Presentada una moción para retirar la confianza al presidente del Parlamento tunecino Rached Ghannouchi
Hasta cuatro grupos parlamentarios tunecinos, que suman 73 diputados, presentaron una moción para retirar la confianza al presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, máximo dirigente del partido islamista Ennahda, mayoritario en la Cámara.
"Su mala gestión de la Cámara ha causado un clima tenso en el hemiciclo", indicó el presidente del grupo Reforma, Hassouna Nassfi, en declaraciones a la agencia de noticias del país norteafricano TAP. El propio Nassfi manifestó que Ghannouchi no actúa como presidente del Parlamento sino como jefe del partido conservador islamista.
El Partido Desturiano Libre (PDL), liderado por la abogada Abir Moussi y de tendencia derechista ligada a la pasada dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, ha venido siendo uno de los grupos más activos contra Ennahda; aunque el resto de las formaciones ven a esta formación como un reducto de nostálgicos de la pasada etapa dictatorial y han querido marcar ciertas diferencias. Los impulsores de la retirada de la confianza a Rached Ghannouchi rechazaron la aportación de los 16 diputados del PDL.
La principal lucha del PDL y parte de la oposición es echar del espectro político e institucional a Ennahda, al que señala por sus lazos con los Hermanos Musulmanes, entidad considerada terrorista por varios países occidentales y por otros como Arabia Saudí y Egipto y que está adscrita a la tendencia salafista (que defiende una visión rígida del islam). Dentro de esta supuesta alianza entraría Qatar también, nación muy ligada a la Hermandad y que también fue denunciada en 2017 por el reino saudí, el país egipcio, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin por apoyar el terrorismo transfronterizo. Una cuestión que llevó a Riad, El Cairo, Abu Dhabi y Manama a imponer un bloque diplomático y económico que aisló a la monarquía del Golfo, la cual buscó otros socios en el plano internacional, como Turquía y la República Islámica de Irán.
El país turco presidido por Recep Tayyip Erdogan y el régimen de los ayatolás están marcados también por una estela de episodios que amenazan la seguridad de Oriente Medio y mundial. Ankara participa activamente en las guerras civiles de Libia y Siria para posicionarse en el Mediterráneo y ganar peso en la geopolítica mundial y obtener beneficios económicos derivados de las prospecciones de gas y petróleo, como apuntan diversos analistas. Mientras, Teherán fue señalado por alentar incidentes con buques en aguas del Golfo y ataques a infraestructuras petrolíferas y aeroportuarias en territorio de Arabia Saudí (gran representante de la versión suní del islam, contrapuesta a la chií patrocinada por Irán). Además, ha sido analizada también su intromisión en los asuntos internos de Estados vecinos a través de la acción de grupos chiíes afines. Este es el caso de Yemen, con los rebeldes hutíes; Siria, con las milicias de origen afgano de Liwa Fatemiyoun; Líbano, con las guerrillas de Hizbulá; Irak, con las Fuerzas de Movilización Popular; o Palestina, con las milicias de Hamás.
A través de Ennahda y dirigentes como Ghannouchi, Túnez podría entrar de lleno en una espiral asociativa con los Hermanos Musulmanes, lo que le conduciría a Qatar y el polo aliado con naciones como Turquía e Irán. Ese es el peligro que denuncia la oposición tunecina y por lo que quieren retirar la confianza al presidente del Parlamento y del partido conservador islamista.
El hemiciclo deberá votar la iniciativa en un plazo máximo de tres semanas y, en caso de obtener los 109 votos necesarios, elegir a un nuevo presidente. Una tarea complicada debido a la fragmentación de la Asamblea, dividida en una veintena de partidos y una quincena de independientes. Precisamente, las últimas elecciones significaron la división del voto y la pérdida de apoyos por parte de Ennahda, que llegó a disfrutar de amplías mayorías. A raíz de ahí, la formación islamista ha venido afrontando una crisis interna que provocó la marcha incluso del número dos de la formación Abdel Fattah Mourou a finales del mes de mayo. Aparecieron voces que hablaban sobre la fragmentación del partido y se llegó a filtrar un documento sobre la próxima convención de la formación para tratar asuntos internos, pero rápidamente surgieron portavoces que salieron al paso para alinearse con la postura oficial y con el líder Ghannouchi, como fue el caso de Nour Eddine Arbaoui, encargado de Relaciones Políticas de Ennahda, o Abdel Karim Harouni, presidente del Consejo Consultivo del partido.
La moción contra el líder islamista se produce en medio de una grave crisis política en el país, que se agudizó este miércoles con la dimisión del primer ministro, Elyes Fakhfakh, por un presunto delito de corrupción. Fakhfakh, independiente y socio en el Gobierno con Ennahda, fue acusado por la Instancia Nacional de la Lucha contra la Corrupción de un presunto delito de "conflicto de intereses" por no haber declarado que poseía acciones de empresas privadas que habían contratado con la Administración.
Según la Constitución, el presidente dispone ahora de una semana para designar un sustituto, que deberá lograr el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento en el plazo máximo de un mes y elegir un nuevo Ejecutivo, ya que el actual queda en funciones. En caso de que no lo consiga, la Carta Magna prevé que el plazo pueda ampliarse 30 días más antes de que se deban repetir las elecciones, celebradas el pasado octubre.
La dimisión se produjo escasas horas después de que Ennahda pusiera en marcha la maquinaria para llevar a cabo una moción de censura contra Fakhfakh, debido a las tensiones que había entre ambas partes, y anunciara que tenía 105 de los 109 votos necesarios gracias al apoyo de dos formaciones importantes como la populista Qalb Tounes y Al-Karama, de tendencia salafista.
Otro factor que ahonda en la crisis tunecina es el caso de la región de Tataouine, al sur de Túnez. Allí, un grupo de manifestantes cerró la válvula de bombeo del yacimiento de gas de El Kamour, el de más relevancia del país, según se anunció a través de las redes sociales.
Estos manifestantes habían advertido al Gobierno sobre esta acción y acabaron cumpliendo las amenazas que hicieron. "No queríamos llegar a esto, pero las autoridades no han escuchado nuestras llamadas y no parecen querer tender la mano para encontrar una verdadera solución", aseveró el portavoz Tarek Haddad.
El área de Tataouine es una zona muy deprimida, y sus habitantes habían solicitado mejoras laborales y el cumplimiento de la promesa del Gobierno sobre un acuerdo firmado tras las protestas de 2017 en el que se comprometía a contratar a 4.500 jóvenes desempleados en las compañías estatales petroleras y a invertir 27 millones de euros anuales en la zona.
Ante este movimiento, el Ministerio de Defensa indicó que el Ejército "no permitirá a nadie amenazar la seguridad nacional ni los sitios de producción y que todos los intentos de agresión y saqueo serán impedidos con los medios legales y jurídicos disponibles".
