura del Gobierno
En cambio, el ministro de Integración Económica, Pequeñas Empresas, Empleo y Competencias, Younes Sekkouri, elogió la “posición nacional responsable” de la oposición, “que no se retiró de la discusión sobre el proyecto de ley que regula la huelga en el seno de la Cámara de Consejeros, sino que optó por sentarse a la mesa de diálogo y exponer sus argumentos, que es lo que el Gobierno ha adoptado en muchos de los puntos”.
Para el ministro, “el Reino de Marruecos ha sido testigo de períodos en su historia en los que se tomaron decisiones importantes y fundamentales que buscaban proteger el futuro de nuestros niños y jóvenes, además de la clase trabajadora que ingresará al mercado laboral. Hoy hemos logrado el objetivo y el Gobierno ha trabajado duro”.
La ley será tramitada en la Cámara de Consejeros, la segunda cámara del Paramento marroquí, tras el voto a favor de 10 miembros de la Comisión de Educación, Asuntos Sociales y Culturales y el voto en contra de sólo cinco.
En total, se presentaron 218 enmiendas relativas a varios artículos de la ley, algunas de las cuales fueron aceptadas por el Gobierno, mientras que otras fueron rechazadas.
Los sindicatos denunciaron la conducta irresponsable del Gobierno al aprobar el proyecto de ley que regula el derecho de huelga mediante “métodos tortuosos y congelar el diálogo social nacional durante dos sesiones consecutivas”.
Según ellos, el Gobierno se ha alineado con los empleadores, atacando a las libertades sindicales, marginando a los jóvenes desempleados y atacando a servicios públicos como la educación y la salud.
