El hermanastro del rey Abdalá II evitó ser juzgado tras jurar lealtad al monarca

El tribunal jordano rechaza llamar como testigo al príncipe Hamza en el jucio por sedición

AFP/KHALIL MAZRAAWI - El príncipe jordano Hamzah bin al-Hussein

Jordania ha vivido su propia conspiración digna de Juego de Tronos. El pasado mes de abril las autoridades jordanas arrestaron alrededor de 16 personas acusadas de orquestar un golpe de Estado contra el rey Abdalá II. Entre los detenidos figuras tan destacables como Sharif Hassan bin Zaid, miembro de la realeza y exembajador en Arabia Saudí y Bassem Ibrahim Awadala, exjefe de la corte real, exasesor real y exministro de Finanzas. El antiguo príncipe heredero y hermanastro del rey, Hamza bin Hussein, también fue detenido acusado de los mismos cargos.

Aunque en un primer momento las autoridades jordanas negaran que Hamza estuviera involucrado en esta conspiración palaciega, fue el propio hermanastro del rey quien confirmó la información a través de un vídeo de seis minutos de duración que su abogado hizo llegar a la cadena de televisión BBC. En el vídeo Hamza explicaba que se encontraba bajo arresto domiciliario y que “no se le permitía salir, comunicarse o reunirse con gente porque en algunas reuniones donde había estado presente había habido críticas al Gobierno o al rey”.

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Estos acontecimientos supusieron toda una revolución en el país jordano que siempre ha transmitido una fuerte sensación de estabilidad en una región fuertemente inestable. Asimismo, este suceso ha roto el tabú que existe en Jordania de hablar públicamente de la familia real y ha provocado una gran conmoción en el resto de países tanto de la región como de occidente que mostraron su apoyo al rey Abdalá II, fuerte aliado en la zona.

Hamza negó su implicación en el supuesto golpe de Estado y manifestó “yo no soy el responsable del colapso de la gobernabilidad, la corrupción y la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de Gobierno durante los últimos 15 y 20 años y que ha empeorado”. El hermanastro de Abdalá II denunció, en el vídeo difundido por la BBC, la falta de libertad de expresión que existe en el país, “nadie puede hablar o expresar su opinión sin ser intimidado, arrestado, acosado y amenazado”.

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El juicio contra el exjefe de la corte real, Bassem Ibrahim Awadala, y el miembro de la familia real, Sharif Hassan bin Zaid, detenidos por supuestos delitos de “sedición” y acusados de “incitación contra el régimen” dio comienzo la semana pasada a puerta cerrada. Las autoridades jordanas han señalado que los procedimientos son secretos debido a la sensibilidad del caso. Finalmente, el antiguo príncipe heredero y hermanastro del rey, Hamza bin Hussein, ha sido desestimado de las acusaciones de encabezar una trama para desestabilizar el país, tras jurar lealtad al rey Abdalá II. La Casa Real jordana hizo público un mensaje atribuido a Hamza en el que el hermanastro del Rey se comprometía a acatar las normas de la familia hachemita para solucionar el conflicto y ofrecía su “apoyo y respaldo al rey y al príncipe heredero”.

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Sin embargo y a pesar de que la familia real jordana daba por zanjada la supuesta conspiración contra el rey Abdalá II, el juicio sigue poniendo de manifiesto algunas rencillas dentro de la monarquía hachemí. El príncipe Hamza vuelve a crear polémica y es que figura entre los testigos a los que el equipo de la defensa de Bassem Awadala, podría pedir que declararan.“Preguntaremos a 25 testigos, y entre ellos al príncipe Hamza", confirmó Mohamed Afif, abogado de Awadala. Finalmente, el tribunal militar jordano ha rechazado la petición de la defensa para que el príncipe Hamza y otras personas declaren como testigos.

Mohamed Afif ha señalado que la lista de testigos también incluía figuras de la talla del primer ministro, el viceprimer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores. Según el escrito de acusación, Bassem Awadalah y Sharif Hassan bin Zaid están acusados de "trabajar contra la seguridad de la sociedad jordana" e "incitar a la sedición". Ambos se han declarado inocentes, pero se enfrentan a penas de prisión de hasta 30 años. 

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