Rechazo firme al llamado ‘acuerdo del siglo’ propuesto por Donald Trump para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. La Organización para la Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) ha mantenido un encuentro de urgencia a nivel ministerial en la ciudad saudí de Yeda para discutir la propuesta del presidente estadounidense. No ha habido demasiado debate: la crítica expeditiva ha sido el tono general de las conclusiones de la reunión.
La cumbre se ha desarrollado bajo los auspicios de Arabia Saudí y de su ministro de Asuntos Exteriores Faisal bin Farhan al-Saud. Junto a él, su homólogo palestino Riyad al-Maliki ha desempeñado el papel de copresidente. Aunque la mayor parte de los 57 Estados parte de la OIC han respondido a la llamada, ha habido, asimismo, una ausencia sonada.
Irán, el gran rival geopolítico del reino wahabita, no ha tenido representación en el foro, puesto que su asistencia había sido vetada; una exclusión que, cuando fue anunciada, no sentó nada bien en Teherán. El régimen de los ayatolás, de hecho, ya ha elevado una queja formal a los órganos de gobierno de la organización por el supuesto uso indebido de su puesto como anfitriona de Arabia Saudí.

En el preámbulo de la resolución emitida por el Comité Ejecutivo de la organización, se sitúa al conflicto existente entre el Gobierno de Tel Aviv y las autoridades palestinas como una “cuestión central” para la comunidad islámica. En el fondo de todo el asunto, se encuentra el reparto de la ciudad de Jerusalén, que la OIC considera “la capital eterna” de Palestina. El documento propuesto por Trump, sin embargo, otorga prácticamente la totalidad de la soberanía sobre la ciudad a la Administración israelí.
LA OIC se muestra taxativa en su censura hacia el presidente, al que se acusa de “adoptar totalmente la narrativa israelí”. Arguye que el texto presentado por la Casa Blanca “no satisface las aspiraciones mínimas y los derechos legítimos” de los palestinos. Además, es tachado directamente de ilegal. Según la OIC, el plan constituye una violación flagrante de las normas de derecho internacional público, puesto que ampara la adquisición de territorios por la fuerza. “Instiga la anexión de vastas áreas de tierras ocupadas del Estado de Palestina, bajo el pretexto de la seguridad de Israel”, argumenta la OIC.

La entidad no ahorra en contundencia en su mensaje a Washington: “El plan […] carece de los mínimos requerimientos de justicia y destruye las bases de la paz, incluidos los términos de referencia acordados para una solución pacífica y la necesidad de respetar y reconocer los derechos inalienables del pueblo palestino”. La reprimenda también se dirige a las autoridades israelíes, sobre las que descarga la responsabilidad por el reciente empeoramiento de la situación.
La OIC realiza un llamamiento a los diferentes actores de la sociedad internacional, tanto estatales como intergubernamentales, a expresar su rechazo al plan actual y, por extensión, “a cualquier acción o propuesta que no cumpla con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”.

La OIC, igual que la Casa Blanca en su proyecto, defiende una solución que se articule a través de dos estados. Sin embargo, las diferencias en la distribución del territorio son abismales. Mientras que la propuesta estadounidense reduce a la mínima expresión las tierras bajo control palestino, la resolución aprobada por la OIC aboga por regresar al reparto previo a 1967 y por instaurar la capitalidad de Palestina en Jerusalén Este. Por entonces, la ocupación israelí no había menoscabado demasiado el dominio palestino sobre los territorios de Cisjordania. Sin embargo, la Guerra de los Seis Días rompió ese precario equilibrio.
La organización internacional explicita, además, su apoyo por Mahmoud Abbas, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y, a todos los efectos, máximo representante de la Autoridad Nacional. Insta a “asumir sus responsabilidades legales y morales” a los actores de la comunidad internacional, con los que anima a trabajar a quienes están más directamente involucrados en el conflicto.

El rechazo de la OIC se suma al expresado el pasado sábado por la Liga Árabe. En una conferencia organizada en El Cairo, la entidad intergubernamental mostró su decepción con la iniciativa de Estados Unidos y advirtió de que no podía conducir de ninguna manera a un pacto justo. En el curso del encuentro, llegó la reacción más drástica, procedente, como era de esperar, de la propia Autoridad Nacional Palestina. El presidente Abbas se decantó, directamente, por romper relaciones con Tel Aviv y con Washington y tildó la propuesta de una “nueva declaración Balfour”.
El conflicto entre Israel y Palestina lleva años estancado, pero la situación se agrava a medida que las posiciones en ambas partes se polarizan. En el bando palestino, las posturas más posibilistas han cedido terreno a opciones más intransigentes, como la propugnada por Hamás. Del mismo modo, la política israelí se ha ido escorando paulatinamente a la derecha. En las sucesivas campañas electorales de estos meses pasados, Benjamin Netanyahu, que continúa ejerciendo como primer ministro en funciones, ha prometido culminar la anexión formal de los territorios ocupados por los colonos.