En Turquía hay ciertos sectores de la población que sufren constantes violaciones de sus derechos humanos, como los kurdos o los refugiados sirios. No obstante, recientemente varias organizaciones y medios de comunicación se han hecho eco de la grave situación de los activistas turcomanos que viven en el país euroasiático.
Según informa Human Rights Watch, activistas turcomanos críticos con el Gobierno de Turkmenistán están siendo objeto de amenazas, “presumiblemente como resultado de la presión ejercida por las autoridades turkmenas sobre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Turquía”. La ONG señala también “ataques físicos” contra estos ciudadanos residentes en Turquía.
“Instamos a la comunidad internacional a seguir de cerca esta preocupante situación y ayudar a resolverla”, subraya. HRW también hace un llamamiento al Ejecutivo de Asjabad y a Ankara para que “detengan este acoso y respeten sus obligaciones legales internacionales, garantizando la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos turcomanos que residen en Turquía”.
Los turkmenos disfrutan de un estatus especial en Turquía. Es uno de los pocos países a los que pueden acceder sin visado y donde pueden solicitar y obtener un permiso de residencia. Por otra parte, el idioma y la cultura similares permiten que los ciudadanos turcomanos se integren fácilmente en la sociedad turca. Según fuentes que recoge HRW, más de un millón de turkmenos viven en Turquía, incluidos trabajadores y estudiantes.
No obstante, esta situación ha cambiado en los últimos años. Los consulados de Turkmenistán en Turquía se han negado a renovar los pasaportes de sus nacionales, violando la ley turkmena y obligándolos a regresar al país para realizar todos los procedimientos. En caso de no viajar, sus documentos caducarían, convirtiéndose en ilegales sin posibilidad de empleo, educación o atención médica.
Ante esta situación, los ciudadanos turcomanos han organizado protestas y manifestaciones obligando a las autoridades de su país a cumplir con las obligaciones de la ley. En un principio, Turquía no sancionó a estos ciudadanos por tener los documentos caducados, aunque, de cara a la próxima reunión del Consejo de Cooperación de Estados de Habla Turca, Ankara ha cambiado su postura. Con el objetivo de que Turkmenistán se una a la organización, las autoridades turcas han comenzado a tratar de una forma distinta a los activistas turkmenos.
Ankara ha comenzado a amenazarlos con deportarlos, llegando incluso a trasladar a algunos a centros de deportación. Por otra parte, el personal de los Consulados de Turkmenistán se dedica a crear denuncias falsas contra los activistas para que las autoridades turcas puedan arrestarlos y deportarlos. “Creemos que Turquía está tratando de convencer a Turkmenistán de que se una al Consejo y está haciendo esfuerzos para garantizar que esto suceda durante la próxima sesión”, explica HRW.
“Los cambios en la política aplicada por las autoridades turcas hacia los activistas turcomanos se han producido, aparentemente, en respuesta a las solicitudes del Gobierno turcomano, que busca poner fin a las actividades cívicas de sus ciudadanos en el extranjero”, señala también la ONG.
Akhmed Rakhmanov, Kamil Abulov y Bayram Allaliyev han sido unos de los últimos activistas detenidos y trasladados a centros de inmigración. Rakhmanov fue liberado el 26 de octubre, mientras que no hay noticias de los otros dos. Según informaron fuentes a HRW, “hay planes de deportarlos de manera inminente”.
En este sentido es necesario mencionar a Dursoltan Taganova, una de las activistas turcomanas más reconocidas en Turquía. Taganova, a raíz de involucrarse en esta materia y asistir a manifestaciones, ha sido detenida y amenazada. La activista pertenece también a la Elección Democrática de Turkmenistán (EDT).
Turkmenistán es uno de los países más autoritarios y herméticos del mundo. Los medios de comunicación están bajo un control total del régimen, mientras se persigue a los disidentes o críticos. Según informa Amnistía Internacional, se desconoce el paradero de al menos 120 presos sometidos a desaparición forzada. Turkmenistán no ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, al igual que otros países como China, Estados Unidos o la propia Turquía.
Por estos motivos, la devolución de estos activistas al país los pondría en grave peligro, con altas posibilidades de arresto arbitrario o tortura. Además del crítico estado de los derechos humanos, Turkmenistán sufre una grave crisis económica. Asimismo, el Gobierno se ha negado a reconocer los casos de coronavirus en el país.
Sin embargo, los ciudadanos críticos con el régimen de Gurbanguly Berdimuhamedow no solo sufren opresión en territorio turkmeno, sino que también lo sufren en Turquía por parte de otros compatriotas afines al Gobierno. HRW afirma que hay “numerosos informes alarmantes” en los que los partidarios de Berdimuhamedow “atacan regularmente a los activistas civiles turcomanos en Turquía y amenazan con represalias a ellos y sus familiares”.
Como era de esperar, las autoridades judiciales y policiales turcas no investigan estos casos, a pesar de que las víctimas muestran capturas de pantalla con los nombres de los perpetradores. “Intimidan regularmente a los activistas y a sus familias con graves amenazas, incluidas el asesinato, tanto en Turquía como en Turkmenistán”.
“Estos ataques y amenazas son ejemplos atroces de ciudadanos extranjeros que persiguen a activistas turcomanos en Turquía. La inacción de las autoridades policiales turcas en relación con este delito no puede justificarse y contradice el derecho turco e internacional”, reafirma HRW.
