You may say I’m a dreamer
El programa de alivio migratorio para jóvenes indocumentados denominado DACA (siglas de Deferred Action for Childhood Arrivals, “Acción diferida para los llegados en la infancia”) se trata de una medida política para proteger de la deportación a los inmigrantes sin documentos conocidos como dreamers, que habían llegado con sus familias de forma irregular a Estados Unidos cuando todavía eran niños, y que se habían formado y educado en ese país. El programa afecta a 787.000 jóvenes, a los que protege contra la deportación y proporciona un permiso temporal de residencia (renovable cada dos años y que permite trabajar, estudiar o ingresar en el ejército), la licencia de conducir y el número de la Seguridad Social.
El segundo capítulo de esta historia lo protagoniza el presidente Donald Trump al anunciar, en septiembre de 2017, que iba a poner fin a este programa en el plazo de seis meses (en marzo de 2018). Ello conllevaba que, en ese periodo de tiempo, el Congreso debería proponer una alternativa a los beneficiarios del programa. El anuncio tuvo un impacto especial en México, pues una parte muy importante de los jóvenes migrantes acogidos al DACA (en concreto 618.000) había nacido en ese país. Asimismo, ya en septiembre de 2017 el estado de California, lugar de residencia de más de 200.000 jóvenes incluidos en el programa de alivio migratorio, presentó una demanda federal en contra de la Administración Trump, al considerar inconstitucional e ilegal la clausura del DACA.
La decisión del presidente Trump, vista con la perspectiva que da el paso del tiempo, buscaba convertir la permanencia en Estados Unidos de los dreamers en una moneda de cambio para promover políticas más restrictivas en materia de inmigración y, concretamente, para obtener la financiación de su medida más simbólica en este ámbito: la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. A finales de febrero de 2018, a días de cumplirse el plazo establecido por Trump, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó pronunciarse sobre el futuro del DACA, proporcionando indirectamente protección a los dreamers de forma indefinida y dejando que los tribunales inferiores siguieran juzgando el caso.
A lo largo de este período, los tribunales estatales de California y Nueva York y el del Distrito de Columbia fallaron a favor de continuar con el programa. La decisión del tribunal de Washington (en abril de 2018) obligaba al Gobierno, además, a aceptar nuevas peticiones, lo que en la práctica equivalía a mantener intacto el DACA pese a la decisión de Trump de acabar con él.
Capítulo tercero. En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuncia que se pronunciará sobre si el presidente Donald Trump puede cancelar el DACA. La vista del caso comienza en noviembre y se anuncia el fallo para el verano de 2020, en la recta final del mandato y a las puertas de la campaña electoral presidencial.
El relato termina (por el momento) el pasado 18 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza por ajustada mayoría (cinco votos frente a cuatro) los argumentos de la Administración Trump de que el DACA es ilegal y, por tanto, la supresión del programa. El fallo señala la arbitrariedad de las acciones de esta Administración, pero no protege al programa definitivamente y deja la puerta abierta a futuras solicitudes de suspensión, pues también indica que las iniciativas gubernamentales no han infringido la cláusula de protección de la igualdad de la Constitución. A este respecto, el presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter, al día siguiente de conocerse la decisión, que volverá a remitir al Supremo una propuesta mejorada para suprimir el DACA. Toca ahora al Tribunal pronunciarse sobre si volverá a tratar o no este asunto, pero eso no será antes de otoño…
Luis Guerra, catedrático de Lengua Española en la Universidad Europea de Madrid, es uno de los investigadores principales del proyecto INMIGRA3-CM, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo
